El Parlamento de Cataluña ha aprobado este miércoles 19 de noviembre la Ley de creación de la Agencia de Atención Integrada Social y Sanitaria (AGAISS-Cat). Se trata de un organismo largamente reivindicado —y el primero en toda España— cuyo objetivo fundacional es unificar y coordinar, bajo un mismo paraguas operativo, los sistemas públicos de salud y de servicios sociales, dos ámbitos que históricamente han funcionado como departamentos separados y de forma paralela a pesar de atender a las mismas personas.
La norma ha salido adelante con una holgada mayoría parlamentaria —102 votos a favor procedentes del PSC, Junts, ERC y Comuns—, mientras que el Partido Popular y Aliança Catalana han optado por la abstención, y Vox y la CUP han votado en contra. Ahora, hay que aprobar los estatutos en un plazo máximo de 6 meses. Se espera que el AGAISS-Cat pueda entrar en funcionamiento en un año.
Desde el Govern, la aprobación de la ley se ha defendido no solo como una mejora administrativa, sino como un movimiento estratégico imprescindible para garantizar la viabilidad futura del modelo de protección social. El argumento del Ejecutivo catalán es que, ante el envejecimiento de la población, mantener dos estructuras paralelas e inconexas resulta ineficiente e insostenible a largo plazo.
Tanto la consellera de Salud, Olga Pané, como la de Derechos Sociales, Mònica Martínez, han sostenido en la cámara que la nueva Agencia permitirá superar la fragmentación actual mediante una "ventanilla única" y la implementación de un Plan de Atención Único. La tesis oficial asegura que esta integración evitará que las personas dependientes tengan que relatar su historial clínico y social a múltiples profesionales, desburocratizando el proceso y poniendo al usuario en el centro.
Lo novedoso de la AGAISS es la ambición jurídica: pretende ser un ente que "compre" servicios a ambos sistemas (Salud y Social) y cree un Plan de Atención Único. En el resto de España, una persona tiene su historial médico y tu historial social, y los profesionales intentan hablarse. La promesa de la AGAISS en Cataluña es que legalmente solo haya un plan y una valoración.
Además de estos objetivos, se incluyen estos otros: el nuevo organismo se ha concebido bajo un cambio de paradigma asistencial que busca potenciar la autonomía personal y el empoderamiento del ciudadano. La hoja de ruta de la Agencia está diseñada para impulsar una atención proactiva, utilizando la información integrada para anticipar riesgos y necesidades antes de que se conviertan en crisis sanitarias.
Esta aproximación preventiva prioriza el cuidado domiciliario y comunitario, lo que se espera que evite institucionalizaciones innecesarias. Para facilitar este itinerario, la Generalitat se compromete a que el ciudadano cuente con un profesional referente que coordine todo su proceso de atención, simplificando la experiencia y mejorando el bienestar personal y el de su entorno cuidador.
La Ley de la Agencia de Atención Integrada (AGAISS-Cat) representa una solución estructural al problema que históricamente bloquea la atención en toda España: el modelo de cooperación entre Salud, Servicios Sociales y entes locales.
La AGAISS proporciona el marco jurídico y ejecutivo definitivo para superar este bloqueo. Al hacerlo, Cataluña se alinea con las reformas impulsadas por líderes europeos como Escocia, Dinamarca o Finlandia para afrontar los desafíos del envejecimiento y la cronicidad.
Por tanto, no es una mala idea mirar en el espejo catalán y fijarse en 5 razones importantes:
- Superación del Techo Operativo: Proporciona un marco institucional único y con capacidad ejecutiva que obliga a la integración, superando los límites de los convenios de coordinación entre departamentos separados.
- Dignificación del Usuario: Garantiza que la persona disponga de un único plan de atención coherente y un profesional referente que coordine todo su itinerario, eliminando la repetición de trámites.
- Digitalización Obligatoria: Compromete al sistema a una interoperabilidad completa de la información entre Salud y Servicios Sociales en un plazo de dos años, eliminando las tareas duplicadas y permitiendo criterios y circuitos únicos para los profesionales.
- Atención Proactiva y Domiciliaria: Impulsa un modelo que anticipa riesgos antes de que se conviertan en crisis, permitiendo más atención en el domicilio y en la comunidad para evitar institucionalizaciones innecesarias.
- Sostenibilidad y Eficiencia: Asegura la gobernanza compartida entre todos los actores y establece un camino hacia la financiación orientada al valor, fomentando la eficiencia en un contexto de demanda creciente.
