Acreditación de Competencias: una estrategia clave para profesionalizar el sector de la dependencia en España

Foro Técnico de Formación (FTF), entidad de referencia en formación y cualificación profesional en el ámbito sociosanitario, ha elaborado un informe técnico que ofrece a las empresas empleadoras una visión detallada sobre la situación actual del sistema de acreditación de competencias. El documento no solo describe el marco normativo y los avances logrados en los últimos años, sino que también analiza las diferencias entre comunidades autónomas, identifica barreras de acceso persistentes y propone líneas estratégicas orientadas a consolidar un sistema más justo, ágil y eficaz.

La acreditación de competencias profesionales se ha consolidado en España como una herramienta clave para profesionalizar el sector de la atención a la dependencia. Gracias a este procedimiento, miles de trabajadores y trabajadoras con experiencia en residencias, centros de día o servicios de ayuda a domicilio pueden ver reconocidas oficialmente sus competencias, obteniendo una titulación con validez nacional que mejora su empleabilidad y dignifica su trayectoria profesional.

Un marco común con 17 desarrollos autonómicos

España dispone desde hace más de una década de un marco estatal sólido para el reconocimiento de competencias profesionales, sustentado en el Real Decreto 1224/2009 y actualizado por el Real Decreto 659/2023. Este sistema permanente y abierto permite que cualquier profesional pueda acreditar sus competencias en cualquier momento del año, con independencia de su nivel formativo previo.

No obstante, la gestión descentralizada por parte de las 17 comunidades autónomas y las dos ciudades autónomas ha derivado en notables diferencias territoriales que afectan a los plazos, los requisitos y los procedimientos. Aunque esta descentralización facilita la adaptación a las realidades locales, también genera desigualdad en el acceso y falta de claridad informativa.

El informe destaca, por ejemplo, que mientras la mayoría de comunidades mantienen convocatorias abiertas de forma continua, Baleares combina periodos abiertos y cierres temporales, y regiones como Madrid, Aragón o Andalucía cuentan con sistemas digitales más ágiles. Castilla-La Mancha, por su parte, ha reducido el periodo de cómputo de la experiencia profesional a diez años, frente a los quince que establece la normativa general, una diferencia que puede resultar determinante para acceder o no al proceso.

Diferencias que condicionan el acceso

El análisis de FTF señala que, aunque la normativa estatal fija unas bases comunes, cada comunidad las interpreta con particularidades. Entre las más relevantes, el documento detalla las siguientes:

• Experiencia profesional exigida: la regla general es de tres años (o 2.000 horas) en los últimos quince años, aunque Castilla-La Mancha limita el periodo a diez.

• Formación no formal: el estándar habitual es de 300 horas para cualificaciones de nivel 2, pero Cataluña, Canarias o Galicia aceptan menos horas si los módulos son más breves.

• Mecanismos de compensación: en la mayoría de comunidades se permite compensar menor experiencia con al menos 200 horas de formación, pero su aplicación varía según el territorio.

• Accesibilidad y tramitación: algunas autonomías cuentan con portales intuitivos y procesos guiados, mientras que otras presentan plataformas menos accesibles, dificultando la inscripción, especialmente a personas con baja competencia digital.

Estas diferencias pueden condicionar de forma directa las oportunidades laborales de miles de profesionales que, según su lugar de residencia, se enfrentan a procesos más o menos accesibles.

Una oportunidad estratégica para el sector

El sector de la atención a la dependencia atraviesa una etapa de profunda transformación. Con más de 9,5 millones de personas mayores de 65 años en 2025 y la previsión de que en 2050 una de cada tres personas supere esa edad, la demanda de profesionales cualificados sigue creciendo.

El estudio de FTF destaca que el núcleo de la acreditación en este ámbito se concentra en dos cualificaciones profesionales:

• SSC320_2 – Atención sociosanitaria en instituciones sociales

• SSC089_2 – Atención sociosanitaria en domicilio

Estas dos cualificaciones suponen más del 70 % de las acreditaciones del sector, ya que están directamente relacionadas con las ocupaciones de auxiliar de atención directa en instituciones y en servicios de atención domiciliaria. Según el informe, el reconocimiento oficial de estas competencias no solo mejora la empleabilidad de las personas trabajadoras, sino que también refuerza la capacidad de respuesta de las empresas ante la creciente demanda asistencial.

Barreras que aún persisten

Pese a los avances, el documento identifica varios obstáculos que dificultan el acceso al sistema:

• Información dispersa y poco homogénea.

• Procesos administrativos complejos y diferencias en digitalización.

• Falta de acompañamiento personalizado, especialmente en personas con menor nivel educativo o competencia digital.

• Ritmos de tramitación desiguales entre territorios.

Estas desigualdades pueden provocar que dos trabajadores con idéntica experiencia tengan resultados muy distintos: uno puede acreditarse en pocos meses en Madrid, mientras otro afronta un proceso más largo y burocrático en Baleares o Cantabria.

Cinco líneas estratégicas para mejorar el sistema

El informe propone cinco recomendaciones clave para avanzar hacia un sistema de acreditación más justo y eficaz:

1.- Homogeneizar requisitos y procedimientos entre comunidades autónomas.

2.- Reforzar las campañas de información y orientación, especialmente para colectivos con menor acceso digital.

3.- Simplificar los trámites y mejorar la digitalización.

4.- Potenciar las alianzas público-privadas para facilitar el acompañamiento.

5.- Integrar la acreditación en las estrategias de recursos humanos del sector.

Estas medidas, según FTF, permitirían convertir la acreditación en una auténtica vía de profesionalización, y no en un laberinto burocrático para quienes más lo necesitan.

Hacia un sector más profesional y digno

La acreditación de competencias profesionales en dependencia es, en palabras de FTF, una herramienta de transformación social y laboral que puede elevar los estándares de calidad asistencial, dignificar las profesiones del cuidado, atraer talento y garantizar derechos tanto a las personas cuidadoras como a las cuidadas.

Si España logra reducir la desigualdad territorial, simplificar los procedimientos y reforzar el acompañamiento, el sistema de acreditación podría convertirse en una verdadera palanca de cambio para responder a los retos demográficos y laborales del sector.

Foro Técnico de Formación pone a disposición de empresas y entidades del ámbito sociosanitario su asesoramiento especializado y el acceso al informe técnico comparativo completo.