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LARES reivindica con la nueva Ley de Dependencia un modelo de cuidados basado en los derechos, la autonomía y la comunidad

Una persona mayor dependiente sola en un parque.
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Una persona mayor dependiente sola en un parque. (Foto: Gemini)
Por Dependencia.info
lunes 5 de octubre de 2026, 18:16h

La modificación de la Ley de Dependencia y de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, publicada el 3 de octubre y con entrada en vigor el 23 de octubre, plantea una transformación del sistema hacia un modelo basado en la dignidad, la autonomía, la vida independiente y las preferencias de cada persona.

El pasado 3 de octubre se publicó en el Boletín Oficial del Estado la modificación conjunta de la Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia —Ley de Dependencia— y de la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad. La reforma entrará en vigor el próximo 23 de octubre y redefine el marco teórico y práctico de los cuidados de larga duración para las personas mayores en España.

Para la Federación LARES, organización representativa de las residencias y otros servicios del sector solidario para personas mayores, la nueva redacción legal sienta las bases para una transformación profunda del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).

La reforma plantea superar de forma definitiva la cultura asistencialista tradicional que ha caracterizado histórica y operativamente al sistema. El nuevo marco legal se fundamenta en el enfoque de derechos humanos y sitúa en el centro la dignidad, la libre determinación y el fomento de la vida independiente.

Desde esta perspectiva, los apoyos y servicios dejan de plantearse como meras intervenciones proteccionistas o mecánicas para convertirse en herramientas destinadas a respetar y hacer prevalecer la voluntad, los deseos, las fortalezas y las preferencias de cada persona en situación de dependencia.

El objetivo central del sistema pasa a ser que cada individuo pueda mantener, elegir y desarrollar un proyecto de vida con sentido, con independencia de su edad, grado de dependencia o complejidad de los apoyos que necesite.

Cuidados sin sujeciones y respeto a la singularidad

Uno de los aspectos fundamentales de este cambio hacia un enfoque basado en los derechos humanos es la adaptación de las prácticas al reconocimiento universal de la dignidad. Esto exige avanzar hacia cuidados y apoyos libres de sujeciones, un objetivo que LARES lleva persiguiendo desde hace tiempo.

El texto de la reforma advierte de que el empleo de restricciones y sujeciones físicas, mecánicas, farmacológicas o químicas compromete y limita derechos constitucionales como la libertad, la autonomía personal, la intimidad y la integridad física y moral.

Frente al proteccionismo que pretendía justificar estas prácticas por razones de seguridad, la ley establece que entrañan graves riesgos y pueden resultar traumáticas desde el punto de vista físico, psicológico y cognitivo.

Por ello, la nueva norma determina que el buen trato no consiste en eliminar el riesgo, sino en cuidar desde el respeto a la singularidad de cada persona. La utilización de restricciones queda limitada a casos excepcionales de urgencia vital y siempre bajo criterios médicos.

Un modelo asistencial de base comunitaria

La aplicación práctica de esta nueva orientación hacia los derechos humanos exige reorganizar la red asistencial hacia un modelo de base profundamente comunitaria.

En este planteamiento adquiere especial relevancia el servicio de ayuda a domicilio (SAD), mediante su personalización y la extensión de su ámbito de actuación al entorno comunitario próximo a la vivienda habitual de la persona.

Los centros de día, por su parte, se reconfiguran como elementos clave dentro del itinerario de apoyos, complementando la autonomía e independencia de la persona en estrecha conexión con su entorno familiar y relacional.

La orientación comunitaria no supone, sin embargo, desvalorizar ni eliminar la atención residencial. La reforma plantea su reorientación para constituir entornos de vida hogareños e inclusivos que conecten activamente a los residentes con su comunidad, en la línea de la Estrategia estatal para un nuevo modelo de cuidados y del vigente Acuerdo del Consejo Territorial de 2022 sobre criterios comunes de acreditación y calidad.

Agilizar el PIA y evaluar la calidad de los servicios

En el ámbito de la gestión, la ley pretende agilizar administrativamente el procedimiento del programa individual de atención (PIA) y su revisión.

El objetivo es situar el foco de atención en la voluntad, los deseos y las preferencias de la persona en situación de dependencia y en su derecho a elegir. También se hacen explícitas aquellas situaciones de especial vulnerabilidad derivadas de la intersección de factores que requieren ser atendidas con urgencia.

A ello se suma el establecimiento de un marco referencial de estándares comunes para evaluar la calidad de los centros y servicios, teniendo en cuenta su impacto directo en la satisfacción de los derechos y en la calidad de vida.

LARES considera que las residencias mantienen un papel dentro del modelo comunitario

Para LARES, la orientación comunitaria de la reforma no supone una amenaza para las residencias de personas mayores, sino que refuerza su propia visión institucional.

El secretario general de la Federación LARES, Antonio Molina Schmid, señala que el modelo de cuidados LARES nació precisamente del tejido comunitario —pueblos, barrios, ciudades y parroquias— y ha estado históricamente enfocado en la persona y no en el rendimiento económico-mercantil.

Desde esta perspectiva, la nueva ley representa una oportunidad para consolidar un modelo en el que las residencias integradas de atención humanizada actúen como un complemento natural de la oferta comunitaria cuando la permanencia en el propio domicilio no sea posible o no sea deseada por la propia persona mayor.

Personal y financiación, retos para aplicar la reforma

La Federación LARES considera, no obstante, que para que los principios establecidos en la ley se traduzcan en mejoras reales en la calidad de vida de las personas atendidas y de los profesionales resulta indispensable dotar al sistema de solvencia material y organizativa.

El presidente de la Federación LARES, José Luis Pareja Rivas, valora positivamente la modificación legislativa, aunque sitúa el foco en dos retos de gestión inmediatos: la persistente escasez de personal cualificado y la necesidad de disponer de recursos económicos estables que aseguren la viabilidad del sector.

Entre las prioridades operativas señala también el despliegue definitivo de la coordinación sociosanitaria y la agilización efectiva de las listas de espera.

En esta misma línea, el ecónomo general de LARES, Rafael Luque Muñoz, considera que la necesaria dignificación retributiva y laboral de los profesionales debe ir acompañada de una actualización de los precios de las plazas concertadas, conforme al coste real de los servicios.

Para ello, identifica dos cuestiones estructurales. La primera es la disparidad territorial, ya que actualmente existe una acusada desigualdad en los precios de concertación entre las diferentes comunidades autónomas. Esta situación hace urgente la realización de un estudio estatal riguroso y actualizado sobre el coste real de las prestaciones.

La segunda es la singularidad del Tercer Sector de Acción Social, que hace imprescindible que la normativa y las licitaciones reconozcan de forma diferenciada la naturaleza y los valores de las entidades sociales y sin ánimo de lucro, cuyo modelo de atención no responde a lógicas ni dinámicas mercantiles.

LARES considera la reforma un marco de referencia positivo

La reforma de la Ley de Dependencia establece, según la valoración de LARES, un marco de referencia positivo para los servicios sociales en España, al fijar estándares comunes de calidad centrados en los derechos, la vida independiente y el impacto directo en el bienestar de usuarios y profesionales.

El éxito del nuevo modelo dependerá de la capacidad de las administraciones públicas para acompañar la exigencia normativa con la financiación adecuada, la resolución de las brechas territoriales y el respaldo tangible a los profesionales.

Desde LARES, la Federación ratifica su compromiso con la comunidad profesional para liderar esta transición hacia una atención personalizada y arraigada en la dignidad humana.

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