La consejera de Servicios y Derechos Sociales de Asturias mantiene la entrevista con Negocios & Gestión de la Dependencia días antes de la convocatoria de la primera reunión de la recién creada Comisión para el análisis de la situación del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia, su sostenibilidad y los actuales mecanismos de financiación, de la que el Principado forma parte junto a Cataluña, Galicia, Andalucía Aragón, Canarias y Castilla y León, y en la que se acordó la elaboración de un informe que deberá estar concluido en tres meses. Sus palabras serán de interés para todo el sector geroasisencial y de forma especial para los responsables de residencias de mayores de Asturias.
Pilar Varela ha insistido tanto a su salida de la reunión como a lo largo de esta entrevista en la necesidad de que el Gobierno de España vaya recuperando en los presupuestos los recortes causados por el real decreto ley de 2012, que en Asturias han supuesto una merma de ingresos de 52,5 millones.
El Foro de Regiones Españolas con Desafíos Demográficos, de la que Asturias forma parte, acordó en su última reunión en Cuenca pedir al Gobierno central que contemple la demografía como un aspecto prioritario en la financiación autonómica. ¿Por qué pese al cambio demográfico que vive nuestro país este tema no ha sido prioritario?
Creo que el tema de la demografía y el envejecimiento de la población es un tema de gran importancia en el que algunas administraciones como la asturiana llevan años trabajando. Lo que sí es cierto es que la sensibilidad pública sobre este asunto ha ido en aumento y ha sido por fin en la reciente Conferencia de Presidentes donde el desafío demográfico se ha reconocido como asunto de Estado.
Como le decía, el Principado de Asturias, a través de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana, trabaja desde el año 2013 en esta materia. En este tiempo, consciente de que el reto no es exclusivo de nuestro territorio y que requiere perspectiva global y consenso político y social, se han puesto en marcha actuaciones coordinadas con otras comunidades y ante las instituciones europeas, a la vez que está promoviendo un marco de cooperación interna de todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en aras a impulsar un gran pacto demográfico regional. Es un tema complejo pero seguiremos trabajando y buscando acuerdos porque entendemos que será la única forma de obtener frutos duraderos.
En esta misma línea, en la última Cumbre de Presidentes de CCAA se habló de incorporar el coste efectivo de los servicios públicos como criterio de reparto en el estudio del nuevo sistema de financiación autonómica, condicionado por factores como la dispersión o el envejecimiento poblacional. ¿Es optimista ante la respuesta, no solo del Gobierno, sino de las Comunidades 'más jovenes' y urbanas?
La inclusión de este criterio ha sido defendida siempre por nuestra comunidad y es compartida por otros muchos territorios de la zona noroeste, por eso estoy convencida de que los factores relacionados con la dispersión y el envejecimiento se tendrán en cuenta, al igual que se valorarán otros aspectos que benefician más a otras comunidades como las más jóvenes o urbanas, que usted cita.
En este tema creo que la clave será encontrar un modelo en el que todos los territorios nos sintamos cómodos y esto requerirá altura de miras por parte de cada comunidad autónoma pues es evidente que no todos los criterios van a beneficiar a todas las partes implicadas.
¿Cuáles son los problemas más importantes a los que deben enfrentarse para mantener una atención sociosanitaria adecuada en un territorio como el asturiano, montañoso, con núcleos de población dispersos, aislados, algunos de difícil acceso especialmente en invierno, con población muy envejecida?
Nuestro objetivo principal es lograr una atención de proximidad y para ello contamos con una importante red social y sanitaria descentralizada que atiende las necesidades de las personas lo más cerca posible de dónde viven, con recursos como la atención primaria sanitaria y social, la ayuda a domicilio, los centros rurales de apoyo diurno o programas de apoyo y participación en las zonas rurales como el programa Rompiendo Distancias. En este sentido, recientemente hemos aprobado un decreto de coordinación sociosanitaria y ya estamos constituyendo los grupos de trabajo previstos, uno de ellos de carácter territorial, con el objetivo de trabajar de manera aún más coordinada, mejorando la atención de las personas en situación más vulnerable.
Precisamente muchas de estas personas mayores viven en situación de soledad, un problema que está creciendo especialmente entre las mujeres ¿De que herramientas disponen en Asturias para detectar este problema? ¿Hay algún programa específico destinado especialmente para este colectivo?
