La regularización extraordinaria puede ayudar a cubrir la creciente necesidad de cuidadores en España, pero solo tendrá un efecto verdaderamente positivo si se acompaña de selección, formación, acreditación de competencias, contratación legal y condiciones laborales dignas.
España acaba de cerrar una de las mayores operaciones de regularización administrativa de personas migrantes de su historia reciente. El plazo para presentar solicitudes finalizó el 30 de junio de 2026 y, desde el 1 de julio hasta el 30 de septiembre, se desarrolla la fase de subsanación y aportación de documentación. Al cierre del procedimiento, el Gobierno comunicó que se habían presentado más de un millón de solicitudes.
Nos encontramos, por tanto, ante una actuación de enorme alcance social, laboral y económico. También ante una oportunidad que puede contribuir a responder a uno de los mayores retos presentes y futuros de nuestro país: disponer de suficientes profesionales preparados para atender a una población cada vez más envejecida y a un número creciente de personas que necesitan cuidados por razón de edad, enfermedad, discapacidad, dependencia o cualquier otra circunstancia de vulnerabilidad.
Sin embargo, conviene dejar clara una idea desde el principio: regularizar no es lo mismo que profesionalizar.
La regularización permite salir de la invisibilidad administrativa, acceder legalmente al empleo, cotizar a la Seguridad Social y ejercer derechos y obligaciones laborales. Pero la autorización para trabajar no convierte automáticamente a nadie en cuidador profesional. Para cuidar bien se necesitan, de forma inseparable, actitud y aptitud.
La regularización puede abrir la puerta. La formación, la acreditación, la selección responsable y las condiciones laborales dignas deben permitir recorrer el camino.
El desafío de los cuidados no es coyuntural. Es estructural.
Las últimas proyecciones del Instituto Nacional de Estadística indican que las personas de 65 años o más representan actualmente el 21,1 % de la población española y que, si se mantienen las tendencias demográficas, este porcentaje podría alcanzar un máximo del 30,9 % en 2076.
El Ministerio de Derechos Sociales estima que, a finales de 2024, trabajaban unas 489.900 personas en los servicios residenciales, centros de día y de noche y ayuda a domicilio vinculados al Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.
Incluso en el escenario más conservador, manteniendo el ritmo actual de expansión del sistema, España necesitaría alcanzar aproximadamente los 751.300 profesionales en 2030. Esto implica incorporar 261.400 trabajadores adicionales en apenas seis años. En un escenario de cobertura universal y mayor desarrollo de los servicios profesionales de base comunitaria, la necesidad podría ascender hasta 1.129.200 profesionales, es decir, 639.400 más que en 2024.
Las residencias, los centros de día, las empresas de ayuda a domicilio, las entidades de atención a la discapacidad y el conjunto del sector sociosanitario ya encuentran dificultades para captar y retener personal cualificado. Esta escasez no puede resolverse exclusivamente mediante más contratación. Requiere trabajar simultáneamente sobre cuatro grandes objetivos:
captar, cualificar, acreditar y dignificar.
La regularización extraordinaria puede contribuir de forma muy relevante al primero de ellos. Pero sus efectos serán limitados si no avanzamos también en los otros tres.
El Real Decreto 316/2026, de 14 de abril, ha regulado distintas autorizaciones extraordinarias para personas extranjeras que ya se encontraban en España antes del 1 de enero de 2026 y que acreditasen, con carácter general, una permanencia continuada de al menos cinco meses, ausencia de antecedentes penales y el cumplimiento de los restantes requisitos establecidos.
En el procedimiento de arraigo extraordinario también debía acreditarse alguna de las circunstancias previstas en la norma: haber trabajado o manifestar una intención real de trabajar, disponer de determinados vínculos familiares o encontrarse en situación de vulnerabilidad. Para acreditar la intención de trabajar por cuenta ajena, podían presentarse uno o varios contratos cuya duración total superase los noventa días en un año.
Una vez comunicada la iniciación del procedimiento, las personas solicitantes quedan provisionalmente habilitadas para residir y trabajar, por cuenta ajena o propia, en cualquier lugar de España y en cualquier ocupación o sector de actividad, mientras se resuelve su expediente. Si la autorización definitiva es concedida, tendrá una vigencia inicial de un año, tras el cual deberá tramitarse su modificación o continuidad mediante alguna de las figuras ordinarias previstas en el Reglamento de Extranjería.
