Vaya por delante que sigo escribiendo sobre este tema porque allí donde voy, ya sea una jornada, acto o congreso; alguien siempre habla sobre la desinstitucionalización y sobre el documento titulado “Estrategia estatal para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad: Un proceso de desinstitucionalización”. Todos empiezan bromeando sobre lo difícil que es decir la palabra y siguen ofreciendo “su” interpretación sobre lo que “de verdad” a su entender significa.
Hace un tiempo dediqué un fin de semana a leer las 86 páginas del documento, a intentar entender de qué se trataba y ya escribí una primera tribuna (se puede leer aquí). La semana pasada, siguiendo con lo mismo publiqué “¿Cuántas horas de SAD hacen falta para sustituir una residencia?”. Hoy sigo con el tema.
Como ya dije en su día, me parece extraño que, si quieres hacer una estrategia de desinstitucionalización y creas un documento de tantas páginas, pasen los meses y nadie se ponga de acuerdo sobre de qué va exactamente la cosa.
Si escuchas hablar a algunos políticos parece que esto va de que la gente que necesita cuidados o atención los reciba en su domicilio o en su entorno más cercano (su comunidad) en vez de hacerlo en residencias. Esto debe ser así porque “casi nadie quiere ser cuidado en una residencia y casi todos querríamos ser cuidados en nuestras casas, si puede ser por seres queridos”. Pero si lees el documento y escuchas a otros profesionales parece que la cosa es diferente.
La definición de institucionalización del glosario de la estrategia se refiere a algo que se produce en “alojamientos” y “servicios” (pág 84). Pero en otro lugar se nos muestra como “cualquier tipo de situación o relación de cuidado y apoyo en la que estén presentes los siguientes rasgos: trato uniforme y rigidez en la rutina, acceso genérico y no individualizado a los servicios, segregación y aislamiento social, ausencia de elección y control, falta de toma de decisiones sobre la propia vida,...” (Pág 7).
O sea, que quizás no hace falta que haya un “servicio” sino que, estamos hablando de institucionalización como una “cultura institucional” que se puede dar en “grandes residencias, pequeños alojamientos colectivos, hogares familiares o incluso el propio domicilio” (pág 7). Aquí me quedo confundido. Si puede haber “institucionalización en el domicilio” tanto como en las residencias, entonces desinstitucionalizar no es llevar a la gente de residencias a domicilios sino cambiar la perspectiva del cuidado. Eso lo entiendo un poco mejor.
Me convenzo de que la cosa va por ahí cuando leo que la desinstitucionalización requiere un “cambio que pasa por superar una arraigada cultura asistencialista y transitar hacia modelos de cuidados y apoyos centrados en el respeto y en la garantía de los derechos y dignidad de las personas” (pág 13). ¡Claro que sí! Pero, ¿no era ese el camino de la Atención Centrada en la Persona que suponía pasar de cubrir necesidades a respetar opciones y en el que llevamos trabajando unos años?
Lo que sucede con este documento es que, cuando crees que empiezas a entender algo, ves que la cosa es más complicada. “La desinstitucionalización no es una solución única o final, tampoco puede realizarse de un día para otro. Se trata de un reto social complejo que tiene una dimensión temporal de desarrollo con espacios temporales de transición” (pág 11). Un “proceso diverso, con multitud de trayectorias posibles, eminentemente elegido, que varía profundamente de una persona a otra” (Pág 12). Aquí vuelvo a estar confundido.
Y además, esto no va solo de personas mayores. El documento trata tanto de dependencia vinculada al envejecimiento como de menores, personas con discapacidad e incluso personas en “situación de sinhogarismo” (no me invento yo el “palabro”, aparece siete veces en la estrategia). ¿A nadie le parece que mezclar realidades tan diversas, en una misma estrategia puede resultar poco operativo? A los redactores seguro que no se lo ha parecido. De hecho, se han puesto a escribir y han llegado a crear dos enfoques orientadores, tres planes operativos, cinco ejes estratégicos, siete focos estratégicos, nueve principios orientadores, 36 líneas de actuación y 78 indicadores que servirán para llevar a cabo tres evaluaciones, dos intermedias y una final. Ahora ya no estoy confundido, estoy mareado.
