El Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha comparecido esta semana en la Comisión de Políticas Sociales y Familia en la Asamblea de Madrid para explicar las quejas que está recibiendo la Institución sobre el funcionamiento y la situación de las residencias para mayores de la Comunidad de Madrid.
El Defensor ha pedido revisar los estándares y las ratios de personal en estos centros, que en su opinión “no son útiles en este momento” ya que fueron establecidos en 2008 y aunque Madrid los supere siguen sin ser suficientes para lograr una atención de calidad debido a la dependencia creciente de los usuarios. Además, ha reclamado mayor financiación y más medios para mejorar la atención a las personas mayores.
Fernández Marugán ha destacado que en los últimos años se ha producido un aumento de las quejas de usuarios, familiares y trabajadores sobre las residencias en la Comunidad de Madrid, denunciando insuficiencia de plazas, pérdida de calidad en la atención y escasez de personal y medios.
El pasado año, la Institución inició tanto actuaciones de oficio, como actuaciones motivadas por reclamaciones firmadas por numerosas usuarios, familiares y/o trabajadores de distintas residencias públicas y privadas de la Comunidad de Madrid..
Tras iniciar estas actuaciones el Defensor ha pedido al Gobierno regional que estudie y mejore las ratios de personal de atención directa por usuario, teniendo en cuenta las categorías, los turnos y los grados de dependencia de los usuarios, y que adopte medidas a corto y medio plazo para lograr una atención centrada en la personas y en sus derechos.
El Defensor del Pueblo ha señalado que la Comunidad de Madrid “cuenta con un número elevado de personas en situación de dependencia y que tienen reconocido el servicio de atención residencial pero no pueden acceder al mismo por falta de plazas”.
De acuerdo con los informes remitidos por la Consejería de Política Social y Familia, la lista de espera para el acceso a una residencia en julio de 2017 era de 6.839 personas con dicha prestación reconocida como la más adecuada para atender su situación, aunque 4.718 tienen reconocido otro servicio o prestación de manera transitoria hasta que acceden a la plaza residencial pública o concertada. Por ello, Fernández Marugán ha reclamado una mejora de la financiación de este servicio y ha asegurado que hará un seguimiento de las previsiones de reducción de las listas de espera en 2018.
El Defensor ha finalizado su comparecencia recordando que la Institución mantiene abierta una actuación de oficio con todas las Comunidades y ciudades autónomas para examinar las características y dotación de las residencias de mayores y detectar las dificultades existentes para que estos ciudadanos accedan a servicios adecuados a sus necesidades.
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