La hasta este jueves directora general del Imserso ha dimitido de su cargo. Carmen Orte fue nombrada en junio del año pasado máxima responsabe del Instituto de Mayores y Servicios Sociales del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, pero deja ahora esta actividad para "dedicar todo esfuerzo en ganar las elecciones de mayo" en el Partido Socialista de las Islas Baleares (PSIB).
"Concluyo etapa de intenso trabajo y avances en políticas para los mayores, reflejadas en dependencia en los Presupuestos Generales del Estado para 2019", aseguraba en Twitter.
Orte ofrecía pocos días antes a Dependencia.info esta entrevista que reproducimos acontinuación:
Catedrática de Universidad en Pedagogía de la Inadaptación Social en la Universitat de les Illes Balears (UIB), licenciada en Psicología y doctora en Ciencias de la Educación por la UIB, Carmen Orte, además de reunir muchos méritos más, está muy vinculada con el mundo de las personas mayores porque ha sido la creadora y directora de la Universidad Abierta para Mayores, de la Cátedra de Atención a la Dependencia y Promoción de la Autonomía Personal en la UIB, del Anuario del Envejecimiento en las Islas Baleares y de la Summer Senior University.
Cuando acabamos de celebrar el aniversario de la Ley de Dependencia, Orte culpa de su "frenazo" a los recortes del Gobierno anterior, por lo que “para revitalizar la ley de Dependencia es necesario recuperar el nivel acordado de financiación”. La directora general del Imserso esperaba así acabar con la ‘lista de espera’ para que los dependientes reciban su atención.
Carmen Orte habla en esta última entrevista con Dependencia.info de envejecimiento, del progresivo incremento del colectivo de las personas mayores, de plazas residenciales y del "uso indebido de sujeciones físicas o químicas en personas mayores o con Alzheimer". Considera que "supone un atentado contra sus derechos fundamentales”.
¿Qué asunto tiene ahora mismo encima de la mesa la persona que manda en el Imserso?
El Instituto de Mayores y Servicios Sociales tiene encomendadas políticas sociales de forma directa en centros y programas, así como múltiples tareas relacionadas con el bienestar de las personas mayores. Una de estas tareas que es una prioridad es la recuperación del derecho subjetivo a la promoción de la autonomía personal y la atención a las personas en situación de dependencia.
Los recortes llevados a cabo sobre todo a través de las medidas introducidas por el real Decreto-ley 20/2012, de 13 de julio, supusieron un importante frenazo al desarrollo de la Ley de Dependencia. De esa forma, y a modo de ejemplo, se redujeron las cuantías asociadas al nivel mínimo, se eliminó la financiación por parte de la Administración General del Estado de las cuotas de Seguridad Social de las personas cuidadoras no profesionales y se recortaron las cuantías máximas de las prestaciones económicas.
Ante esta situación, este Gobierno se ha marcado como objetivo prioritario revertir los dañinos efectos de esos recortes, y revitalizar el desarrollo del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).
¿Cuál es su principal objetivo al frente del Instituto? ¿Qué es lo que más le preocupa?
Impulsar de nuevo la Ley de Dependencia es uno de los principales objetivos a día de hoy. Para revitalizar la ley, es necesario incrementar las cuantías vinculadas al nivel mínimo, en la medida de lo posible, recuperar el nivel acordado de financiación, así como la financiación por parte del Estado de las cuotas de Seguridad Social de los convenios especiales de las personas cuidadoras no profesionales (en su gran mayoría mujeres).
Por otra parte, estamos gestionando nuestros centros (Centros de Referencia, Centros de Recuperación de Personas con Discapacidad Física, etc.) y vamos a abrir próximamente los CRE que se encuentran ya terminados pero sin actividad. También estamos muy pendientes de los programas de turismo y termalismo, la gestión de las subvenciones para personas mayores y personas con discapacidad y la atención directa en las ciudades de Ceuta y Melilla… Hay una gran cantidad de actuaciones a desarrollar que forman parte de la gestión continua del Imserso y de las que todos los años se benefician un gran número de personas.
