Hacia un Pacto de Estado para las pensiones: la urgencia de un compromiso real

El común de los mortales se rasga las vestiduras cuando habla de eliminar coches oficiales y elevadas dietas y múltiples prebendas para los ministros y resto de altos cargos de los respectivos gobiernos central o autonómicos, pero muy pocos se paran a hacer cuentas y comprobar que, realmente, de facto, sobre el papel, sería una medida política únicamente de cara a la galería, ideológica, porque el ahorro es mínimo cuando lo comparas con el dinero que se necesita cada mes, es decir, 12 veces al año más unas pagas extra para pagar su salario a los jubilados de España.

El sistema de pensiones español se encuentra en una encrucijada. Las cifras hablan por sí solas: en septiembre de este año, el Fondo de Reserva alcanzaba los 8.300 millones de euros, mientras que el gasto en pensiones ese mes sobrepasaba los 12.800 millones. Esas pensiones de las que una parte servirá a muchas personas para pagar un porcentaje de la residencia a donde le lleve la dependencia.

Es evidente que, pese a los intentos de recabar ingresos extraordinarios, la Seguridad Social sigue sumida en un déficit estructural que amenaza con empeorar a medida que nos acercamos a 2032, cuando el grueso de la generación del Baby Boom comience a retirarse. Frente a este panorama, el Gobierno se ha propuesto que la "hucha de las pensiones" sea un colchón para afrontar esa tensión. Sin embargo, una cosa es la intención y otra la realidad.

Es más que evidente que el Pacto de Toledo, pese a su importancia histórica, ha mostrado sus límites y se hace urgente un nuevo acuerdo de Estado.

Este Pacto de Estado debería estar, a diferencia del de Toledo, blindado contra las fluctuaciones políticas. No puede ser que cada gobierno, independientemente de su color, reinterprete las recomendaciones del pacto en función de su programa electoral. Las pensiones no pueden ser un instrumento de campaña política y lo son siempre. En lugar de eso, deben ser un pilar básico de la estabilidad social y económica de este país, protegido de vaivenes ideológicos. Y para ello, el nuevo pacto debe ser más vinculante y ambicioso.

El principal desafío es el aumento de los gastos. A medida que la población envejece y el número de jubilados se multiplica, se torna insostenible un sistema en el que el gasto supera sistemáticamente los ingresos. La generación del Baby Boom no solo será más numerosa, sino que también recibirá pensiones más altas debido a su mayor nivel de cotizaciones durante su vida laboral. Esto evidencia que la solución no puede limitarse a aumentar las cotizaciones sociales o a engordar artificialmente el Fondo de Reserva. La clave pasa por una reforma estructural del sistema que contemple medidas a largo plazo.

En primer lugar, hay que abordar la necesidad de diversificar las fuentes de financiación. No podemos seguir confiando únicamente en las cotizaciones de los trabajadores actuales para sostener el sistema. Se estima, además, que la digitalización y la automatización están transformando el mercado laboral y su precarización afectará gravemente a las cotizaciones futuras. Un pacto de Estado debe explorar nuevas fórmulas de ingresos y lo primero en lo que se piensa siempre es en la creación de impuestos específicos para garantizar la viabilidad del sistema, gravando los beneficios de, por ejemplo, las grandes empresas.

Pero, un pacto de Estado por las pensiones puede explorar diversas fórmulas de ingresos que no dependan directamente de la subida de impuestos. Alguna idea podría ser el fomento de la natalidad, pera incrementar la base de cotizantes, y políticas de inmigración que atraiga a trabajadores cualificados y con contratos estables, algo que podría aportar también nuevos cotizantes al sistema.

Otra fórmula de ingresos podría ser la implementación de políticas para incrementar la productividad del empleo. Por razones obvias, si los trabajadores son más productivos y están mejor remunerados, las cotizaciones sociales aumentarán sin necesidad de elevar las tasas impositivas. Una última idea sería reorientar el gasto público y hacer más eficiente el uso de los recursos del Estado. Esto, que puede liberar fondos que podrían destinarse a las pensiones, incluiría la reducción del gasto en áreas menos prioritarias o ineficientes, como las subvenciones innecesarias o duplicidades administrativas. Un enfoque más estricto contra el fraude laboral también permitiría aumentar las cotizaciones.

Por otro lado, también es necesario introducir mayor flexibilidad en el sistema. No todas las personas tienen las mismas necesidades ni posibilidades. El nuevo pacto debería abrir la puerta a formas de jubilación parcial o anticipada para aquellos que deseen seguir aportando al sistema, pero de manera menos intensiva. El envejecimiento activo no solo beneficia al individuo, sino también al conjunto de la sociedad, ya que reduce la presión sobre el sistema.

No se trata solo de garantizar que los jubilados actuales reciban sus pensiones con dignidad, sino de que los futuros jubilados puedan tener una jubilación asegurada. Es un derecho que no debería depender del partido que esté en el poder ni de la coyuntura económica del momento. Un nuevo pacto de Estado, amplio y consensuado, debe mirar más allá de 2032 y establecer las bases para un sistema de pensiones sólido y sostenible.

Si no actuamos ahora, los retos futuros se convertirán en una crisis inminente. Blindar el sistema de pensiones es blindar el bienestar de millones de personas. El Pacto de Toledo fue un buen inicio, pero ha llegado el momento de superarlo con un compromiso que esté a la altura de los tiempos.

Además de las pensiones, hay varios ámbitos clave en los que España necesita urgentemente pactos de Estado para garantizar su sostenibilidad y mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Algunos de los más relevantes serían, por supuesto, la Dependencia, pero también la Sanidad, Educación, Vivienda, Empleo e Inmigración. Luego, si se quiere, transición energética y ecológica o desigualdad territorial, pero parece que nos importa menos.

Todas estas áreas requieren pactos de Estado que trasciendan los ciclos electorales y las ideologías partidistas. Solo mediante acuerdos estables y consensuados se podrá garantizar un progreso sostenible y un bienestar duradero para la ciudadanía.

El caso concreto del sistema de atención a la dependencia es especialmente crítico también, ya que necesita un compromiso real y apoyado en una financiación estable a largo plazo. La población envejece, y con ello crece el número de personas que requieren cuidados. Sin embargo, todos sabemos que el sistema actual presenta grandes carencias, como las largas listas de espera para recibir ayudas, el conocido limbo de la dependencia, insuficiencia evidente de plazas en residencias y la necesidad imperiosa de trabajadores formados (o no) para ejercer de cuidadores.

Un pacto de Estado en dependencia debería abordar tanto la financiación adecuada del sistema como la profesionalización del sector, pero esto ya lo dejamos para otro día.