El Estado aportó en 2016 el 17,4% de la financiación pública del Sistema de Dependencia.
El Gobierno está ultimando la aprobación del Real Decreto por el que se determina el nivel mínimo de protección garantizado a las personas beneficiarias del Sistema de Atención a la Dependencia. El documento está sometido a trámite de información pública hasta el 19 de septiembre. Esto significa que cualquier ciudadano titular de un derecho, así como asociaciones y otras entidades, afectadas por un proceso normativo, pueden aportar su opinión al respecto.
En este proyecto de Real Decreto, el Gobierno plantea una subida del Nivel Mínimo Garantizado de 17,66 euros mensuales para los dependientes de Grado III, que pasarían de cobrar 177,86 euros a cobrar 195,52 euros; de 2,87 euros al mes para los dependientes de Grado II, que pasarán de cobrar 82,84 euros a 85,71 euros al mes; y de 10,78 euros al mes para los dependientes moderados, que pasarían de cobrar 44,33 euros a 55,11 euros al mes.
Con estas cantidades, el total estimado para el nivel mínimo en el ejercicio 2017 sería de 1.220 millones de euros, ya que en el proyecto se especifica que "entrará en vigor el día de su publicación en el Boletín Oficial del Estado, con efectos del día 1 de enero de 2017".
Según ha declarado a N&G Jose Manuel Ramírez Navarro, presidente de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales, "la subida es irrisoria y totalmente insuficiente. Lo que han hecho es asignar esta partida comprometida en los presupuestos en virtud del acuerdo con Ciudadanos, que de otro modo no hubieran podido gastar". Para Ramírez Navarro, "hay que recuperar los niveles mínimos que teníamos antes de 2012. Siguen en lista de espera 320.000 personas que no reciben prestación, y cada día mueren 100 personas con derecho a prestación que no la han recibido".
Esta asociación denunció hace unos días que en agosto aumentó la lista de espera que afecta a los grandes dependientes y dependientes severos. Según sus datos, actualmente "más de una tercera parte de las personas desatendidas (38%), son dependientes con Grado II o III; en total 120.925 personas". La asociación tacha de la situación de "injusta" porque "deja abandonadas a las personas con mayores y más urgentes necesidades de atención" que además precisan los servicios más costosos para las arcas autonómicas. "La razón del estancamiento en la reducción de la lista de espera para estos grados bien podría estar que la incapacidad financiera de prestar los apoyos necesarios, mientras que la atención a los Grado I se está resolviendo en muchas ocasiones con atenciones low cost", consideran.
El Estado aportó sólo el 17,4%
La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales de España presentó esta semana en Santander su último estudio sobre financiación pública del sistema en el que destaca que la Administración General del Estado aportó en 2016 el 17,4% de la financiación pública del Sistema de Autonomía Personal y Atención de la Dependencia frente al 82,6% aportado por las Comunidades Autónomas.
Añade que el gasto promedio por persona en situación de dependencia atendida en 2016 ascendió a 8.349 euros anuales, de los cuales, según los antedichos porcentajes, 6.896 fueron aportados por las CCAA, y solo 1.453 euros, por el Gobierno central.
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