Afirmaba la anterior responsable del Imserso que había que darle un giro a la Ley de Dependencia. ¿Coincide con ella? ¿Cree que esta norma está cumpliendo las expectativas? ¿Tiene pensado hacer algún cambio en esta ley para conseguir que se cumpla?
Nuestra Ley de Dependencia, surgida del consenso de las fuerzas políticas de nuestro país, recoge en sí misma un esquema de cuidados a las personas en situación de dependencia que asegura el cumplimiento efectivo del derecho subjetivo de las personas a ser atendidas, en caso de necesitarlo. No obstante, los recortes que ha sufrido el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia durante la etapa del anterior Gobierno han supuesto que muchas personas, dependientes y familiares, hayan sufrido una limitación de sus derechos y un retraso en su incorporación al Sistema.
Esa es la situación que debemos cambiar, en busca de una atención digna y suficiente de las personas en situación de dependencia.
¿Cómo tiene pensado solucionar el problema del conocido como “limbo de la dependencia”, en el que más de 300.000 personas en España tienen reconocido un grado de dependencia pero no reciben ningún servicio o prestación?
A día de hoy, ese colectivo conocido como la “lista de espera” se sitúa en un 19,60% de las personas en situación en dependencia. En concreto, existe un total de 254.524 personas que han sido valoradas en situación de dependencia, pero aún no han visto reconocida sus correspondientes prestaciones.
El hecho de poder incrementar la financiación de la Ley de Dependencia, aumentando las cuantías asociadas al nivel mínimo de protección y recuperando la financiación a través del nivel acordado, supondría que las comunidades autónomas puedan contar con una cantidad mayor de recursos para reconocer sus oportunas prestaciones a las personas que aún no han podido ser atendidas.
En todo caso, quisiera destacar que la tasa de cobertura en el caso de las personas con una mayor dependencia resulta ya muy elevada.
Siempre se destacan las desigualdades por CCAA, ¿conseguiremos algún día que no haya 17 Leyes de Dependencia?
La configuración de nuestro Estado, de naturaleza autonómica, supone que sean las comunidades autónomas quienes tienen asumidas la competencia para la gestión de la Ley de Dependencia. Asuntos tan importantes como la valoración de las personas, y el posterior reconocimiento de las prestaciones o servicios más adecuados quedan en manos de las comunidades autónomas, cada una con sus propias circunstancias y necesidades.
Pero siempre bajo el paraguas de una única ley, aplicable en todo el Estado Español, y cuyas modificaciones y mejoras resultan objeto de análisis compartido con las comunidades autónomas, habiéndose habilitado para ello una serie de órganos consultivos y decisorios, que cuentan no solo con la participación de dichas comunidades autónomas, sino también de los agentes sociales y las entidades locales.
¿Cómo ve el Imserso el sector residencial dentro de 10 años?
Sin olvidar en ningún caso la importancia de las residencias, hay que tener en consideración que actualmente existen otros medios de atención que poco a poco se alejan del modelo tradicional de atención residencial. Ese sentimiento y voluntad de independencia que cada vez está más presente en las personas mayores, hace que vayan surgiendo nuevas propuestas y alternativas.
De este modo, modelos que pasan por el cooperativismo en el uso de la vivienda, la fórmula del cohousing, o modelos de residencias para momentos puntuales y naturaleza especializada en vez de la idea de estancias de larga duración, van surgiendo a la par que evoluciona nuestra forma de envejecer.
En todo caso, ese sentimiento de independencia supone asimismo tomar en consideración la posibilidad de que las personas mayores continúen viviendo en su residencia habitual, mediante los apoyos necesarios y complementarios que incrementen el acceso a recursos sociosanitarios que permitan esa vida independiente.
¿Cómo debe afrontar este sector, el residencial, el progresivo envejecimiento de la población?
Es cuestión de tener en cuenta la heterogeneidad de las distintas formas de envejecer y orientar los recursos sociosanitarios disponibles en esa dirección. El progresivo incremento del colectivo de las personas mayores debe acompañarse de un aumento en la cifra de plazas residenciales, si bien dicho aumento deberá seguir un modelo de residencias adaptadas a diferentes perfiles y circunstancias en términos de características, duración, régimen de vida, red social y familiar, etc…
Además, hay que prestar una especial atención a las zonas rurales, que históricamente siempre han venido disponiendo de menores recursos residenciales.
