Pasa a menudo que nos hacemos promesas que suelen tener que ver con comida y ejercicios. Yo propongo que nos planteemos intentar pensar más a largo plazo y venzamos el freno que nos supone para ello el día a día. Y pensar a largo plazo, en lo que nos ocupa en Dependenciai.info, es hacerlo en el envejecimiento de la sociedad, significa atreverse a mirar de frente un escenario que será cada vez más incómodo: una sociedad superenvejecida en la que las decisiones políticas supondrán, cada vez con más fuerza, sacrificios para alguien.
Hace tiempo clausuré un acto con una intervención breve sobre ese futuro. Breve, pero incómoda. Porque hay una pregunta que sigue siendo igual de perturbadora: ¿qué haremos cuando el 35% de la población tenga más de 65 años? Es una situación inédita en la historia española. Pero es lo que están viviendo en Japón y una situación a la que nos acercamos irremediablemente.
Imaginemos algo muy simple y, a la vez, explosivo: que las personas mayores se organicen y decidan que la actualización y el pago de las pensiones y los servicios derivados del envejecimiento deben ser la máxima prioridad de la acción de gobierno. No hablo de una legión de jubilados caprichosos sino de ciudadanos que se organizan democráticamente para ejercer sus derechos. Y lo hacen movidos en parte por el miedo a perder lo que consideran un derecho ganado. Miedo a que, al final de la vida, les cambien las reglas.
¿Podría ganar unas elecciones un partido con ese mensaje? Perfectamente. Y entonces vendría la pregunta que de verdad pica: ¿lo aguantaría la sociedad? ¿O se generaría una oleada de gerontofobia, un “ya está bien” dirigido a quienes, por pura aritmética demográfica, tienen más peso electoral?
En Estados Unidos, la AARP, una asociación de personas jubiladas con una capacidad de influencia que aquí todavía no hemos aprendido a medir, lanzó un anuncio en televisión hacia 2011 con una frase muy clara: “No soy un número ni un asiento contable en unos presupuestos. Pero si piensan recortar la atención sanitaria o las pensiones, piensen en un número: 50 millones, el número de jubilados con derecho a voto en las próximas elecciones”.
Yo, si tengo que ser sincero, me siento cerca de lo que defiende AARP, aunque entiendo el riesgo de la propuesta. Las personas mayores no son números. Y, sobre todo, no deberían convertirse en el comodín de cada legislatura.
Ahora bien, también conviene poner contexto. Muchos de esos jubilados que reclamaban hace quince años eran quienes nacieron justo antes o durante una guerra. Eso significa que podían exigir, con una legitimidad moral difícil de discutir, que no les recortemos al final de su vida los beneficios de una sociedad que construyeron a base de sacrificio y esfuerzo partiendo de una posguerra, resulta difícil de defender.
El problema es que el calendario no perdona.
Imaginemos ese mismo anuncio hoy, o dentro de diez años, cuando yo tenga setenta, y situado en España. Un jubilado reclama que no se toquen los beneficios sociales (pensiones y sanidad) en una situación en la que habrá tantos jubilados como personas en edad de trabajar. Mantener el sistema, si es que es posible entonces, solo será concebible a base de recortar otros capítulos: educación, infraestructuras, servicios sociales para otros colectivos, seguridad… y lo que haga falta.
Y aquí aparece el conflicto que nadie quiere verbalizar, porque huele a pelea familiar: la tensión intergeneracional.
Es muy posible que a los jóvenes de entonces no les guste que los mayores hagan reivindicaciones. ¿Por qué? Porque, quizá a sus ojos, esa generación que reclama sea vista como la culpable de una decadencia sin parangón. Así como los mayores de hoy pueden decir “nosotros creamos lo que tenemos”, a mi generación, la del baby boom, tal vez nos culpen de lo que haya entonces.
Y la acusación podría sonar así, sin adornos:
¿Por qué, sabiendo con tantos años de antelación que se acercaba el colapso, no hicisteis nada?
¿Por qué no os sacrificasteis un poco pensando en que el futuro llegaba?
¿Os endeudasteis hasta las cejas para no asumir sacrificios, comprometisteis el medio ambiente y ahora venís exigiendo?
Son preguntas duras. Y lo peor es que no son absurdas.
A eso se suma otra capa que a menudo olvidamos cuando hablamos de “sostenibilidad” como si fuera un concepto abstracto: la dependencia financiera. Hoy, para mantener los gastos corrientes del Estado (sanidad universal, pensiones, paro, dependencia), pedimos dinero prestado. Y parte de ese dinero viene de países en los que esos conceptos no son vistos como una primera necesidad, sino como un lujo que nos permitimos sin podérnoslo pagar.
El día que nuestros máximos acreedores sean países en los que el estado del bienestar se considera un capricho innecesario, tendremos problemas serios. No por maldad ajena, sino por una realidad sencilla: quien presta, condiciona. Y cuando el margen se estrecha, las decisiones dejan de ser ideológicas y pasan a ser inevitables.
¿Quiero decir que las personas mayores no deben reivindicar? No. Sería injusto y, además, ingenuo. Las reivindicaciones son legítimas. Lo que digo es que una sociedad superenvejecida no puede sostenerse solo a base de consignas. Necesita pactos, y necesita algún tipo de reparto de cargas que no se viva como castigo, sino como responsabilidad compartida.
Porque, si no lo hacemos, el debate del futuro no será “cómo protegemos dignamente la vejez”. Será otro, mucho más desagradable: a quién le toca perder, y cuánto.
Yo planteé todo esto, y otros temas por el estilo, para generar reflexión y debate. Aprovechemos este arranque de año para hacer lo que casi nunca hacemos: dejar de mirar el problema como si fuera de otro. Porque la aritmética demográfica no se negocia. Y, en democracia, los números, además, votan.
Autor del texto Josep de Martí Vallés. Jurista y Gerontólogo. Fundador de Inforesidencias.
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