La consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, ha suscrito esta semana en Sevilla un convenio con el presidente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), Fernando Rodríguez Villalobos, que permitirá mejorar y agilizar la respuesta en los procesos de reconocimiento de la situación de dependencia y del derecho a las prestaciones.
El plan aprobado por el Consejo de Gobierno busca avanzar en la atención de las personas sin prestación reconocida y reducir los tiempos de respuesta. La nueva estrategia, de carácter anual, cuenta con un presupuesto de 25 millones de euros que permitirá atender en Andalucía a más de 234.000 personas en situación de dependencia a finales de 2017.
Sánchez Rubio ha destacado que el acuerdo pone de relieve “el papel fundamental que juegan las diputaciones y los ayuntamientos” en la atención a las personas en situación de dependencia. Los ayuntamientos son la puerta de entrada al sistema a través de los servicios sociales comunitarios, ha recordado.
Igualmente ha subrayado también “que este acuerdo supone un importante avance para la incorporación de las personas con dependencia moderada reconocida, ya que, entre otras medidas, se potenciará la utilización de la red de Centros de Participación Activa (más de 900 en toda Andalucía), tanto los gestionados por la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales (168) como por las Corporaciones Locales, para los servicios de promoción de la autonomía personal y promoción de la dependencia.
Además, la consejera ha destacado que el convenio “permite el establecimiento de cláusulas mínimas comunes en los procedimientos de adjudicación de contratos para la gestión de servicios del catálogo de prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia de Andalucía, fundamentalmente en lo que respecta a la inclusión de cláusulas sociales en el ámbito de la contratación”.
Plan para reforzar la Dependencia
El plan se estructura en tres bloques de medidas, referentes a agilización de procedimientos, ampliación de supuestos de excepcionalidad y mejora de la atención a las personas con dependencia moderada. El documento amplía y define nuevos supuestos de acceso a la prestación económica para el cuidado en el entorno familiar y el apoyo a cuidadores no profesionales.
De este modo, se incorporan a los menores de 21 años en etapa escolar; las personas con enfermedad mental que permanecen con la familia, y aquellas con necesidades especiales para las que el servicio de ayuda a domicilio o de centro de día resultan insuficientes y para las que la atención residencial se desaconseja por los servicios sociales comunitarios.
Igualmente, el plan reforzará las medidas comprometidas en el I Plan Andaluz de Promoción de la Autonomía Personal y Prevención de la Dependencia 2016-2020, y se ampliará la utilización de la red de Centros de Participación Activa de la Junta.
Entre otras acciones, destaca también el reconocimiento del Servicio de Teleasistencia Avanzada como la prestación principal para las personas con dependencia moderada, en lugar de complementaria como era hasta ahora. Este servicio permite detectar situaciones de riesgo mediante el uso de dispositivos periféricos en el hogar; facilita la atención fuera del domicilio con elementos móviles y de localización; favorece la actuación de los servicios de urgencias y emergencias sanitarias, y tramita con mayor agilidad las citas médicas y consejos sanitarios a través de la integración en la plataforma de asistencia del 061 y Salud Responde.
Por último, ha ratificado una vez más el compromiso con la Ley de Dependencia como avala el presupuesto de la Junta para este año, que contempla una partida presupuestaría de 1.181 millones de euros, un 2,5% más que en 2016. El compromiso de la Administración andaluza es que el incremento continúe hasta alcanzar el 10% acumulado a lo largo de la legislatura, ha asegurado la consejera.
No al nuevo reparto de subvenciones del Estado a cargo del IRPF
En Madrid, Sánchez Rubio ha señalado en la reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia que la Junta de Andalucía se va a oponer al nuevo reparto de subvenciones del Estado a cargo del IRPF, ya que "invade" competencias en materia de servicios sociales de las comunidades autónomas.
Ha explicado que el borrador de Real Decreto opta por un modelo de gestión mixto, con un tramo estatal y un tramo autonómico, pese a que las competencias son exclusivas de las comunidades. Por tanto, lo que propone el Ejecutivo es "sustancialmente contrario a lo que dice el Tribunal Constitucional".
Ha denunciado también que "desconocemos los criterios de reparto para la asignación del IRPF de unos 400 millones, así como los créditos asignados a las comunidades autónomas".
Por otra parte, la consejera ha avanzado que en la reunión la Junta también reclamará al Gobierno central que reconozca la Teleasistencia Avanzada que reciben más de 28.200 personas en situación de dependencia en Andalucía. Sánchez Rubio ha subrayado que el Gobierno de la Nación debe por este servicio a Andalucía "16 millones de euros, dos millones más cada mes que pasa. Lo más alarmante es que sí reconoce a nivel estadístico a estas más de 28.000 personas beneficiarias en Andalucía, pero no abona el dinero correspondiente".
La Teleasistencia Avanzada incluye, entre otras prestaciones, la detección de situaciones de riesgo mediante el uso de dispositivos periféricos capaces de detectar o prevenir las mismas. A su vez, facilita la atención fuera del domicilio con la utilización de dispositivos móviles y de localización, la atención a las urgencias y emergencias sanitarias, las citas médicas y los consejos sanitarios a través de la integración entre la plataforma de Teleasistencia con la del 061 y Salud Responde, así como la realización de campañas, programas o actividades de prevención de la dependencia y de promoción de la autonomía personal, con el fin de lograr hábitos de vida saludable que promocionen el envejecimiento activo, la convivencia y el autocuidado.
La Junta de Andalucía está potenciando el reconocimiento del Servicio de Teleasistencia Avanzada como la prestación principal para las personas con dependencia moderada, en lugar de complementaria como era hasta ahora. Sánchez Rubio ha recordado que además de los más de 16 millones por la Teleasistencia Avanzada, el Gobierno central debe a Andalucía desde 2012 un total de 625 millones de euros tras la aprobación de los Presupuestos Generales de Estado de 2017 por parte del Consejo de Ministros.