En 2050, los mayores de 65 años serán más del 30% de la población. ¿Estamos preparados para afrontar este envejecimiento?
Efectivamente, las sociedades actuales deben enfrentarse a este evidente proceso de envejecimiento de la población. En los países europeos, y especialmente en España, este fenómeno (en parte mitigado por la llegada de población migrante) nos llevará a que el sector formado por la población de personas mayores cada vez cobre un mayor peso cuantitativo.
Por ello, es un reto que debe ser afrontado de manera progresiva generando, año a año, los recursos sociosanitarios adecuados. Entre ellos, los centros residenciales tienen un papel clave, al igual que la ayuda a domicilio y los centros de día.
Otro de los grandes retos pasa por elaborar una estrategia nacional contra la soledad de las personas mayores. Deben potenciarse y favorecerse medidas tales como el desarrollo del voluntariado para mayores que ayude a mitigar la soledad, y dotar de derechos y seguridad jurídica a las personas mayores en todos los ámbitos que les afectan.
También preocupan mucho los malos tratos a las personas mayores, ¿cómo lo evitamos?
El Gobierno está trabajando para delimitar las líneas de actuación que van a orientar las políticas públicas, presentes y futuras, hacia las personas mayores.
Queremos enfocarlas especialmente en promover el envejecimiento activo, la solidaridad entre generaciones y la lucha contra el maltrato y la soledad de las personas mayores. A mayor nivel de dependencia y fragilidad, parece que las personas disponen de menos recursos y las situaciones de violencia pueden incrementarse, y además pasar desapercibidas o no denunciadas, especialmente en el caso de mujeres mayores, y aún más en el ámbito rural.
Por estas razones, desde la Administración General del Estado, asumiendo nuestra responsabilidad, queremos aprobar los próximos meses el proyecto de Estrategia Nacional de Envejecimiento Activo y para su Buen Trato, que deberá marcar el rumbo de actuación para los próximos años.
Una de sus líneas de actuación consiste en evitar cualquier tipo de discriminación por motivos de edad y denunciar, perseguir y erradicar los malos tratos y abusos a las personas mayores. Este punto lo considero fundamental.
También se habla mucho últimamente de sujeciones a los mayores, ¿qué opinión tiene al respecto el Imserso?
Existen pocos datos y muchas dificultades para investigar e intervenir sobre el maltrato institucional en centros residenciales para personas mayores cuya forma de expresión más común es la contención física, las ataduras, sin olvidar otras formas de maltrato, como pueda ser la contención química a base de fármacos psicoactivos.
En el Imserso pensamos que el uso indebido de sujeciones físicas o químicas en mayores o personas con Alzheimer supone un atentado contra sus derechos fundamentales y son, en muchísimas ocasiones, malos tratos, por lo que son prácticas que deben ser erradicadas en su totalidad y bajo cualquier forma de expresión.
¿Cuál cree que es la imagen que proyectan las personas mayores en España y qué cree que aportan a nuestra sociedad? ¿En qué se está trabajando para favorecer que se involucren?
Es una cuestión muy importante. Las personas cada vez tenemos una vida activa más allá de la jubilación. Las personas mayores son una fuente de experiencia que debe ser compartida con las siguientes generaciones. El concepto de “ancianidad” está superado y no debe ser entendido como una situación en que la persona va dejando poco a poco de ser parte de la sociedad activa y pasa a un segundo plano, con una menor participación y menos visibilidad social.
Hay que fomentar que las personas mayores se conviertan en un colectivo cada vez más formado e informado, solidario y activo. Y para ello, jugará un importante papel la incorporación y manejo de las nuevas tecnologías, cada vez en mayor medida herramientas indispensables en el día a día de nuestra sociedad.
En todo caso, como ya he señalado, esperamos aprobar próximamente el proyecto de Estrategia Nacional de Envejecimiento Activo y para su Buen Trato otro de cuyos ejes estratégicos es la participación de las personas mayores.
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