El estudio '¿Estamos preparados para el Covid?' que ha presentado este miércoles la presidenta de CEAPs, Cinta Pascual, a las puertas de la sede del Imserso, en Madrid, revela que la mitad de las CCAA de España siguen sin estar preparadas para proteger a las personas mayores que viven en residencias frente a posibles rebrotes.
De hecho, una de las principales conclusiones del informe es que las propias comunidades autónomas reconocen que la pandemia es un problema de salud pública pero no protegen a las personas más vulnerables ni a los profesionales ante los rebrotes. Que en 8 regiones las competencias de las residencias, antes en las atribuciones de las consejerías de Servicios Sociales, han sido derivadas a los departamentos de salud, lo que demuestra esta realidad.
Tras su asistencia al Consejo General del Imserso, Pascual ha mostrado informe en mano otra realidad que se esconde tras el hecho de que no se prioriza la atención a las personas mayores: se desconoce si han llegado o llegarán los fondos no reembolsables anunciados por el Gobierno a las CCAA para que éstas puedan llevar a la práctica los planes y protocolos preparados para estar mejor preparados ante la Covid.
Según la presidenta de la patronal de residencias, “si la Covid es una enfermedad que amenaza la Salud Pública de todos y, como tal, es tratada por Sanidad, la financiación para tratar a las personas, ya vivan en su casa o en una residencia, debería estar prevista en dichos fondos, incluso con carácter finalista".
El documento es fruto de un trabajo de documentación realizado por los miembros de la organización con el que se ha pretendido analizar la situación de las Comunidades Autónomas tras pasar las fases más duras de la pandemia. Uno de los extremos a resaltar de dicho estudio es la disparidad de criterios entre las CCAA, algo, por otra parte, que “no es nuevo en un sistema de Dependencia que no cuenta con una financiación finalista y clara y que otorga diferentes derechos dependiendo de dónde se resida”.
Las residencias sí tienen su plan
Por otro lado, del informe sorprende el hecho de que las residencias sí tengan un Plan de Contingencia establecido individual y adaptado a las características de cada centro, y que las comunidades autónomas no hayan establecido criterios o pautas comunes. Además, explica Cinta Pascual,“es importante señalar que, la realidad afecta tanto a centros públicos como privados o concertados”, puntualizaba la presidenta del CEAPs recordando, además, que el 70% de las plazas son públicas en España y financiadas a través de la Ley de Dependencia.
“Hemos realizado este informe tras varias reuniones internas y ver la disparidad de criterios ofrecidos por las distintas CCAA para responder ante la pandemia. Es necesario dar respuesta a las carencias y para eso hay que saber qué es lo que se está haciendo y qué mejorar. Nuestro objetivo siempre ha sido y es el de colaborar y ser agentes del cambio”, explica Cinta Pascual.
EPIs y PCR
La disparidad de criterios se manifiesta en la dotación a los centros de equipos de protección y de test. Si bien hay comunidades como Cantabria, Cataluña o Castilla-La Mancha que los facilitan indistintamente a personas usuarias y profesionales, otras regiones como País Vasco o Comunidad Valenciana sólo los entregan a los segundos y otras, como Madrid, Galicia, Aragón o Andalucía, a ninguno de ellos. Destaca el hecho de que Castilla y León, que sí las suministró hasta el mes de junio, dejase de hacerlo en ese momento dejando a las entidades la responsabilidad de dotarse por sí mismas, ya que así lo establece por Ley, más allá del criterio de prudencia y prevención que debe regir en toda organización donde convivan un número importante de personas vulnerables.
En el caso de los PCR, sí hay algo que comparten todos los territorios: los reingresos o nuevas altas en residencias así como la contratación de nuevos profesionales no puede realizarse sin haberse realizado un test con anterioridad en un plazo máximo de 3 días. Pero lo que sí varía es quién se hace cargo de estos PCR, ya que hay regiones en las que nadie los financia o facilita dejando en un limbo a las personas mayores que quieren y/o necesitan vivir en un centro especializado.
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