Este martes, el Ministerio de Derechos Sociales presentó públicamente los datos del Panel de la Dependencia correspondientes al primer semestre de 2025.
Desde el Observatorio de la Dependencia, como hacen desde la entrada en vigor de la Ley, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ofrecen el día anterior su propia valoración de esos mismos datos.
Al contrastar ambas informaciones, apuntan, han detectado omisiones relevantes y algunas cuestiones que considera necesario aclarar:
La Asociación de Directoras ve sorprendente que el Ministerio no hiciera ninguna mención a las personas que han fallecido mientras esperaban ser atendidas. Este silencio institucional puede resultar especialmente doloroso para miles de familias que vieron cómo sus seres queridos murieron sin recibir la ayuda que les correspondía por derecho.
Según los propios datos oficiales, entre enero y junio de 2025 fallecieron 16.866 personas en situación de espera dentro del sistema de dependencia:
9.006 estaban pendientes de que se resolviera su grado de dependencia.
7.860 tenían ya reconocido el derecho, pero no pudieron ejercerlo.
Esto implica que, en promedio, 92 personas al día murieron en las listas de espera durante este periodo. El Ministerio no lo mencionó.
(Se adjunta gráfico con los fallecimientos por comunidades autónomas).
En su exposición, el Ministerio se refirió únicamente a los expedientes que superan los seis meses sin resolución, es decir, aquellos en los que las comunidades autónomas incumplen el plazo legal. Pero la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales subraya que limitarse a esta cifra es, en la práctica, invisibilizar a decenas de miles de personas.
La lista de espera real, según los datos oficiales del propio Ministerio, explican, es mucho más amplia y afecta a 286.861 personas, distribuidas así:
136.009 están esperando la valoración de su situación de dependencia.
123.857 ya tienen reconocido el grado, pero aún no se les ha asignado prestación o servicio (pendientes de la elaboración del PIA).
26.995 tienen el PIA aprobado, pero aún no reciben la ayuda o servicio correspondiente.
Esto supone un aumento de 16.536 personas más en lista de espera en comparación con el cierre del año anterior.
Además, el Ministerio no hace referencia a otros colectivos también atrapados en los engranajes del sistema: personas pendientes de una revisión de grado, una modificación del PIA, o incluso aquellas cuya solicitud aún no ha sido registrada oficialmente en el sistema, quedando completamente fuera del radar administrativo.
Para quienes llevan meses esperando una respuesta, a menudo en situaciones extremas, esta omisión institucional no es un simple error técnico: es una forma de invisibilización, han querido destacar desde la la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.
También han hecho referencia a que el Ministerio puso en valor el refuerzo de los servicios domiciliarios, alineado con su estrategia de desinstitucionalización, una orientación que compartimos. Sin embargo, no se hizo ninguna alusión a las más de 35.000 personas que están esperando una plaza en una residencia, a pesar de tener reconocido el derecho a recibir ese recurso.
En una nota enviada a los medios, la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales también apunta que no se trata de personas que deseen dejar su hogar, sino de personas cuya situación de dependencia y condiciones familiares o sociales les impide recibir los cuidados necesarios en su domicilio. E inciden en que con apenas dos horas diarias (o menos) de ayuda a domicilio, resulta inviable atender a personas con gran dependencia o dependencia severa, que necesitan apoyo constante para desarrollar cualquier actividad cotidiana.
Lejos de incrementarse las plazas disponibles, en este primer semestre de 2025 se han perdido más de 2.000 plazas residenciales. Esto supone una presión añadida sobre las personas que aguardan una plaza y sus familias, que se enfrentan a una espera cada vez más larga, incierta y angustiosa.
No reconocer públicamente esta situación es ignorar el sufrimiento de quienes no pueden seguir esperando más. Además, sería imprescindible analizar el impacto de género de esta espera prolongada, ya que muchas de las personas afectadas son mujeres que, además de depender de cuidados, han sido tradicionalmente cuidadoras sin haber recibido apenas respaldo del sistema.
Por último, la asociación señala que en su nota de prensa, el Ministerio de Derechos Sociales titulaba con orgullo que “el 56% de las prestaciones se dan ya en los hogares y en el entorno más cercano”. Sin embargo, esta cifra es engañosa: el dato real asciende al 87% si se incluye —como corresponde— la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, que sigue siendo la más habitual del sistema, aunque también la más modesta.
Se apunta que este olvido no es menor. La prestación económica para cuidadores no profesionales representa una ayuda media de apenas 264 euros mensuales, pese a que suele recaer sobre familiares —mayoritariamente mujeres— que ofrecen cuidados intensivos y continuados, muchas veces sin ningún otro recurso.
A ello se suma otro dato preocupante: solo el 13,6% de estas cuidadoras está dada de alta en el convenio especial de cuidadores no profesionales, lo que las deja en una situación de desprotección laboral y social.
En paralelo, el modelo que el Ministerio presenta como “integral y centrado en la persona” choca con servicios de baja intensidad que no alcanzan a cubrir las necesidades reales de quienes viven en sus domicilios. La ayuda a domicilio se limita a una media de 36 horas al mes, es decir, poco más de una hora al día, claramente insuficiente para personas con dependencia severa o gran dependencia.
Tampoco se informó de forma completa sobre la teleasistencia, que el Plan de Choque de 2021 reconocía como un derecho para todas las personas en situación de dependencia que vivieran en su casa. A día de hoy, sin embargo, el 56,5 % de las personas atendidas en su domicilio no dispone de este servicio.
Más aún: 63.356 personas tienen como única prestación la teleasistencia. Considerar que están adecuadamente atendidas por el sistema de dependencia con tan solo este servicio es, como mínimo, cuestionable.
La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales termina con que para muchas de estas personas, esto equivale a estar prácticamente desatendidas, pese a estar registradas como beneficiarias del sistema.