El acuerdo colectivo, que entrará en vigor el 1 de noviembre, contempla mejoras salariales para los profesionales de residencias y centros de día y permitirá incorporar 300 nuevas plazas con financiación pública.
En 2024, el 12,8% de los hogares tenía una persona dependiente, y solo el 26% recibía cuidados remunerados. La financiación pública ha aumentado, pero persisten dificultades económicas para muchos.
LA ESTRATEGIA DE DESINSTITUCIONALIZACIÓN NO AYUDA A REDUCIR LA NECESIDAD DE CAMAS
