Pilar Villarino: "Tenemos que construir una sociedad donde la diversidad sea un elemento positivo"

El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI), celebra en este año 2017 su 20 aniversario. A lo largo de estos años han trabajado para la integración plena de este colectivo en la sociedad, y para que se aplique la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que aprobó la ONU hace ahora 10 años. Precisamente, los mismos años que cumplió el pasado mes de diciembre la Ley de Atención a la Dependencia y para la que piden su refundación.

Sobre estos y otros temas que afectan al colectivo Negocios & Gestión de la Dependencia ha hablado con su directora ejecutiva, Pilar Villarino.

El año 2017 se cumplen 20 años de la creación del CERMI. ¿Qué balance hace de estos años de organización?

Por una parte estos 20 años tienen que servir para repensar el movimiento asociativo, para pensar y crear una nueva agenda política sobre discapacidad para los próximos años, coincidiendo también este aniversario con la firma del Tratado de Ámsterdam, que incluía una cláusula específica sobre no discriminación. Además, durante estos años se firmó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que en el 2016, cumplió 10 años. Esto no ha supuesto solo adaptar nuestra legislación, sino también un cambio en el modelo de enfrentarnos a la discapacidad, que nos ha obligado y nos obliga a pelear por cambios no solo en el punto de vista político sino también a nivel asociativo.

¿Qué objetivos de los que había planteados, todavía no se han conseguido?

En el ámbito de la inclusión laboral se ha avanzado muchísimo, y esta era una de las primeras preocupaciones que cualquier organización que luche por los derechos de las personas, como nosotros tenía en su agenda. Pero en materia laboral, uno de los problemas que nos hemos encontrado ha sido la incapacidad de gestión laboral de las personas con discapacidad, y nuestro objetivo es que la tasa de inactividad se reduzca para que estas personas tengan mayor autonomía. Tenemos que construir una sociedad donde la diversidad sea un elemento positivo.

En el tema social, sobre la imagen que la sociedad tiene de la discapacidad se ha avanzado también mucho, pero todavía queda mucho por hacer para ver a las personas con discapacidad como personas normales. Todavía seguimos siendo ciudadanos de segunda.

¿Cuál ha sido el principal obstáculo que han encontrado y que aun tienen para desarrollar su labor?

El CERMI se ha consolidado como entidad de referencia política en defensa de los derechos de personas discapacidad, creo que se ha consolidado como interlocutora ante las instituciones. No siempre se cumplen las leyes a pesar de tener buenas leyes, y todavía queda mucho para que realmente se aplique ese enfoque inclusivo de derechos humanos que dice la Convención.

Debemos también seguir trabajando para poner en la política, mas a las mujeres y niñas con discapacidad, algo en lo que venimos trabajando desde hace años desde el CERMI , ya que las mujeres sufren una múltiple discriminación, por ser mujeres y mayores. En el ámbito sanitario, es preciso crear un espacio común para poder resolver la problemática de muchas personas que no se pueden resolver; en cuanto a Dependencia el CERMI ha propuesto la refundación de la Ley y un pacto de Estado de todas las fuerzas políticas y sociales, de tal manera que se garanticen los derechos sociales de los dependientes; también es necesario seguir trabajando en la educación inclusiva,… En definitiva se trata de aplicar la Convención.

¿El presupuesto ha sido un obstáculo para conseguirlos?

Hay cuestiones no ligadas a presupuesto muy importantes en la lucha por los Derechos de las personas con Discapacidad. Por ejemplo, es importante el concepto de autodefensa de estas personas, y que sean capaces de reclamar ante la administración cuando detecten discriminación por su causa, y esto no requiere presupuesto, al igual que garantizar su derecho, en este caso hay una legislación que hay que modificar y que no supone ningún coste.

Uno de los hitos que han logrado en estos años, ha sido promover una iniciativa legislativa popular, que se debatirá en el Congreso en el nuevo periodo de sesiones que se inicia en febrero, y en el que se debatirá una propuesta suya para suprimir los copagos abusivos en la ley de dependencia, evitando su fijación arbitraria por parte de las comunidades autónomas. Viendo el mapa parlamentario actual ¿Qué perspectivas tienen de que su propuesta se acepte?

Por una parte respecto a la ILP, que ha sido un trabajo muy complejo, en el que hemos estado volcados todo el año 2015 ha puesto de manifiesto la unión del sector sobre un tema estratégico para nosotros, eso ha conseguido superar obstáculos grandes producidos sobre todo por la aplicación de una legislación obsoleta que nos obliga a tener 500.000 firmas para ponerla en marcha, cifra que superamos con creces, y que ha reflejado que hay una base social que respaldar nuestra labor.