Esta autorización general para trabajar abre una posibilidad indudable para el sector de los cuidados. Muchas de las personas regularizadas ya han trabajado, incluso durante años, cuidando a personas mayores, enfermas o con discapacidad en domicilios particulares, pero lo han hecho en condiciones de irregularidad, sin contrato o con una protección laboral insuficiente.
La regularización puede permitir que esa experiencia deje de permanecer oculta, pueda documentarse, evaluarse y, cuando cumpla los requisitos, reconocerse oficialmente.
También puede facilitar que quienes no tienen experiencia previa, pero poseen las capacidades personales adecuadas y desean desarrollar una carrera profesional en los cuidados, accedan a formación especializada y a oportunidades de empleo estable.
Sería un grave error enfocar este proceso únicamente como una forma rápida de cubrir vacantes difíciles de ocupar.
Las personas migrantes no deben convertirse en una reserva permanente de trabajadores baratos destinados automáticamente a las ocupaciones más exigentes, peor remuneradas o menos reconocidas. Tampoco se debe presuponer que una persona, por su nacionalidad, sexo, situación económica o necesidad de empleo, está preparada para cuidar.
El cuidado no puede asignarse por descarte. Debe elegirse, aprenderse y ejercerse profesionalmente.
La regularización solo dignificará los cuidados si permite sustituir relaciones laborales informales por contratos legales, salarios adecuados, cotizaciones sociales, descanso, prevención de riesgos laborales, formación continua, supervisión profesional y posibilidades reales de progresión.
El propio informe oficial sobre las necesidades de trabajadores de cuidados advierte de las dificultades para atraer profesionales debido a la escasa valoración social y a unas condiciones laborales exigentes. Ocho de cada diez personas que trabajan en el sector son mujeres; el 73 % está expuesto a riesgos para su salud física o mental; el 47 % de las trabajadoras de atención domiciliaria tiene contratos a tiempo parcial y su remuneración por hora es, de media, un 35 % inferior al salario medio.
No podemos pretender resolver la falta de cuidadores incorporando personas migrantes sin abordar, al mismo tiempo, las causas que dificultan la captación y retención de profesionales.
La regularización es una política de derechos y de ordenación laboral. No puede convertirse en una política de abaratamiento del cuidado.
Cuidar significa entrar en la intimidad de otra persona. Significa ayudarla a asearse, alimentarse, vestirse o desplazarse; acompañarla cuando siente miedo, dolor, confusión o soledad; respetar sus decisiones; proteger su privacidad y preservar su autonomía incluso cuando necesita apoyos intensos.
Por eso, antes de hablar de titulaciones, debemos hablar de valores y comportamientos.
La actitud para cuidar comprende, entre otras cualidades:
No todas estas cualidades pueden enseñarse desde cero. Algunas forman parte de la personalidad, la educación y los valores de cada candidato. Sin embargo, sí pueden evaluarse, reforzarse y desarrollarse mediante procesos adecuados de selección, formación, acompañamiento y supervisión.
Las empresas y entidades del sector deberían incorporar entrevistas por competencias, análisis de situaciones reales, comprobación de referencias, evaluación de habilidades comunicativas y periodos de adaptación supervisados. No basta con comprobar la disponibilidad inmediata o la necesidad de trabajar.
Una persona puede aprender una técnica de movilización. Resulta mucho más difícil enseñarle a respetar a quien no puede expresarse, a comprender el temor de una persona con demencia o a preservar la dignidad de quien depende completamente de otras personas.
La buena voluntad es imprescindible, pero no suficiente.
Un cuidador profesional debe saber realizar correctamente intervenciones relacionadas con la higiene, la alimentación, la movilidad, las transferencias, la prevención de caídas y úlceras por presión, la atención psicosocial, la comunicación, la promoción de la autonomía y la coordinación con el equipo interdisciplinar.
Debe reconocer señales de alerta, comprender los límites de su actuación, aplicar los protocolos del centro o servicio, registrar adecuadamente la información y pedir ayuda cuando la situación lo requiera.
La aptitud profesional protege a la persona atendida, pero también al cuidador. Reduce accidentes, errores, sobreesfuerzos físicos, conflictos, situaciones de maltrato involuntario y desgaste emocional.
