El Servei Especialitzat d’Atenció a Persones (SEAP) del Consell Comarcal del Baix Llobregat (Barcelona) señala que las mujeres son las que más sufren el maltrato en las personas mayores superando el número de casos a los varones en cada una de las franjas de edad:
- 29,49% frente al 15,38% entre 65 y 84 años (44,87 por ciento)
- 19,23% frente al 7,69% en el tramo de más de 85 años (26,92%)
- 16,67% y 11,54% hasta los 64 (28,21%) años.
Estos datos, correspondientes a 2019, se han presentado esta semana en la jornada 'Los riesgos de envejecer aquí y ahora. Un diálogo crítico sobre los malos tratos a las personas mayores', organizada por la Real Academia Europea de Doctores (RAED) y el SEAP.
Durante 2019, el SEAP ha contabilizado 77 casos de personas mayores y personas en situación de vulnerabilidad con sufrimiento emocional que han padecido diversos tipos de maltrato (una persona puede haber recibido varios tipos de maltrato):
Psicológicos: 29,87%
Físicos: 22,08%
Negligencias en la atención: 33,77%
Maltrato económico: 23,38%
Abandono: 1,3%
Abuso sexual: 1,3%
Otros: 28,57%.
La jornada de reflexión sobre los malos tratos a los mayores tiene como objetivo, según el presidente de la RAED, Alfredo Rocafort, “poner en la agenda pública la situación de vulnerabilidad que sufren las personas mayores y que todavía no están suficientemente reconocida, siendo un grave problema social, económico, jurídico y sanitario que irá a más si no se ponen soluciones por el propio envejecimiento de nuestra sociedad”.
El acto se celebró en el Reial Cercle Artístic de Barcelona.
En este sentido, el psiquiatra y psicogeriatra del SEAP, Josep Moya, afirma que “la población envejece y que tenemos una de las esperanzadas de vida más elevadas del planeta, lo que implica que las consecuencias de la de longevidad hará que el sistema sanitario tendrá que atender más casos de problemas de movilidad, de ictus, de Parkinson, de Alzheimer… de enfermedades derivadas del propio envejecimiento natural de las personas. Y esto se está convirtiendo hoy en día en un problema para la atención sanitaria, incluida la pública, que está orientada a la eterna juventud, lo que se traduce en muchas ocasiones en un maltrato a los pacientes mayores que acuden, por ejemplo, a los hospitales públicos”.
“Estamos en una sociedad de la exaltación de la Dieta Mediterránea, del ejercicio y de la vida saludable, pero realmente existe un problema sobre cómo la sociedad acepta el envejecimiento, el dolor e, incluso, la muerte”, asevera Moya.
“La Administración Pública tiene una mirada alejada de la realidad, tiene poca sensibilidad y se ha preocupado poco sobre el trato que determinadas organizaciones han dado a las personas mayores y que en muchas ocasiones han acabado en abuso y en un maltrato económico, negligencia o, incluso, maltrato físico o psíquico hacia nuestros mayores”, afirma la coordinadora del SEAP, Ester Fornells: “Muchas de estas personas viven solas en residencias o en situaciones complejas que las hacen frágiles y vulnerables. Hace falta mayor sensibilización y hacer un trabajo en la sociedad en general y en las familias ya que la línea entre el maltrato y el no un buen trato es muy fina. De ahí la importancia de prevenir estas situaciones a través de servicios especializados como el SEAP”.
Entre los ponentes de la Jornada organizada por el SEAP y la RAED también se encontraban María Rosa Rubio, vocal del Consejo Fiscal, y Mónica
Rincón, psicóloga forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Las Palmas. El fue inaugurado por José Antonio Monteagudo, conseller de Acció Social del Consell Comarcal del Baix Llobregat, y Alfredo Rocafort, presidente de la RAED.
Los casos del maltrato que fueron tratados por el SEAP vinieron derivados principalmente de centros de salud mental, Fiscalía y policía, servicios de orientación jurídica, centros de residencia y, en su mayoría, de los servicios sociales básicos de ayuntamientos. El SEAP ha solicitado durante este año 21 medidas cautelares para proteger a las personas mayores de estos posibles malos tratos (18 a Fiscalía y 3 directamente en los juzgados) de las que se tramitaron un total de 11.
Expolio económico de los hijos
El presidente del Instituto de Cooperación Internacional de la RAED, José Ramón Calvo, señala que “en los últimos años ha emergido un nuevo y grave problema social: el maltrato a las personas mayores. Sin embargo, es necesario advertir que no se trata tanto de un fenómeno nuevo sino de la salida de su invisibilidad.
En efecto, cada vez más emergen a la superficie casos de malos tratos a personas longevas o ancianas y ello acontece en un amplio abanico de modalidades, desde la negligencia y el abandono a la violencia física o el expolio económico”. Sobre este asunto, Ester Fornells afirma que “la vivienda y el dinero que las personas tienen depositado en los bancos son los dos asuntos en los que gira el maltrato económico. Hacer firmar a los ancianos
que tienen mermadas sus facultades mentales poderes notariales para vender la vivienda o solicitar créditos con el aval de estos y cuyas viviendas acaban embargadas son casos que nos encontramos a menudo en el SEAP”.
En el maltrato económico están involucrados principalmente los hijos, aunque también se han encontrado casos de cuidadores que han logrado poderes notariales que perjudican el patrimonio del anciano. Según los datos del SEAP, en el 36,36% de los casos son los hijos los que están involucrados directamente en el maltrato a las personas mayores (sobre todo por motivos económicos), ya sean directamente ellos quienes realizan el maltrato (33,77%) o en connivencia con otras personas (2,6%).
Resalta también el dato deautolesiones de los ancianos con un 2,6% de los casos. Precisamente, mientras más ingresos tiene el maltratado, más lo padecen: Los que tienen ingresos superiores de 569 euros al mes sufren el 50,65% de los maltratos mientras que solo ha habido un caso de maltrato a una persona sin ingresos.
En cuanto al deterioro cognitivo de las personas mayores maltratadas, el 45,45% tienen bien sus facultades mentales, mientras que el 15,58% tiene un deterioro leve, 10,39% grave, 9,09% moderado y un 19,48% sin valoración facultativa.
El 48,05% de los maltratados no tienen un grado de dependencia aprobado por la Administración, el 37,66% sí lo tienen y reciben ayuda económica y el 14,29% restante tienen un grado de dependencia reconocido, aunque no reciben prestación económica.
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