La publicación el 14 de marzo de la nueva normativa que regula la prestación de servicios a personas en situación de dependencia a través de 3 órdenes y un decreto ha hecho convulsionar el sector de forma notoria.
Tras una legislatura que se daba por perdida en materia de dependencia, pues los avances han sido inexistentes y la administración ha desoído constantemente las propuestas y solicitudes del sector, ha sorprendido la prisa de la Consejería en publicar una norma sin consenso y carente de criterio. Esto ha supuesto que las principales asociaciones que prestan servicio en Cantabria se hayan visto abocadas a acudir a los tribunales para garantizar que no se agraven los problemas que atraviesa el sector en la región.
Con este escenario de falta de consenso, declaraciones cruzadas en la prensa, debates broncos en el Parlamento de Cantabria, demandas judiciales y ninguna solución para las personas en situación de dependencia, familiares de las mismas, trabajadores y entidades, la norma entró en vigor el día 1 de mayo, 4 semanas antes de las elecciones que obligan a la formación de un nuevo ejecutivo.
Así las cosas, el principal impacto que ha generado el cambio de normativa en las circunstancias mencionadas, es que ha aumentado la ansiedad y la crispación en el sector. Se podría deducir que los centros se han focalizado, de inicio, en contratar personal para cumplir la nueva ratio, pero ni siquiera esto se ajusta a la realidad, pues muchos ya trabajaban con más personal del exigido para poder atender a las personas usuarias conforme a criterios de calidad aceptables, y los que no, buscan sin éxito profesionales y auxiliares que incorporar a sus plantillas.
La falta de planificación de los últimos años en lo que a dependencia se refiere, ha derivado en que el sector, además de verse afectado por los recortes de la crisis que no se revertían desde 2011, haya sufrido heridas graves que sangran a borbotones y que nadie, salvo en promesa electoral, ha parecido dispuesto a taponar. Lo que desde las asociaciones se ha venido trasladando durante toda la legislatura es que, antes de tomar medidas cosméticas hablando en la prensa de acceso extendido a Internet en los centros, decoración hogareña y menús a la carta, hay que solventar los problemas endémicos del sector y, en este extremo, la diligencia en la resolución de los mismos no depende únicamente de la dotación presupuestaria, sino también de la voluntad política.
Es evidente que en una región como Cantabria, que envejece a un ritmo preocupante y en la que el sector de la dependencia debería crecer a gran velocidad, urge tomar medidas para crear una estructura firme que sustente el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia. Desde la administración se deben introducir, previo riguroso estudio y planificación, medidas para permitir avanzar y mejorar al sector con la estabilidad que requiere; instaurar una correcta coordinación socio sanitaria para que los usuarios de los centros no sean objeto de discriminación, promover una gestión farmacéutica racional, generar un marco jurídico seguro en el que puedan desenvolverse las entidades, ajustar las ratios a las demandas reales de atención, apostar por la dependencia como fuente de empleo y formar en condiciones a personal suficiente como para cubrir esos puestos pero, también, entender que se debe dignificar la profesión y defender que esté bien remunerada si se pretende mantener el equilibrio de una actividad en auge, dar un servicio de calidad y ser sostenibles.
Al parecer, serán nuevamente los socialistas quienes gestionen desde la administración las políticas de dependencia. La intención, según su propio programa y lo expresado en las reuniones mantenidas con el sector, es abordar con diligencia las cuestiones que plantean quienes han realizado tantos sacrificios por mantener a flote la red de centros y servicios. El reto no es pequeño, pues además de resolver, hay que proyectar para crecer.
Se puede pronosticar una gran legislatura en materia de dependencia si quien lidera dicha gestión, realiza una auténtica apuesta por el sector, pues tendrá de su lado a quienes hasta ahora han velado con inquietud por su resistencia.
Rubén Otero es presidente de FED Cantabria
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