En España, el Certificado Profesional de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales —SSCS0208— es una cualificación de nivel 2 y comprende 450 horas de formación. Sus unidades de competencia abarcan la organización de las intervenciones en instituciones, la atención física, la atención sociosanitaria y el apoyo psicosocial, relacional y comunicativo. Está relacionado con ocupaciones como cuidador de personas dependientes en instituciones y gerocultor.
La normativa sobre calidad de los centros y servicios de atención a la dependencia exige que el personal de atención directa disponga de la cualificación profesional correspondiente, que puede acreditarse mediante distintos títulos de Formación Profesional, certificados profesionales o procedimientos de acreditación de competencias.
Por eso debemos insistir en una afirmación fundamental:
La actitud sin aptitud puede provocar daños; la aptitud sin actitud puede deshumanizar los cuidados.
Solo la unión de ambas permite ofrecer una atención segura, competente, respetuosa y centrada en la persona.
Para aprovechar responsablemente esta oportunidad, las administraciones públicas, las patronales, las empresas, las entidades sociales y los centros de formación deberíamos colaborar en la creación de un itinerario integrado:
regularización → orientación → selección → formación → acreditación → contratación → carrera profesional.
En primer lugar, deberían identificarse las personas regularizadas interesadas realmente en trabajar en los cuidados, sin dirigirlas automáticamente hacia este sector por su origen o situación socioeconómica.
En segundo lugar, habría que realizar un diagnóstico individual de sus competencias: experiencia previa, formación realizada en España o en el país de origen, dominio del idioma, capacidades digitales, habilidades relacionales y necesidades de aprendizaje.
En tercer lugar, quienes ya hayan cuidado profesionalmente deberían recibir apoyo para recopilar y documentar su experiencia laboral y formación no formal. La irregularidad administrativa anterior puede dificultar la acreditación documental, pero no significa necesariamente que esa experiencia no exista. Deben buscarse fórmulas rigurosas para comprobarla, sin rebajar los criterios de evaluación.
En cuarto lugar, las personas que no dispongan de las competencias suficientes deberían acceder a programas formativos completos, flexibles y compatibles con sus responsabilidades familiares y laborales.
En quinto lugar, las empresas deberían vincular la formación a compromisos de contratación, estabilidad y desarrollo profesional. Formar personas para devolverlas a la precariedad no resolverá el problema de la rotación.
Finalmente, debería reforzarse la formación continua en materias como atención centrada en la persona, demencias, salud mental, discapacidad, movilización segura, primeros auxilios, prevención del maltrato, comunicación, competencias digitales y gestión emocional.
La regularización también puede tener un efecto directo sobre el acceso al procedimiento de acreditación de competencias profesionales.
Para participar en este procedimiento en la Comunidad de Madrid, las personas extranjeras deben ser titulares de una autorización de residencia o de residencia y trabajo en vigor, además de cumplir los requisitos de edad, experiencia laboral o formación no formal correspondientes al nivel de la cualificación.
Por tanto, la autorización obtenida mediante la regularización puede eliminar una barrera administrativa que hasta ahora impedía a muchas personas acreditar oficialmente lo que habían aprendido trabajando.
La acreditación de competencias permite evaluar y reconocer las unidades de competencia adquiridas mediante la experiencia laboral o la formación no formal. Las acreditaciones obtenidas son acumulables y pueden facilitar la consecución de un certificado profesional completo, siempre que la persona reúna y acredite todas las unidades necesarias.
No se trata de regalar títulos ni de reducir exigencias. Se trata de reconocer de manera rigurosa las competencias que una persona ya posee y completar, mediante formación, las que todavía necesita adquirir.
Desde SUPERCUIDADORES llevamos más de una década trabajando para visibilizar y reconocer la labor de los cuidadores, cualificar y acreditar sus competencias y facilitarles el acceso al empleo.
Dentro de este compromiso ofrecemos la formación de Atención Sociosanitaria a Personas Dependientes en Instituciones Sociales —SSCS0208—, con una carga lectiva de 450 horas y en modalidad 100 % online, especialmente diseñada para facilitar la conciliación personal, familiar y laboral.