Ahora esperamos que los grupos políticos tengan en cuenta nuestra iniciativa, pero el objetivo es que se abra el debate. Creemos que la composición del actual Congreso, más diverso puede ayudarnos no solo en este aspecto, sino en otras peticiones. Respecto a la ILP, nuestro objetivo es que se apruebe en la Comisión parlamentaria que se ocupa de los temas de Discapacidad y pase al Pleno del Congreso para su debate.

Yo mas allá de profundizar en cuestiones técnicas, lo que si puedo decir es que la gran petición del CERMI es que la financiación debe ir con cargo a la Seguridad Social, para garantizar la igualdad y la equidad territoriales.

Muchas Comunidades Autónomas están apostando por crear planes estratégicos sociosanitarios, con el objetivo de mejorar la información y optimizar los recursos sociales y sanitarios. ¿Es este el camino seguir?

Habrá que conocer los planes en concreto. Pedimos que haya un espacio sociosanitario real, hay que conseguir unidad territorial en lo básico en lo mínimo. En todo caso hablar de espacios sociosanitarios es importante, y además nosotros también pedimos que nos tengan en cuenta al sector, que nos consulten a la hora de desarrollar estos planes.

En noviembre de 2016, el ejecutivo remitió a las Cortes para su aprobación inmediata el Proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y que permitirá valorar más las ofertas de contratistas que promuevan la igualdad y la integración de los discapacitados. El Cermi presentó también un Informe en el que abogaba reforzar los aspectos sociales sobre los criterios exclusivamente económicos. Pero lo cierto es que la contratación pública esta basada, en la libre concurrencia y competitividad, lo que a su vez se apoya en criterios fundamentalmente de coste. Aún así ¿Estamos ante un cambio de paradigma en la contratación pública socialmente responsable?

Nosotros pedimos que se tenga en cuenta la labor de las entidades del Tercer Sector en estos servicios, el modelo de gestión que ofrecen nuestras entidades no tiene nada que ver con el modelo que dan las empresas. Pensamos que en nuestro modelo prima la atención a la persona, sobre lo económico. Estamos luchando para que las Comunidades Autónomas adopten estas trasposiciones, sino seria la muerte de muchas asociaciones pequeñas. El pequeño no va a poder competir con el grande en términos de rentabilidad. Eso no significa que no tengamos que modernizarnos en el sector, pero creemos que realmente hay que proteger a estas entidades.

El informe del CERMI subraya que la licitación de prestación de servicios sociales debe quedar fuera del ámbito de una estricta aplicación de la normativa de contratación pública. Desde su punto de vista ¿Qué servicios de atención a la dependencia deberían quedar fuera de estas reglas?

Yo insisto en que todos los servicios de atención a la persona no deben someterse a licitaciones que pueda presentarse cualquier empresa. Se trata de apoyar la labor de entidades sociales que han estado trabajando hasta ahora de forma eficaz.

¿Esto chocaría con las reglas de libre mercado y podría crear un conflicto con las empresas del sector? ¿Rentabilidad y atención social están reñidos?

No deberían, pero creo que son dos modelos que tendrían que poder convivir. No creo que estén reñidos, pero en todo caso insisto en que hasta ahora ha funcionado bien la labor que ha desarrollado nuestro sector.

¿Cuál es desde su punto de vista, el principal reto que se plantea al sector para poder atender a una población cada vez más envejecida, más empobrecida (4,5 millones de jubilados reciben pensión por debajo del salario mínimo), con el aumento de demencias, y con menos apoyo familiar?

Pues el tema de las personas mayores con discapacidad, es una de las cuestiones estratégicas que nosotros también reclamamos, tenemos grupos específicos de trabajo de personas mayores con discapacidad, de mujeres mayores. Hay que prestarles apoyo especializado, trabajar en la alfabetización digital de este colectivo, y en todo lo que tenga que ver con la accesibilidad y la atención. Además, todo el tema del empoderamiento de estas personas que están especialmente aisladas, para ello estamos trabajando mucho también con asociaciones de mayores, hay muchos puntos en común entre ambos colectivos.

¿Cree que desde las administraciones públicas se están adoptando las medidas oportunas para dar respuesta a estos retos? ¿En qué se debería estar trabajando? ¿Se está haciendo? En caso negativo ¿Por qué no?

El trabajo que se hace en las administraciones es como en otros ámbitos. Creemos que nuestro papel es seguir reclamando que se cumplan.