No digo nada nuevo cuando afirmo que el sistema de pensiones del que disfruta España constituye sin lugar a dudas uno de los pilares fundamentales del modelo de protección de los ciudadanos, así como de su bienestar social. No voy a enumerar ahora los aspectos que convierten las pensiones en una herramienta fundamental para el proyecto vital de las personas que han estado trabajando toda su vida para soñar ahora con cómo afrontar esa última etapa.
¿Y qué pasará con los que siguen trabajando hoy y no saben si podrán soñar mañana con esa pensión que les permita afrontar la jubilación de una manera digna? No hay contestación para eso. Precisamente, el debate es la sostenibilidad del sistema.
Por ello, en el año 1995, en medio de una grave crisis económica, algunos de los políticos que nos representan se dieron cuentan ya de que la población envejecía. Empezaba a bajar la cifra de nacimientos en España casi a la misma velocidad que aumentaba la esperanza de vida de sus ciudadanos. Con esta perspectiva poco halagüeña, se constituyó el Pacto de Toledo, que como todos saben, se trata de una comisión parlamentaria cuyo objetivo es analizar el estado de salud de las pensiones y, además, no menos importante, como fruto de ese conocimiento, proponer medidas para la mejora del sistema.
Tampoco voy a entrar en si el último bloque de la reforma de las pensiones, pactado en el seno de un Gobierno de coalición con las urgencias de una campaña electoral y con el respaldo de los sindicatos y de Bruselas, pero con el descontento al mismo tiempo, por no decir rechazo total, de la patronal, la oposición e, incluso, las reticencias de los socios de investidura de Pedro Sánchez, es el más adecuado en estos momentos. A este respecto, muchas son las objeciones al texto por parte también de los expertos que saben relacionar economía y esperanza de vida.
El principal problema son las prisas por aprobar decretos que no están bien estudiados. Hay que sacar el plan de pensiones ya si queremos que la Comisión Europea conceda fondos europeos. Esa espada de Damocles en forma de orden de arriba que demanda guiones y párrafos y folios que añadir a un programa electoral. El interés político casi siempre alejado de la necesidad real.
Porque a la comisión del Pacto de Toledo hay que ir a preguntar, a que den ideas, a que propongan soluciones, a que orienten sobre qué es lo más conveniente visto lo que se viene demográfica y económicamente encima. Eso es lo primero que hay que hacer y no ir a presentar un texto ya redactado, sin consenso y sin la más mínima intención de esperar sugerencias hasta después de haberlo aprobado.
Hacemos las cosas al revés y así nos va. Escrivá no necesita ahora al Pacto de Toledo. Ya le ha dicho a sus miembros que primero va a aprobar la reforma de las pensiones vía decreto, como casi todo lo que ha hecho este Gobierno esta legislatura, y luego (veremos cuánto tiempo es ese “luego”) tramitarla como proyecto de ley. Sin abundar en la cuestión, hemos visto ya en otras materias el nefasto resultado de aprobar textos por el puro interés ideológico-político-electoral.
Pero es que hablando de pensiones, el “otro” principal problema es el Fondo de Reserva de la Seguridad Social, siempre arma política arrojadiza para quien mete la mano en él. El caso es que, como nos explican todos los días en la prensa, se agota y, lo que es peor, esta “modernización del sistema de pensiones” de la que presume el ministro Escrivá, no parece que haya acertado con las vías de financiación alternativas que permitan la comentada sostenibilidad del sistema.
Los que entienden de números ya han avisado de que la reforma de las pensiones “no garantiza la sostenibilidad del sistema a largo plazo”. Así, alertan de sus efectos sobre la economía, el empleo y la inversión porque “hace descansar” todo el ajuste del modelo a largo plazo del ministro de la Seguridad Social en un aumento de las cotizaciones sociales. En otras palabras, que la idea del Gobierno es que lo paguen las empresas aumentando los impuestos sobre el trabajo. La consecuencia lógica es que esto tenga una notable repercusión negativa en la generación de puestos de trabajo y la captación de inversión.
Esto de que lo paguen todo los “malvados” empresarios empieza a ser una constante. Si sube la cesta de la compra, culpa de las grandes cadenas de distribución. Si te cambio las reglas de cómo debe ser los centros de atención a personas mayores y dependientes, te va a costar un dinero que las administraciones no te piensan devolver a través de conciertos. Si la gente no tiene dinero, subimos el salario mínimo, pero si tampoco tiene pensiones, subimos las cotizaciones...
El partido en el Gobierno saca el proyecto adelante con socios que opinan que el proyecto de José Luis Escrivá tiene notables “insuficiencias” y “carencias”, pero lo apoyan y lo votan con una pinza en la nariz. Al final, todo es política.
Si (
No(