Falta de plazas, personal y su cualificación, inspección y sujeciones, principales carencias del sector residencial

Como resumen de los aspectos más significativos de lo actuado por el Defensor del Pueblo a lo largo de las tres últimas décadas en materia asistencial de los mayores referida al ámbito residencial, destacan cuestiones que ya se recogieron en el informe de 2018 y merecen ser subrayadas en esta materia, toda vez que no han sido resueltas todavía de manera generalizada:

- Gran dispersión normativa sobre los requisitos que deben reunir los centros residenciales para su acreditación y posterior autorización de
funcionamiento. Se requiere que las CCAA realicen un importante esfuerzo de actualización y armonización.

- Falta un mecanismo común y compartido entre todas las administraciones para recopilar datos de forma eficaz que permitan realizar estadísticas
fiables.

- Se carece de un número suficiente de plazas públicas y concertadas de atención residencial para atender los derechos subjetivos derivados de la Ley de Dependencia. Se requiere de un significativo esfuerzo presupuestario para dotar más plazas.

- Es necesario suficiente personal para prestar servicios en los centros residenciales. Se requiere una profunda revisión al alza de las ratios de personal de atención directa para mejorar la calidad asistencial.

- Importante mejorar la cualificación del personal que presta estos servicios. Las administraciones deben impulsar planes de formación profesional específica.

- Un modelo de residencias sociosanitario, con atención médica y de enfermería más amplia y extensa. Sería útil estudiar su viabilidad y conveniencia.

- Es imprescindible unos servicios de inspección suficientemente dotados de personal correctamente formado, para que puedan llevar a cabo su función de vigilancia de forma eficaz.

- Deben minimizarse las sujeciones físicas y ofrecer certidumbre para los supuestos excepcionales y puntuales en que tales medidas puedan resultar
imprescindibles.

En definitiva, resultan necesarias reformas normativas de calado que garantice a los mayores el ejercicio de una serie de derechos y que se preste una mayor atención presupuestaria, formativa, dotacional e inspectora en los centros residenciales que permita hacer frente a toda una serie de retos que hoy tiene planteado este sector, y que con toda seguridad se incrementara en un futuro inmediato.

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