Una vez escuché que ante algo imprevisible e inevitable la única forma de protección era la oración.
El sector de las residencias para personas mayores está atravesando una situación incierta que va a acabar teniendo en unos años consecuencias de las que emergerán beneficiados y perjudicados. Lo que está sucediendo es totalmente previsible, ya que tiene que ver, principalmente, con la demografía y también es en parte evitable, o por lo menos “suavizable”, ya que depende en gran medida de dedicar más o menos recursos a la atención a la dependencia.
En los últimos años, el aumento de los costes laborales y precios de construcción, así como las nuevas regulaciones para autorizar y concertar plazas, han tenido como consecuencia que sea más caro construir y mantener las residencias para personas mayores. Al mismo tiempo, la inseguridad jurídica generada por el Acuerdo Belarra, que prometía una reforma integral del sistema de atención a la dependencia, pero que no se ha concretado en medidas efectivas, ha supuesto un freno o una desaceleración de la inversión y la innovación que cabía haber esperado.
El resultado es que no se están construyendo las residencias que necesitamos; las que se construyen tienen precios elevados para poder cubrir sus costes y las existentes están subiendo los suyos para compensar los últimos años y ante una situación de “casi-plena-ocupación”.
La demanda de plazas residenciales está creciendo de forma sostenida debido al envejecimiento de la población y al aumento de la esperanza de vida. Repasemos un poco los “grandes datos”, algo que deberíamos hacer constantemente.
En España, la población mayor de 65 años representa algo más del 20% del total, es decir, casi 10 millones de personas (en 2035 se espera que haya superado el 26%). Dentro de este grupo está aumentando de forma más que proporcional el número de octogenarios y centenarios, especialmente entre las mujeres. Las pensiones de jubilación rondan los 1.300 euros mensuales. La expectativa de vida de quien llega a los 65 años es de 23 años si eres hombre y 28 si eres mujer.
En España, funcionan unas 5.700 residencias para personas mayores, ofreciendo un alrededor de 400.000 plazas, lo que equivale a aproximadamente 4,2 plazas por cada 100 personas mayores. Estas cifras reflejan una ligera tendencia al crecimiento en el número de centros y en la capacidad total respecto a años anteriores a la vez que una cobertura menguante debido a que el número de personas mayores crece más rápido que el de residencias que se construyen.
Aunque la mayor parte de residencias en España son de titularidad privada, dos de cada tres plazas están financiadas por la administración ya sea porque se prestan en residencias públicas o porque las administraciones las pagan mediante sistemas de concierto o prestaciones económicas. Esto quiere decir que el sector geroasistencial español es “eminentemente privado con financiación eminentemente pública”.
El precio medio de una residencia privada en España es de unos 2.000 euros al mes. Al tratarse de un precio medio la cifra oculta una realidad: en las grandes capitales resulta casi imposible encontrar una plaza por menos de 2.400 o 2.600 euros al mes y bastante fácil llegar a los 2.800 o 3.000. En cambio, comunidades como Extremadura o zonas de Castilla la Mancha ofrecen plazas bastante por debajo del precio medio.
Los precios públicos de concierto, o sea, lo que cobra una residencia privada por atender a un residente beneficiario de ayudas de la Ley de Dependencia, son otro asunto, siendo muy diversos entre comunidades autónomas, difícilmente supera los 1.800 euros al mes. Recomiendo mirar este cuadro
Nadie sabe a ciencia cierta cuántas personas mayores necesitan una residencia, aunque parece que una cifra entre 4 y 5 plazas por cada cien mayores de 65 años es algo común en los países de nuestro entorno. Lo que sí sabemos es que hoy empieza a producirse un desajuste entre oferta y demanda en el sector de las residencias. Existe una creciente “necesidad”, pero no todos los que “necesitan” una residencia pueden pagársela. Para convertir esa “necesidad” en “demanda” necesitamos que quien “necesita” una residencia encuentre, por sus propios medios o con la ayuda de los poderes públicos, el dinero para pagar lo que vale.
Las administraciones públicas llevan años licitando plazas concertadas con las residencias privadas, una tendencia que creció de forma importante a partir de la llegada de la Ley de Dependencia. El problema es que los precios de concertación en muchas comunidades están por debajo del precio que paga un usuario privado por el mismo servicio, de forma que las plazas privadas en esas residencias, sobre todo las que se encuentran en grandes ciudades, acaban “subvencionadas” por los usuarios privados. La respuesta de algunas residencias privadas con precios superiores a los de concertación y con una demanda privada estable es no presentarse a las licitaciones o incluso renunciar a plazas de concierto.
Las administraciones parecen ajenas a esa realidad y siguen imponiendo requisitos y condiciones a las residencias privadas que quieren concertar sus plazas, que muchas veces son difíciles de cumplir o que suponen un sobrecoste. ¿La respuesta? Más residencias renunciarán a las plazas públicas en el futuro y se concentrarán en el mercado privado.
Esas residencias estarán llenas, ya que, a pesar de que muchas personas mayores no tienen suficiente dinero como para afrontar el pago, como va a crecer tanto el número de mayores y el número de plazas en residencia no crecerá en proporción, siempre habrá suficientes mayores con capacidad económica como para pagar por las plazas existentes.
Como consecuencia de todo lo anterior, me temo que se va a ir produciendo una segmentación del mercado residencial, que afectará especialmente a las grandes capitales, donde los costes son más elevados y la demanda es más intensa. En estas zonas hay residencias privadas que ya optan por no concertar sus plazas con las administraciones públicas y ofrecerlas solo a usuarios que puedan pagar un precio más alto. Así, se consolidará una oferta de plazas residenciales de alto nivel, con instalaciones modernas, servicios de calidad y personal cualificado, que solo está al alcance de una minoría de la población.
Por otro lado, las plazas concertadas se concentrarán primero en las zonas periféricas o rurales, donde los costes son más bajos y la demanda es menor, para después ir desapareciendo. En esa situación me imagino que las administraciones irán convirtiendo las plazas concertadas en ayudas económicas (Prestaciones Económicas Vinculadas al Servicio) lo que retrasará el punto en el que muchas personas que necesiten una residencia no puedan acceder a ella.
Por su puesto que puedo equivocarme, de hecho, espero equivocarme. Hay otro futuro en el que nuestros gobernantes deciden ponerse de acuerdo en un Pacto Nacional por la Dependencia con tres patas: un acuerdo de acreditación común con criterios razonables y un compromiso de mantenimiento en el tiempo durante 20 años; un aumento de la financiación del sistema alcanzando el 2,5% del Producto Interior Bruto; un Plan de captación de talento para el sector de la dependencia que incluya agilización de trámites de homologación de títulos y gestión de permisos de residencia; ampliación de las facultades de Enfermería y Medicina y otras medidas que en este marco piensen personas más inteligentes que yo.
El futuro no está escrito pero empieza a escribirse. Y no lo olvidemos, por supuesto, siempre nos queda la oración.
Si (
No(