Para garantizar la viabilidad de este nuevo modelo de atención, la Ley establece claros compromisos en la modernización de la estructura. A nivel técnico, el texto legislativo sitúa la interoperabilidad completa entre todos los sistemas de información de Salud y Servicios Sociales como un objetivo irrenunciable, fijando un plazo máximo de dos años para su consecución.
La coordinación profesional también mejorará con la implementación de criterios y circuitos únicos a nivel de país, eliminando tareas duplicadas. En el ámbito de la gestión, la AGAISS promueve nuevos mecanismos de gobernanza compartida que incluirán a la Generalitat, el mundo local y representantes de la ciudadanía, y se buscará una financiación orientada al valor que fomente la eficiencia y la equidad en un contexto de creciente complejidad demográfica.
Sin embargo, la satisfacción política contrasta con la prudencia y el escepticismo expresado desde el sector profesional. La Asociación Catalana de Recursos Asistenciales (ACRA), la patronal mayoritaria del sector en Cataluña, ha emitido una valoración inmediata tras la votación en la que, si bien califica la ley como "un paso necesario", advierte de graves lagunas en su concepción práctica.
Para la organización empresarial, el texto aprobado resulta "insuficiente para resolver los graves problemas de integración entre los sistemas social y sanitario que afectan a las personas mayores con dependencia". La principal crítica radica en la falta de una memoria económica y de recursos tangibles que respalden la creación del ente.
La presidenta de ACRA, Cinta Pascual, lo explica claro: "Celebramos que finalmente se haya aprobado la ley, pero no podemos obviar que la Agencia nace coja. Sin recursos, la integración será solo una declaración de intenciones".
La preocupación de la patronal es que, sin una dotación presupuestaria específica y una estructura operativa clara, la AGAISS termine siendo un organismo administrativo sin capacidad de transformar la realidad de los cuidados.
Uno de los puntos de mayor fricción que ACRA ha puesto sobre la mesa es la discriminación sanitaria que sufren, a su juicio, los usuarios de residencias frente a los que viven en sus domicilios. La patronal ha reclamado "soluciones reales" para garantizar la igualdad de derechos.
Cinta Pascual ha sido tajante al respecto: "Las personas mayores que viven en residencias no pueden tener menos derechos que las que viven en casa. Si el sistema sanitario es universal, también lo tiene que ser para quien vive en una residencia, que es su casa".
Esta reivindicación se traduce en una demanda técnica muy concreta que la patronal ha reiterado: es imprescindible que los Equipos de Atención Primaria (EAP) del sistema público de salud asuman las tareas de enfermería dentro de los centros residenciales, algo que la nueva ley no termina de blindar explícitamente y que descarga costes sanitarios en el sector social.
ACRA ha utilizado datos actuales para ilustrar por qué desconfía de la mera aprobación normativa si no hay cambios operativos. Según la patronal, aunque sobre el papel la coordinación existe, en la práctica falla.
Pascual ha revelado que "actualmente, el 98% de los Documentos de Prácticas Integradas (DPI) están firmados, pero en muchos casos no funcionan porque Salud argumenta falta de profesionales".
Para evitar que la nueva Agencia caiga en este mismo saco roto, la asociación exige que la ley vaya acompañada de una estructura propia que tenga capacidad real para contratar profesionales y asegurar una cartera de servicios compartida.
Asimismo, consideran condición sine qua non que los sistemas de información de Salud y de Servicios Sociales sean, por fin, compatibles tecnológicamente, una barrera digital que hoy día sigue dificultando el trabajo diario.
El contexto de fondo que ACRA ha recordado para urgir estas medidas es el del envejecimiento acelerado de la población catalana, cuyas proyecciones dibujan un escenario de presión asistencial inminente. Según los datos aportados por la patronal, el número de personas mayores de 80 años en Cataluña se duplicará en las próximas décadas: pasará de 500.000 personas en 2026 a casi un millón en el año 2050.
Estas cifras macroeconómicas tienen una traducción directa en necesidades de infraestructura y personal. ACRA calcula que serán necesarias 80.000 nuevas plazas de residencia y centro de día, así como la incorporación de 26.000 profesionales adicionales antes del año 2035.
Ante este desafío, la presidenta de la patronal ha concluido su valoración con una advertencia directa a la administración: "La urgencia es evidente, no podemos esperar más. Las personas mayores con dependencia merecen una atención integrada real, con recursos y con garantías. Sin esto, la ley será papel mojado".
Mirando el mapa autonómico, vemos que ninguna comunidad autónoma dispone de una agencia exactamente igual a la que acaba de aprobar la Generalitat de Cataluña (AGAISS).
