Este acuerdo representa un cambio significativo en la percepción de la vejez, similar al impacto que tuvo la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Esta convención transformará la legislación española relacionada con pensiones, sanidad y derechos humanos, promoviendo una visión más positiva y digna de la vejez.
En un evento reciente, el presidente de la Plataforma de Mayores y Pensionistas, Jesús Norberto Fernández, y la presidenta de HelpAge International España, Isabel Martínez, destacaron la importancia histórica que representa la inminente aprobación de la futura Convención Internacional de Derechos de las Personas Mayores. Este acuerdo se perfila como un cambio significativo en la percepción de la vejez, similar a lo que ocurrió hace dos décadas con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad.
Durante el diálogo titulado ‘Los derechos de las personas mayores: hacia una convención de la ONU’, también participó María del Carmen Barranco, directora del Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces-Barba en la Universidad Carlos III de Madrid. El evento fue moderado por José Manuel González Huesa, director general de Servimedia.
Fernández subrayó que este es un “momento histórico” que seguirá a la “gratísima noticia” de que en 2025 el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobará una resolución para iniciar la redacción del texto. Este avance culmina un “proceso muy largo” que ha requerido años de trabajo y espera.
El presidente enfatizó el “importante impacto” que tendrá esta convención en la vida cotidiana de las personas mayores en España, así como en la legislación y organización administrativa del país. Destacó que es crucial adaptar las políticas ante el “intensísimo proceso de envejecimiento” que atraviesan las sociedades modernas.
A este respecto, anticipó que al igual que sucedió con la Convención sobre Discapacidad, ratificar esta nueva convención obligará a España a revisar toda su normativa relacionada con pensiones, sanidad y derechos civiles. Esto no solo implica adecuar leyes existentes a los nuevos postulados, sino también llenar vacíos legales donde sea necesario.
Fernández también mencionó el “impacto financiero” derivado de esta ratificación, lo cual mejorará los sistemas de protección del Estado del bienestar y perfeccionará aspectos relacionados con cuidados prolongados y accesibilidad. Isabel Martínez celebró el compromiso del Ministerio de Asuntos Exteriores y del Imserso para liderar este esfuerzo internacional frente a otros países más escépticos.
Martínez instó a ser “políticamente incisivos” con los gobiernos para asegurar un apoyo firme hacia esta convención, enfatizando que no se trata solo de un instrumento burocrático sino una herramienta vital para garantizar derechos humanos fundamentales.
A pesar del enfoque tradicionalmente negativo asociado a las personas mayores —como dependencia o gasto social— Martínez argumentó que esta convención puede ayudar a cambiar esa narrativa. Afirmó que se necesita una nueva perspectiva sobre cómo abordamos y dignificamos esta etapa vital.
Finalmente, Barranco destacó el potencial papel fundamental del Estado español en promover los derechos humanos a nivel internacional. Subrayó que ratificar este tratado generaría obligaciones para reportar periódicamente sobre los derechos de las personas mayores en España, similar a lo que ya ocurre con las personas con discapacidad.
La existencia misma de una convención internacional podría actuar como un catalizador para impulsar cambios culturales significativos contra el edadismo y visibilizar los derechos ya reconocidos pero no garantizados efectivamente para este colectivo.