Durante el proceso de acreditación de residencias de personas mayores que se vive en Cataluña, ahora que parece que se acerca el final, están saliendo a la luz situaciones verdaderamente surrealistas que pueden llegar a causar verdaderos perjuicios a personas mayores usuarias sin ningún motivo.
Para ilustrar una de ellas, imaginemos una empresa que gestiona cinco residencias asistidas de personas mayores.
La residencia 1 es nueva, reluciente, con todos los requisitos al día. Tiene plazas concertadas con la Generalitat.
La residencia 2 también es moderna, cumple sobradamente con la normativa y, además, está acreditada para que sus residentes puedan beneficiarse de la Prestación Económica Vinculada. Espera que se convoquen plazas de concierto con esperanza de poder conseguir alguna. Todo correcto.
La residencia 3, aunque algo más veterana, tras hacer alguna reforma y perder alguna plaza cumple los requisitos exigidos en el último decreto. Ha pedido su acreditación y el trámite está en marcha, lleva meses con todo presentado, esperando la respuesta.
Pero las residencias 4 y 5 son otra historia: llevan más de veinte años siendo colaboradoras de la Generalitat, funcionan bien, sus usuarios y familias están satisfechos, de hecho tienen una larga lista de espera que lo demuestra, pero tienen un “pecado original”: cuentan con algunas habitaciones de tres camas; una de ellas carece de sala de visitas independiente y a la otra le faltan algunos metros cuadrados de espacios de convivencia. Las obras necesarias para acreditarse supondrían la pérdida de un número considerable de camas que harían a los centros inviables.
El empresario hace números
El empresario piensa: “Bueno, espero seguir con mi residencia concertada (la 1). Acreditaré las residencias 2 y 3, transformando las plazas de colaboración en concierto y consiguiente alguna plaza concertada más, y perderé la condición de acreditadas/colaboradoras de las 4 y 5 por no poderlas acreditar, o sea que tendré que buscar usuarios privados para esas residencias”.
¡Pues no!
La interpretación que hace la Generalitat, según me han comentado algunos propietarios, es otra: las entidades no se acreditan por establecimientos concretos, sino por tipologías de servicios. Eso significa que, si una empresa se acredita con la tipología de “residencia asistida”, todas las residencias asistidas de esa empresa deben cumplir los requisitos de acreditación.
Traducido: una sola residencia con habitaciones triples puede arrastrar a todas las demás y hacer que el conjunto de la empresa no pueda acreditarse. Y, como consecuencia, las residencias acreditadas y concertadas de ese propietario perderían también su concierto. Lo que supondría que sus usuarios deberían ir a otras residencias concertadas.
¿Tiene eso sentido?
En un universo paralelo, ese mismo empresario tendría una sociedad diferente para cada residencia. Entonces sí, ningún problema: las que cumplen, seguirían dentro; las que no, quedarían fuera. Pero aquí, en el mundo real, la burocracia premia al que trocea empresas y castiga al que gestiona varias residencias bajo la misma sociedad. ¿Por qué?
Es difícil de saber porque la máquina administrativa no es muy de dar explicaciones.
El calendario de la Generalitat
Por si esto fuera poco, el calendario para los próximos meses:
El mensaje es claro: reloj en marcha, plazo fatal.
El calendario parece centrarse en la conversión de las plazas colaboradoras en concertadas pero no indica claramente qué sucederá con las residencias ya concertadas que vean revocado su concierto porque su entidad titular tiene algún centro no acreditable.
¿Y los residentes?
En todo este embrollo, ¿alguien se preocupa por los residentes? ¿Alguien les pregunta algo? ¿Es posible que unas personas que viven en una residencia concertada, que cumple todos los requisitos y ha pasado todas las inspecciones, pierdan su plaza pública por una cuestión puramente burocrática? ¿Les trasladarían a otra residencia?
La respuesta es inquietante: sí, es posible.
Y si deciden dejarles en una plaza que ya no es concertada, ¿podría la Generalitat pagar a una residencia que que ha perdido el concierto la cantidad correspondiente a la estancia de los residentes? ¿lo firmaría la intervención?
La máquina administrativa parece avanzar ciega y sin corazón. Poco importa el bienestar de las personas mayores, poco importan las familias que han confiado en el sistema. Lo que pesa es el procedimiento, el papel, la interpretación estrecha de un decreto que, en teoría, buscaba mejorar la calidad.
Consecuencias inesperadas
Así se llega a una situación absurda: residencias perfectamente válidas pueden quedar fuera del sistema no por deficiencias reales, sino por estar asociadas a otra residencia que tiene limitaciones estructurales imposibles de cambiar sin una inversión considerable.
El empresario, las familias y los trabajadores miran alrededor y no entienden nada. ¿No había un problema de falta de plazas? ¿No se nos dice cada día que hacen falta más camas públicas y concertadas? ¿Cómo se explica, entonces, que el sistema se empeñe en expulsar plazas que funcionan?
Epílogo surrealista
Surrealista, sí. Porque parece más fácil sacrificar plazas reales, con personas dentro, que adaptar la norma a la realidad. Y, mientras tanto, los residentes siguen ahí, preguntándose por qué sus vidas dependen de si la Generalitat interpreta que la acreditación es por centro o por tipología de servicio.
El calendario avanza, el decreto ley exprés está en camino y las familias, una vez más, serán las últimas en enterarse.
Un llamamiento necesario
Desde aquí, solo puedo pedir algo muy sencillo: que la Generalitat escuche. Que se siente con el sector, que introduzca flexibilidad y que no convierta la acreditación en una máquina que expulsa plazas y multiplica la incertidumbre.
Propongo aplicar el sentido común: permitir que las residencias que cumplen sigan dentro del sistema y que aquellas con limitaciones reales tengan tiempo, apoyo y alternativas razonables, poniendo en el centro a los usuarios y lo que ellos prefieren.
El bienestar de cientos, sino miles de personas mayores depende de estas decisiones. Y no podemos aceptar que la burocracia, por muy bienintencionada que se presente, pese más que la vida cotidiana de aquellos a quienes su situación de dependencia les ha llevado a necesitar una residencia.
Autor del texto Josep de Martí Vallés. Jurista y Gerontólogo. Fundador de Inforesidencias.
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