La mayoría de comunidades tienen "agencias de servicios sociales" (que gestionan la dependencia), pero la fórmula catalana de crear una agencia específica de "Atención Integrada" (con el objetivo de fusionar procesos de Salud y Social en una sola ventanilla) es una apuesta única en su diseño jurídico.
El modelo más común es el de las "Agencias Sociales", pero no integradas. En varias comunidades existen agencias, pero son organismos puramente de gestión social. Es decir, se coordinan con las respectivas consejerías de Salud, pero no son una entidad conjunta.
En Madrid existe la Agencia Madrileña de Atención Social (AMAS). Gestiona las residencias públicas y centros de día, pero es un organismo autónomo adscrito a Políticas Sociales. La coordinación con Sanidad se hace a través de una Dirección General de Coordinación Socio-Sanitaria / servicios de coordinación sociosanitaria del SERMAS que impulsa actuaciones de atención integrada.
Andalucía tiene una Dirección General de Cuidados y Atención Sociosanitaria dentro de la Consejería de Salud que articula políticas y coordinación entre cuidados sanitarios y servicios sociales.
En el resto:
Aragón cuenta con una Comisión de Coordinación Sociosanitaria y servicios específicos de atención sociosanitaria para garantizar continuidad asistencial.
Asturias dispone de estructuras internas (servicios/directrices) para la coordinación sociosanitaria —servicio de Atención Centrada en la Persona y Servicio de Cuidados— que funcionan como instrumento de integración.
Illes Balears tiene un servicio/estructura de ‘Cronicidad y Coordinación Sociosanitaria’ dentro del IBSalut que centraliza la coordinación entre niveles asistenciales y los servicios sociales.
Canarias ha impulsado una Estrategia de Atención Sociosanitaria (2025-2030) y un Equipo Autonómico Operativo de Coordinación; trabaja por áreas clave hacia una atención integrada.
Cantabria organiza la atención a través de los Servicios Sociales autonómicos y normativa propia (centros y recursos de coordinación), con instrumentos de coordinación sociosanitaria a nivel autonómico.
Castilla-La Mancha dispone de planes y direcciones específicas (Dirección General de Humanización y Atención Sociosanitaria / procesos participativos sobre Plan de Atención Sociosanitaria) para articular coordinación.
Castilla y León cuenta con estructuras de coordinación sociosanitaria (comisiones provinciales/autonómicas, sistemas informáticos de apoyo GASS) reguladas por normativa autonómica.
Comunitat Valenciana tiene un Servicio de Coordinación e Integración Sociosanitaria (órganos técnicos y grupos de área técnica/OCISS) para desarrollar la estrategia valenciana de coordinación sociosanitaria.
Extremadura históricamente organiza la atención por Zonas Sociosanitarias y disposiciones sobre Dirección/estructura de Atención Sociosanitaria en el Servicio Extremeño de Salud; mantiene normativas específicas de zonificación sociosanitaria.
Galicia cuenta con un Plan marco de Atención Sociosanitaria y direcciones de Política Social que actúan como instrumento de coordinación entre salud y servicios sociales.
La Rioja dispone de un Servicio de Atención Sociosanitaria y centros de coordinación autonómicos (centros de coordinación que integran equipos multiprofesionales).
La Región de Murcia tiene un Plan de coordinación sociosanitaria y direcciones generales ligadas a planificación sociosanitaria dentro de la Consejería de Sanidad y Política Social.
Navarra funciona con un Plan Foral de Atención Sociosanitaria y unidades/órganos de coordinación (coordinación socio-sanitaria en el organigrama), regulando programas de altas y programas sociosanitarios.
Ceuta (Ciudad Autónoma) integra Sanidad y Servicios Sociales en su estructura autonómica; presta servicios sociales locales y coordinación con Salud (consejería autonómica encargada).
Melilla (Ciudad Autónoma) articula la atención socio-sanitaria mediante programas conjuntos del INGESA y la Consejería local (programa de Coordinación Sociosanitaria e IMSS/servicios sociales autonómicos).
El País Vasco es quien más se parece a lo que Cataluña quiere lograr en resultados, pero lo hacen con otra arquitectura. No tienen una "Agencia Integrada", sino un Consejo Vasco de Atención Sociosanitaria.
Funciona muy bien porque tienen herramientas muy avanzadas como la Historia Sociosanitaria compartida (médicos y trabajadores sociales ven los mismos datos), pero no han creado una "super-agencia" administrativa nueva, sino que coordinan las estructuras existentes (Osakidetza + Diputaciones).