El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un decreto ley presentado por Pablo Bustinduy y elaborado desde el Ministerio que dirige, Derechos Sociales, con un cambio estructural: la incorporación de un nuevo grado de dependencia extrema, el Grado III+, para garantizar la protección a las personas con enfermedades neurológicas que requieren cuidados de alta complejidad.
De esta forma, se ofrecerá una atención personalizada a aquellas personas que estén diagnosticadas con ELA y otras enfermedades complejas e irreversibles que estén en fase avanzada, incluyendo la atención 24 horas, una de las principales reivindicaciones de estas personas y sus familias. El decreto ley que incorpora esta nueva figura legal supondrá la movilización de 500 millones de euros para el desarrollo integral de la Ley ELA (Ley 3/2024) y para reforzar el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).
A través de esta partida económica y de la propia norma, este sistema se adapta a las especificidades de las personas con esclerosis lateral amiotrófica u otras enfermedades de alta complejidad y curso irreversible, a la vez que se garantiza la financiación necesaria para ello. De esta forma, este decreto ley introduce cambios en el SAAD para ofrecer a las personas con ELA la cobertura que necesitan.
El Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) establece tres grados de dependencia, ahora cuatro, según las necesidades de apoyo para las actividades de la vida diaria:
Grado I – Dependencia moderada
La persona necesita ayuda para realizar algunas actividades básicas (como vestirse, comer o asearse) varias veces a la semana.
Se reconoce un nivel de dependencia que permite recibir prestaciones económicas o servicios de apoyo parcial.
Grado II – Dependencia severa
La persona requiere asistencia importante, diaria y continuada para realizar actividades esenciales.
Los servicios incluyen ayuda a domicilio, plazas en centros de día o atención económica complementaria.
Grado III – Gran dependencia
La persona necesita atención permanente y apoyo generalizado para todas las actividades de la vida diaria.
Incluye asistencia las 24 horas, con servicios residenciales o ayudas económicas destinadas a cuidados intensivos.
Grado III+ – Nueva categoría (recientemente creada)
Es un nivel de dependencia extrema, para personas con enfermedades neurológicas o de alta complejidad, irreversibles y en fase avanzada, como la ELA.
Garantiza atención personalizada 24 horas, con derecho a prestaciones económicas específicas y cobertura adaptada a las necesidades complejas de estos pacientes.
De forma específica, las personas con ELA y otras enfermedades neurológicas graves en fase avanzada tendrán garantizada esa atención 24 horas, creando el derecho a una prestación de hasta 10.000 euros por paciente (9.860 €). Esta prestación estará financiada en un 50% por el Gobierno de España, teniendo que ser complementada el 50% restante por el gobierno de la Comunidad Autónoma en la que resida el paciente.
La nota precisa que “con esta prestación, se ofrecerá la ayuda que requieren estas personas para cuestiones tan básicas como respirar o comer, siendo apoyos imprescindibles sin los cuales habría un riesgo de muerte”.
El texto subraya que “estos casi 10.000 euros garantizados para cada paciente en fase avanzada se han calculado teniendo en cuenta que estos cuidados requieren cinco profesionales por persona”. Así, a nivel anual, para cada paciente se garantiza una inversión salarial de 118.423 euros en 14 pagas, y ajustando esta cifra a los 12 meses, la aportación por paciente será de hasta 9.868,60 euros al mes.
De esta cantidad, la mitad la asumirá la Administración General del Estado, “es decir, 4.930 euros al mes”.
En el apartado de financiación, el ministro Bustinduy subrayó que con estos 500 millones de euros adicionales, la inversión en Dependencia por parte del Gobierno de España ha alcanzado este año una cifra récord de 3.729 millones de euros en total.
El ministro ha asegurado que el Plan de Choque que ha llevado a cabo el ejecutivo central en los últimos años ha permitido mejorar las prestaciones que requieren las personas dependientes, a pesar de cada 15 minutos muere una persona en España que esperaba recibir una atención a la dependencia que tiene derecho por ley. Bustinduy subrayó que “con estos 500 millones de euros que aprobamos hoy se consolidará, además, un aumento interanual del 7,2% y un aumento del 15% respecto a lo presupuestado en 2023”.
Además de estos fondos, la nota de prensa precisa que a la cifra récord anual deben sumarse más de 800 millones de euros (809.333.055,79 €) que el Ministerio de Derechos Sociales ha transferido en esta legislatura a los gobiernos autonómicos procedentes de los fondos europeos (componentes 322 y 323 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia) para que las CCAA, que tienen la competencia exclusiva, inviertan en teleasistencia, plazas residenciales, plazas no residenciales y centros de día.
A través de esta partida económica y de la propia norma, el SAAD se adapta a las especificidades de las personas con esclerosis lateral amiotrófica u otras enfermedades de alta complejidad y curso irreversible, a la vez que se garantiza la financiación necesaria para ello.
El ministro Bustinduy ha reivindicado que con este decreto ley “avanzamos en el cambio del modelo de cuidados que venimos impulsando desde Derechos Sociales hacia un sistema más personalizado y cercano, que responda a las necesidades de cada persona”, como ocurre con la atención 24 horas.
Así, ha recalcado que con estos 500 millones de euros y este desarrollo normativo, “el Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia será capaz de adaptarse a la realidad social de las personas, y no al revés”, garantizando “una atención cercana y comunitaria, que cuide a las personas en función de sus necesidades y deseos y que ofrezca condiciones dignas a las personas que proveen esos cuidados”.