Dependencia

El acuerdo colectivo, que entrará en vigor el 1 de noviembre, contempla mejoras salariales para los profesionales de residencias y centros de día y permitirá incorporar 300 nuevas plazas con financiación pública.

Esta experiencia formativa se enmarca en la importancia de la educación práctica en el ámbito sociosanitario.

Monroy, hasta ahora gerente del ERA, tomará posesión de su cargo el lunes y participará en la reunión del Consejo de Gobierno.

Este evento, celebrado este 14 de agosto de 2026,está destinado a fomentar la economía local y el arte en la comunidad.

La consejera Candelaria Delgado ha enviado una carta al ministro Pablo Bustinduy, destacando el impacto negativo que estas deducciones tienen en los beneficiarios, quienes ven reducidas sus prestaciones al recibir otras ayudas.

El sistema andaluz de dependencia ha alcanzado cifras récord en julio de 2026, atendiendo a más de 358.000 personas y otorgando más de 564.000 prestaciones, lo que representa un aumento del 69% desde 2018. Además, se ha logrado reducir el tiempo de espera a 424 días, la cifra más baja en 15 años.

Ana Dávila visitó la residencia Amavir Cenicientos y anunció un nuevo servicio de apoyo psicológico para profesionales y usuarios de las 14 residencias afectadas. Este servicio se enfocará en la atención a personas mayores y en la intervención de crisis.

Ha alcanzado un promedio de 283 días en julio de 2026.

La iniciativa incluye programas de envejecimiento activo que benefician a unos 225 residentes, apoyados por un equipo multidisciplinario.

El servicio, que opera 24 horas al día, realiza un seguimiento especial a los usuarios más vulnerables, como aquellos que viven solos.

El presidente de Lares, José Luis Pareja, destaca que la reciente financiación para la atención a la dependencia es un avance, pero requiere reformas estructurales. Aboga por un Pacto Nacional que aborde problemas como la escasez de profesionales y la desigualdad en la financiación, enfatizando la necesidad de una visión integral del sistema.

La Plataforma de Mayores y Pensionistas incide en la necesidad de cooperación entre administraciones y la importancia de políticas inclusivas que consideren las necesidades específicas de los mayores y personas con discapacidad.