Como bien dice, Asturias es una comunidad envejecida, con una orografía compleja en las alas en la que abundan los núcleos de población dispersos y aislados. Conscientes de esta situación, el gobierno asturiano puso en marcha, en el año 2001, Rompiendo Distancias, un programa integral y novedoso destinado a promover la participación y atender las necesidades específicas de las personas mayores de esas zonas, en el que ya participan cerca de 6.000 personas. En concreto, el balance de 2015 fue de 5.960 beneficiarios (71% de mujeres y un 29%, hombres). Estamos muy satisfechos porque es una política que fija población y facilita que las personas envejezcan en su entorno más cercano, a la vez que genera empleo y actividad económica en las zonas en las que se lleva a cabo.
Este programa es uno de los elementos que la UE valoró para reconocer a Asturias Sitio de Referencia en envejecimiento activo a nivel europeo; igualmente, 12 concejos del noroccidente asturiano que desarrollan este proyecto han sido reconocidos por la OMS como Concejos amigables con las personas mayores.
El secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Mario Garcés, ha afirmado categóricamente que el Estado aporta el 50% de los recursos necesarios para la atención de la dependencia en todas las comunidades”. ¿En Asturias también se cumple con lo que afirma?
Lo que puedo decirle con las cifras en la mano es que desde que en 2012 el Estado suspendió el abono del denominado "nivel acordado de protección" y redujo en un 13% las cuantías del "nivel mínimo de protección", la financiación finalista del Sistema - esto es, la que va dirigida en exclusiva a costear los servicios y prestaciones para personas dependientes- se ha reducido en más de 42 millones de euros en el caso de Asturias (más de 10 millones cada año). En 2015, el gasto en Dependencia en Asturias se elevó a 163,5 millones de euros y la financiación de carácter finalista proveniente de las arcas del Estado se cifró en 22,5 millones de euros, un 13,7% del total, muy lejos del 50% que afirma el secretario de Estado.
Lo que ocurre es que el gobierno de España afirma que los fondos no finalistas que las comunidades autónomas recibimos de la Hacienda estatal para el mantenimiento de los servicios en general, también es financiación al Sistema de Dependencia, pero saben que no es así y por eso las comunidades reivindicamos que aumente la financiación finalista (la que va dirigida en exclusiva al Sistema de Dependencia) y de esta manera, no habrá discusión sobre el nivel de aportación que realiza cada Administración al Sistema y se podrá garantizar lo que establece la Ley: un mínimo común para todos los ciudadanos, independientemente de que la comunidad autónoma en la que resida apueste o no de manera clara por el Sistema de dependencia, como es el caso de Asturias.
¿Es sostenible la Ley de Dependencia tal y como está diseñada o hay que repensarla? ¿Qué habría que modificar para que funcionara realmente? ¿Apostar más por los cuidados profesionales? O ¿Por los familiares?
La Ley de Dependencia prevé un sistema de financiación basado en las aportaciones del Estado, de las comunidades autónomas y de las propias personas dependientes, y en ese sentido, bastaría con que se volviera a cumplir íntegramente lo que se señala en su articulado que es una financiación garantizada de unos mínimos en todo el territorio español a cargo del Estado y de las CCAA a partes iguales.
En cuanto a su funcionamiento, es evidente que la Ley es una apuesta clara y decidida por los servicios profesionalizados, pero no podemos obviar que existen personas atendidas por sus familiares y, por ello, lo que se debe procurar es que esos cuidados sean de calidad y atender asimismo a la figura de la persona cuidadora, procurar que esté formada y apoyarla económica y socialmente.
Actualmente hay cerca de 4.000 asturianos atrapados en lo que se llama el “limbo de la dependencia”. ¿Cuánto tiempo tendrán que esperar para salir de este estado? Según los datos del mes de diciembre, existen 3.185 personas con la situación de dependencia reconocida que se encuentran a la espera de prestación, lo que supone un 13,7%, porcentaje muy por debajo de la media nacional de personas que esperan prestación en el conjunto de España, que es el del 28,69%.