La formación puede realizarse a través de un itinerario ordinario de Atención Sociosanitaria, con acompañamiento tutorial y una planificación progresiva.
También hemos desarrollado una modalidad intensiva de Atención Sociosanitaria, dirigida a personas que necesitan completar la formación en un periodo más reducido y que pueden asumir una dedicación diaria elevada. Esta modalidad permite completar en cinco semanas las mismas 450 horas lectivas y los mismos contenidos formativos, sin reducir las competencias que deben adquirirse.
Es importante precisar que completar la formación, tanto en la modalidad ordinaria como en la intensiva, no supone la obtención automática de una acreditación oficial. La Administración competente debe evaluar las competencias dentro del procedimiento correspondiente y resolver su acreditación. No existen atajos respecto a los conocimientos y capacidades que debe demostrar un profesional.
En junio de 2025, la Comunidad de Madrid y SUPERCUIDADORES firmamos un convenio para crear un punto de información y orientación destinado a acompañar a las personas interesadas en acreditar las competencias adquiridas mediante la experiencia laboral o vías no formales de formación. Este convenio ha sido renovado y ampliado en junio de 2026.
SUPERCUIDADORES informa, orienta y acompaña a los candidatos durante el procedimiento. La Comunidad de Madrid, como Administración competente, organiza, gestiona y supervisa la evaluación y expide las acreditaciones oficiales correspondientes.
Este modelo de colaboración público-privada puede ser especialmente útil para las personas migrantes regularizadas que ya tengan experiencia o formación en cuidados y necesiten convertirlas en una cualificación oficialmente reconocida.
La regularización extraordinaria no resolverá por sí sola la escasez de cuidadores. Tampoco sustituye la necesidad de financiar adecuadamente el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, actualizar los precios de los conciertos, revisar las ratios, mejorar los salarios y reducir la temporalidad y la parcialidad no deseada.
Pero sí puede ayudarnos a aflorar talento que ya se encuentra en España, combatir la economía sumergida, reducir situaciones de explotación, aumentar las cotizaciones sociales y ofrecer a miles de personas un proyecto de integración y desarrollo profesional.
Las patronales y empresas del sector tienen ahora la oportunidad de participar activamente en este proceso: identificando necesidades de contratación, colaborando con centros formativos, ofreciendo oportunidades a quienes completen su cualificación y creando carreras profesionales que favorezcan la permanencia.
Las administraciones deben facilitar el acceso a la formación y la acreditación, agilizar la evaluación de competencias, reforzar la orientación laboral y garantizar que la contratación se realice dentro de la legalidad y con condiciones dignas.
Los centros formativos tenemos que mantener el rigor, adaptar las metodologías a perfiles diversos y acompañar a cada persona sin confundir flexibilidad con reducción de exigencias.
Y quienes deseen trabajar como cuidadores deben asumir que se incorporan a una profesión de enorme responsabilidad, en la que el aprendizaje, el compromiso ético y la mejora continua son imprescindibles.
Regularizar derechos, profesionalizar cuidados
España necesita más profesionales de los cuidados, pero, sobre todo, necesita mejores cuidados.
La regularización puede ampliar la base de personas disponibles para trabajar y dar seguridad jurídica a quienes ya estaban cuidando en la sombra. Puede transformar empleo irregular en empleo protegido y experiencia invisible en competencias reconocidas. Puede favorecer la integración, la autonomía económica y la contribución a la Seguridad Social.
Pero para que esta oportunidad produzca un cambio verdaderamente positivo debemos evitar dos errores: considerar que cualquier persona puede cuidar sin preparación y utilizar la inmigración para perpetuar la precariedad del sector.
Cuidar exige humanidad, pero también profesionalidad. Exige empatía y conocimientos; vocación y técnica; actitud y aptitud.
Nuestro objetivo no debe limitarse a cubrir puestos de trabajo. Debemos construir un sistema capaz de captar personas adecuadas, cualificarlas, acreditar sus competencias, contratarlas dignamente y ofrecerles una trayectoria profesional estable.
Solo así la regularización contribuirá a dignificar a quienes cuidan y, sobre todo, a garantizar que las personas mayores, enfermas, con discapacidad o en situación de dependencia reciban la atención excelente que merecen.
Aurelio López-Barajas de la Puerta es CEO de SUPERCUIDADORES