Hay tantas cosas en la estrategia que me resulta difícil destacar algunas, por eso, sólo pongo a continuación dos o tres e invito a quien tenga tiempo y ganas a leérselo y sacar sus conclusiones:
La aplicación de la estrategia se prevé tan compleja que requerirá “de un proceso de aprendizaje, pero también de desaprendizaje, por lo que se requieren planes de cualificación (upskilling) y recualificación (reskilling) que se articulen desde las distintas Comunidades Autónomas…” (pág 33). Eso del “desaprendizaje” me ha trasladado a mi juventud en los años ochenta: “Lo más divertido es desenseñar a desaprender como se deshacen las cosas.” (Bruja Avería en la Bola de Cristal TVE).
Otro tema: La estrategia requiere “mejorar las condiciones laborales para garantizar el trabajo digno y favorecer el incremento del personal disponible” (pág 33) así como “estudiar las posibilidades de mejorar la ratio de atención para adecuar los cuidados y apoyos a las necesidades y voluntad de las personas” (pág 34). Creo que con esto estarían de acuerdo todos los gerentes de residencias, aunque no sé que tiene que ver con a desinstitucionalización.
Entre cambiar las residencias, potenciar la ayuda a domicilio, subir salarios e incrementar las ratios. ¿No va a costar esto mucho dinero? Sí, y la estrategia prevé un gasto inicial de más de 1.300 millones de euros. Algo muy positivo sin duda, aunque vengan de Fondos Europeos “pendiente de desarrollo” (pag 71) y de Next Generation.
¿Y cuándo se acabe ese dinero? Entonces la cosa se complica, ya que “todos los compromisos que se deriven de la aprobación de esta Estrategia quedarán condicionados a las disponibilidades presupuestarias existentes en el ejercicio en curso y en los ejercicios siguientes, de acuerdo con la senda de consolidación fiscal fijada por el Gobierno” (pág 69). ¡Vaya!
¿Y las comunidades autónomas? Sin duda son muy importantes, ya que “para la implementación de la Estrategia es fundamental su implicación activa” (pág 17). Pero ese carácter de “fundamental” se deshace como un azucarillo en una taza de café unas páginas después cuando el mismo documento dice “en caso de actuaciones para las que resulten competentes las Comunidades Autónomas y Entidades Locales, lo recogido en la Estrategia tendrá carácter potestativo” (pág 69). O sea, que, podrán hacer lo que quieran.
Cuando defiendo que estamos ante un documento zombi me refiero a esto. Define, pero no concreta; orienta, pero no obliga; financia hoy, pero no garantiza; Vamos que vive sin vivir en sí. Y que es bastante posible que se una con el Acuerdo Belarra, al que cita cinco veces con su nombre oficial (Acuerdo de Criterios Comunes de Acreditación y calidad de los centros y servicios del SAAD) en el estante de los documentos zombis del ministerio, documentos muertos que nadie cumple, pero que surten algún efecto cuando alguien quiere aprovechar alguno de sus apartados.
He dejado un pequeño detalle para el final. Está en la página 31 y dice así: “En los últimos años, desde el Ministerio de Trabajo y Economía Social, se han realizado importantes avances en la normativa vinculada con la mejora de las condiciones laborales de las personas trabajadoras que prestan cuidados y apoyos en domicilios particulares”. ¡Qué entrañable resulta ver cómo se tiran flores entre ministerios del mismo partido! A ver si al final todo iba de esto.
Autor del texto Josep de Martí Vallés. Jurista y Gerontólogo. Fundador de Inforesidencias.
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