Aún así no estamos satisfechos y seguimos trabajando para acelerar este proceso. En este sentido, un aumento de la financiación sería determinante. Le aporto un dato: cada persona dependiente supone un coste medio anual de 9.335 euros. Si volviéramos a los niveles anteriores a 2012, sólo con el aumento de la aportación estatal (que se elevaría en 10,5 millones anuales) podríamos atender a alrededor de 1.100 personas, lo que supone más de un tercio de las personas que se encuentran pendientes de prestación.
Precisamente entre las quejas de las empresas del sector están la excesiva burocratización y el tiempo que se tarda en gestionar la dependencia. ¿Cree que los tiempos para gestionar la dependencia son los adecuados o que podrían reducirse?
La reducción de los tiempos de gestión pasa por un aumento de los medios materiales y personales. El procedimiento es complejo por la propia naturaleza del mismo (reconocimiento de un derecho subjetivo de carácter prestacional e indefinido), no por una excesiva burocratización.
A mediados de 2017 comenzaremos a utilizar nuestra propia herramienta informática de gestión, lo que supondrá un gran avance en términos de gestión administrativa. En cuanto a los medios personales, hay que ser realistas, las limitaciones a nuevas contrataciones públicas impuestas por el Estado han dificultado el aumento de la plantilla, pero no por ello se han dejado de promover otras fórmulas que han permitido que nuestra comunidad, pese a las demoras existentes, sea una de las comunidades con menor limbo de la dependencia.
Los expertos auguran que el envejecimiento de la población, traerá también un aumento de las demencias en los próximos años, y de las enfermedades crónicas. ¿Podrán las arcas públicas sostener los servicios necesarios para dar la atención adecuada a estas personas?
Quiero confiar en que así será. Nuestra sociedad ha avanzado mucho en las últimas décadas y ha ido consolidando un estado de bienestar con pilares como la sanidad, educación de los que ya nadie quiere prescindir y entiendo que debemos seguir avanzando en esta línea. Ahora bien, también tengo claro que nada es para toda la vida si no lo trabajamos y por eso, como sociedad tenemos por delante el reto de blindar nuestras prioridades y trabajar en modelos productivos adecuados para que todas estas políticas sean sostenibles. Y no olvidemos tampoco que la vejez genera dificultades pero también es un ámbito de oportunidades sociales y económicas.
Respetando el poder de cada autonomía a desarrollar sus leyes en los temas de su competencia, ¿Cree que sería bueno que en el caso de servicios sociosanitarios hubiera una normativa general, a la que pudieran ceñirse las empresas del sector?
En el tema de los servicios socio-sanitarios, lo que realmente entendemos que es prioritario para toda España es que los dos sistemas de prestaciones sociales y sanitarias avancen hacia una coordinación efectiva, pero sin crear un sistema paralelo que pueda ocultar una degradación de las prestaciones. A partir de ahí, vemos bien todo lo que pueda servir para mejorar la conexión entre los sistemas y ofrecer mejores y más eficaces servicios a los ciudadanos.
¿Se permite en los centros residenciales dependientes del Gobierno del Principado las sujeciones a los residentes? En caso afirmativo, ¿De qué forma se controla su uso? No se permite inicialmente, pero se aplican en aquellos casos en los que es aconsejable para la seguridad del usuario, tras prescripción médica o de enfermería. Actualmente, en el organismo Establecimientos Residenciales de Ancianos (ERA) existe un protocolo respecto al uso de sujeciones y contenciones, elaborado desde los equipos interdisciplinares de los centros, si bien, en aras a mejorar la calidad y atención en nuestros centros públicos residenciales, se están estudiando fórmulas que eviten o al menos disminuyan al mínimo este uso.
¿Cree que en los pliegos de condiciones de los concursos públicos para adjudicar servicios residenciales deberían tenerse en cuenta factores como: la atención centrada en la persona, o sin sujeciones; frente al criterio meramente económico? ¿Piensan implantarlo en Asturias?
Creo que en los pliegos de condiciones para concertar plazas residenciales deben tenerse en cuenta criterios de calidad, y no sólo el precio. Es además una voluntad del gobierno regional para muchos otros ámbitos de la contratación pública y así ha comprometido en la concertación regional con sindicatos y patronal para esta legislatura, introducir criterios sociales, socio-laborales y de calidad.
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