El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su vicepresidente segundo y ministro de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, han presentado esta semana el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado, que prevén el refuerzo de la atención a la dependencia con un aumento de dotación del 46% y que suponen unos 600 millones de euros con los que se pretenden reducir, han dicho, las listas de espera y mejorar las prestaciones.
Para la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Asuntos Sociales "toca otra vez conformarse con el anuncio del incremento presupuestario de 600 millones de euros para el próximo año" y aclaran que esta financiación prevista en el Plan de Choque implicará "un incremento del gasto público anual que, en justicia, deberían ser aportados íntegramente por la Administración General del Estado".
"Yo no he leído el proyecto de presupuestos, yo tengo que verlos, porque anunciaban cosas que quiero ver en qué partidas presupuestarias están", ha apuntado el presidente de ADYGSS, José Manuel Ramírez, que sí ha recordado que lo único que parece que está claro es que van a destinar 600 millones de euros: "Ellos dicen que han aumentado el porcentaje sobre lo que aportan, pero a nosotros nos gusta más mirar ese porcentaje sobre la cuantía que va a poner la Administración General del Estado, que va a ser de un 22%, muy lejos del 50% que debería poner".
Por eso, considera que "600 millones es poco y que sería mejor 1.500 millones" que es lo que proponen que sería necesario ahora. También ha hecho hincapié en que habría que ver cuándo se van a aplicar estas cuentas: "Habían anunciado en los anteriores Presupuestos que habría 500 millones de euros más y al final ni se aprobaron". Es crítico: "Podían haber aprobado un decreto porque no podemos esperar a la aprobación de los Presupuestos".
La aportación a la Dependencia más baja
La presentación del proyecto de Presupuestos ha coincidido con que esta asociación de gerentes sociales ha presentado esta semana nuevos datos sobre la financiación de la Dependencia en España. De esta forma, en una nota destacan que las certificaciones anuales de las Comunidades Autónomas revelan que en 2019 la inversión pública en el Sistema de Atención a la Dependencia fue de 8.607 millones de euros. De acuerdo con estas certificaciones (según ANEXO IV de la Orden SSI/2371/2013.), se sacan las siguientes conclusiones:
- Las Comunidades Autónomas financiaron el 83,9% del Sistema de la Dependencia, con 7.221 millones de euros,un 7,4% más que en 2018.
- La aportación estatal se reduce aún más y se sitúa en el 16,1%, con 1.386 millones de euros. Es el porcentaje más bajo desde el inicio de la ley.
- 948 euros /año fue el gasto promedio por dependiente atendido en 2019, de los cuales, según los antedichos porcentajes, la Administración Central aportó solo 1.276 euros en concepto de nivel mínimo garantizado, de lo que se deduce que financia con 106 euros al mes por cada persona beneficiaria de la ley. Cada año el gasto medio ha ido disminuyendo, siendo este el menor valor desde el inicio.
Así, la financiación estatal se estancó tras los recortes de 2012 e incluso su participación porcentual bajo con respecto al año anterior, siendo el valor más bajo de la historia de la Ley de Dependencia. Para la ADYGSS "es obvio que –independientemente de la inestabilidad política- alguien ha considerado otras prioridades".
La asociación entiende que otro elemento crucial que no hay que perder de vista es el de la acusada desigualdad territorial. Las Comunidades que más invierten en dependencia por habitante y año son: País Vasco (368€), Extremadura (286€) y Castilla y León (261€), y las que menos Canarias (95), Galicia (142) y Baleares (143).
Las que más incrementaron el presupuesto en el último año fueron: Baleares (+32%), C. Valenciana (18%) y Canarias (16%). Solamente el Principado de Asturias redujo el presupuesto en el último año, y Extremadura (1,6%) y Cataluña (2,2%) fueron las Comunidades que menos lo aumentaron.
"El resultado final es la imposibilidad para las comunidades autónomas de atender lo que tienen por delante, con una lista de espera de 234.000 personas ya valoradas como dependientes y con otras 147.000 personas pendientes de valoración", se apunta desde la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Asuntos Sociales, que añade: "El sistema se encuentra en retroceso y la lista de espera baja por los 43.275 fallecidos en las listas de espera de la dependencia en este año (27.116 fallecidos en el “limbo de la dependencia”, personas que tenían derecho a recibir una prestación y fallecieron sin recibirla (74 cada día) y 16.159 que murieron a la espera de ser valorados)".
De esta forma, los gerentes de servicios sociales opinan que esta financiación de 600 millones prevista en el Plan de Choque implicará, con el actual contexto de atenciones de muy baja intensidad, y como decía anteriormente Ramírez, "un incremento del gasto público anual que, en justicia, deberían ser aportados íntegramente por la Administración General del Estado para llegar así a una aportación global del 22% de la financiación pública, muy lejos aún del 50% previsto por la ley".
"Se debería considerar que esa inversión generaría 25.000 puestos de trabajo directos y que se obtendrían unos retornos de 240 millones de euros (Seguridad Social, IRPF, IVA, Sociedades…) sin contar con los retornos inducidos", y subrayan: "Hasta entonces, a los atendidos insuficientemente, a los desatendidos y a los que incluso no han sido aún valorados, no les queda otra que seguir desapareciendo como hasta ahora, discretamente y en silencio".
En cualquier caso, la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Asuntos Sociales ha querido destacar positivamente el cambio de actitud del Ministerio, que cumple con uno de los cinco puntos del Pacto de Estado por la Dependencia, facilitando información sobre financiación del Sistema.
* El gasto público se presenta sin detraer la aportación de los usuarios (copago en servicios) que se estima para el conjunto del Estado en un 20,07% sobre el total del gasto en dependencia en 2019, por lo que esta aportación ascendería a 1.840 millones de euros.
** El periodo presupuestario en estas Comunidades es de doce meses: diciembre del año anterior a noviembre de 2019)
NOTA: El gasto público certificado se presenta sin detraer la aportación de los usuarios (copago en servicios) que se estima para el conjunto del Estado en un 20,06% sobre el total del gasto en dependencia en 2018, por lo que esta aportación ascendería a 1.616 millones de euros.
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