La lista de espera desespera y desinstitucionalizar, más

A nadie se le escapa que el envejecimiento de la población española está teniendo un impacto significativo en la demanda de residencias para personas mayores. Se espera, además, que esta tendencia continúe así en las próximas décadas. Como todo el mundo del sector sabe, y todo el mundo es todo el mundo, defensores y detractores, esto plantea desafíos tanto en términos de disponibilidad de servicios como en la financiación de la atención a largo plazo.

Nos dicen que las autoridades (Gobierno y comunidades autónomas) y el sector privado están trabajando en estrategias para abordar este desafío demográfico y garantizar el bienestar de la población mayor. Tengo mis dudas de que los primeros, las administraciones públicas, de verdad estén haciéndolo porque la realidad es que la lista de espera desespera y muchas personas dependientes de este país, como todo el mundo sabe, y es verdad, todo el mundo lo sabe, mueren esperando una plaza residencial o un servicio, en función de su grado de necesidad, en un flagrante incumplimiento de la ley.

Los segundos, los operadores, las empresas privadas, los que sí arriesgan su dinero, miran de reojo a ver qué hace el vecino antes de invertir porque la incertidumbre por la situación económica, la crisis energética (que parece que ya salimos de ella), pero también el desasosiego que producen los marcos regulatorios con exigencias no consensuadas no han ayudado a que el pasado 2023 haya sido un año fácil para ellos. Los que saben dicen que el sector residencial vuelve a ser atractivo para la inversión tras el "parón" del año pasado por la subida de tipos de interés. Y yo que me alegro.

Pero volviendo al inicio, en España, la demanda de plazas en residencias para personas mayores es muy alta. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en algunas regiones como Cataluña y Madrid, la lista de espera puede superar los dos años. Esto refleja la necesidad de una mayor oferta de atención, de todo tipo, a personas mayores y, por supuesto, pone sobre la mesa la importancia de la planificación a largo plazo para el cuidado de este segmento de la población.

¿Qué están planificando las administraciones públicas para solucionar el problema de las listas de espera? ¿Desinstitucionalizar? ¿Y quién lo paga?

A ver, no creo que haya nadie que esté a favor de que una persona mayor válida, independiente, que se puede valer por sí misma se vaya a una residencia de personas mayores. Nadie está diciendo eso porque no es necesario. En todo caso, si quiere y puede pagarlo, se puede ir a un senior living, pero ya veremos cuántas personas quieren hacerlo. Lo que digo para sumarme a todas las personas que opinan que hay que seguir construyendo residencias es que una persona mayor inválida, dependiente, y que no se puede valer por sí misma, donde mejor está es en una residencia. Pero hay listas de espera...

Tampoco digo que el proceso de trasladar el cuidado de una persona dependiente desde entornos institucionales, como residencias, hacia entornos comunitarios, la conocida desinstitucionalización, no ofrezca ventajas. Dicen que al permitir que vivan en su casa se les brinda la oportunidad de mantener un mayor grado de autonomía y participación en la vida diaria y, por tanto, puede contribuir a una mejor calidad de vida al proporcionarles un entorno más familiar y menos restrictivo. Cierto si hay familia (que no siempre la hay) y si su grado de dependencia se lo permite.

Dicen también que la desinstitucionalización puede facilitar la integración de las personas mayores dependientes en la comunidad, lo que les permite mantener relaciones sociales significativas y participar en actividades locales. Esto ayuda a combatir el aislamiento social si es capaz de salir de casa y promueve un sentido de pertenencia y conexión con su entorno si todavía no sufre ningún deterioro cognitivo que le haga sentir ese "sentido de pertenencia".

Dicen, igualmente, que al trasladar el cuidado de las personas mayores dependientes a entornos comunitarios, se puede fomentar una atención más personalizada y centrada en las necesidades individuales de cada persona. La ACP en casa es muy bonita... si tiene la familia 10.000 euros al mes para pagar a tres personas en turnos de 8 horas y a sus sustitutos con sus libranzas, festivos y vacaciones incluidas.

A este respecto, también dicen que en algunos casos, la desinstitucionalización puede resultar en una gestión más eficiente de los recursos y una reducción de costos para los sistemas de salud y servicios sociales porque los servicios comunitarios pueden ser menos costosos que las residencias. Esta excepción de "en algunos casos" significa que la persona no necesita la residencia porque se puede quedar en casa. Pues lo dicho, que se quede en casa. Ir a una residencia es una necesidad y si no lo necesitas, no debes ir.

Para terminar, siempre dicen, ¡y quién se puede oponer a eso!, que la desinstitucionalización promueve la dignidad de las personas mayores y se respeta el derecho a vivir de la manera que elijan. Primero, hay dignidad en las residencias y, segundo, hay muchos grados de dependencia. Si hay mucha dependencia no hay tanto donde elejir y este es un hecho inherente a la propia dependencia. Hay que asumirlo.

Dicho todo esto, creo que desinstitucionalizar no es la solución para las personas con un nivel importante de dependencia y, por tanto, es muy necesario facilitar la construcción de nuevas residencias. Pero es sólo mi opinión...