La Plataforma de Mayores y Pensionistas (PMP) y el Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (CEDDD) han valorado positivamente los avances legislativos impulsados por el Gobierno en materia de dependencia, aunque coinciden en advertir de que ninguna reforma será eficaz sin una financiación suficiente y un cumplimiento real de los derechos reconocidos. Ambas entidades, que representan a millones de personas mayores, con discapacidad o en situación de dependencia, reclaman que los recientes desarrollos normativos se traduzcan en mejoras tangibles y homogéneas en todo el territorio.
La PMP ha acogido favorablemente la aprobación, por parte del Consejo de Ministros, del decreto que desarrolla la Ley ELA (Esclerosis Lateral Amiotrófica), que prevé una inversión de 500 millones de euros para reforzar la atención y los cuidados de las personas afectadas por esta y otras enfermedades neurodegenerativas graves. La Plataforma ha destacado que, aunque la medida llega con retraso, “refuerza el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) y garantiza atención 24 horas a los pacientes en fase avanzada que requieren cuidados continuos”. La norma incorpora además un nuevo Grado III+ de dependencia extrema, que contempla atención permanente para estos pacientes.
El presidente de la PMP, Jesús Norberto Fernández, ha subrayado que “esta medida supone un avance significativo en la protección de las personas más vulnerables y en el fortalecimiento del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), garantizando cuidados continuos y dignos a quienes más lo necesitan”. Desde la organización se insta a que este impulso legislativo tenga una aplicación efectiva y homogénea en todas las comunidades autónomas, asegurando que los recursos lleguen con agilidad a familias y cuidadores.
Por su parte, el CEDDD, que agrupa a más de 3.000 entidades representativas del sector, ha presentado sus Propuestas de Enmienda al Proyecto de Ley de Discapacidad y Dependencia, actualmente en tramitación parlamentaria. El Consejo valora los avances del texto, como la elevación de la teleasistencia a derecho subjetivo y la ampliación de la asistencia personal para fomentar la vida independiente. Sin embargo, advierte que “ninguna reforma tendrá impacto real si antes no se garantiza el cumplimiento efectivo de los derechos ya reconocidos y su financiación efectiva”, en palabras de la vicepresidenta de la entidad, Mar Ugarte.
Entre sus aportaciones, el CEDDD plantea reforzar la financiación del SAAD —que sufre una infrafinanciación crónica— e incluir en la ley una cláusula de compromiso financiero vinculante que obligue al Estado a elevar progresivamente su aportación hasta el 50 % del gasto total, tal como establece la normativa. Actualmente, el Estado solo asume el 27,6 %, lo que genera listas de espera de hasta 342 días y grandes desigualdades territoriales.
El Consejo también propone la creación de un mecanismo estatal de supervisión, como un Observatorio o Comisionado de la Dependencia, que garantice la igualdad de acceso a los servicios en todo el país y evite “ciudadanos de primera y de segunda” en función de la comunidad autónoma de residencia.
Asimismo, el CEDDD reclama preservar un modelo plural de empleo protegido, advirtiendo del riesgo de exclusión de los Centros Especiales de Empleo (CEE) de iniciativa empresarial si se sustituye su referencia en la ley por la de “empresas para la inclusión laboral”. Esta modificación podría provocar el cierre de más de 500 centros y la pérdida de unos 60.000 empleos de personas con discapacidad. “Excluir a un tipo de CEE por su forma jurídica es una discriminación injustificada, puesto que todos trabajan por un fin social como es la inclusión en el mercado laboral de las personas con discapacidad”, sostiene Ugarte.
Entre otras propuestas complementarias, el CEDDD defiende el refuerzo de la asistencia personal, la mejora de las condiciones laborales del personal de cuidados —“no puede haber calidad asistencial sin calidad laboral”—, el apoyo real a cuidadores familiares y una gobernanza plural y participativa, en línea con el principio de diálogo civil recogido en el artículo 23 de la Constitución.
Finalmente, el Consejo hace un llamamiento a la responsabilidad parlamentaria para que la nueva Ley de Discapacidad y Dependencia se convierta en una mejora real y equitativa de la calidad de vida de las personas con discapacidad, en situación de dependencia y de las personas mayores. “Esta reforma debe ser una oportunidad para pasar de los derechos declarados a los derechos efectivos. Las personas y familias no pueden esperar más”, concluye la vicepresidenta del CEDDD.