El sector de atención a las personas mayores se enfrenta a un momento especialmente complejo como consecuencia de la excesiva regulación sobre las residencias y demás centros de cuidado. Así lo puso de manifiesto la Asociación de Empresas de Servicios para la Dependencia (AESTE) en la jornada 'Claves para una gestión de RRHH en el sector sociosanitario: normativa, retos y oportunidades', organizada por Criteria Recursos Humanos y ASPE.
Desde la patronal se subrayó que la hiperregulación normativa en el ámbito laboral está generando una creciente inseguridad jurídica, aumentando los costes y limitando la capacidad de las entidades para adaptarse con agilidad a los cambios sin que se resienta la calidad del servicio.
Según Josune Méndez de Cruz, secretaria general de AESTE, el contexto actual está marcado por “una proliferación normativa sin precedentes que se traduce en una sobrerregulación del entorno laboral”. Esta situación no siempre está alineada con la operativa real del sector, lo que genera “mucha incertidumbre” debido a cuestiones que llevan tiempo en debate pero que no terminan de definirse, como la reducción de jornada, el salario mínimo interprofesional, el registro horario o la desconexión digital.
A esto se suma la continua aparición de nuevos protocolos, como los de igualdad, no discriminación o LGTBI, así como “la falta de claridad en la aplicación de muchas medidas y plazos poco realistas para su implementación”, lo que provoca “inseguridad jurídica y bloqueo en la negociación colectiva”, añadió la portavoz de la patronal durante su conversación con Mónica Sanchez Valera, directora general de Criteria.
Además, advierte de que el incremento de costes genera dudas sobre si las entidades podrán repercutirlos en los conciertos públicos o si tendrán margen operativo suficiente para aplicarlos sin afectar la calidad del servicio, “que por supuesto es lo más importante”.
Para la representante de AESTE, uno de los principales problemas no es solo la cantidad de regulaciones, sino también la falta de medios y de tiempo para adaptarse a ellas: “Esas regulaciones vienen sin recursos, ni humanos ni económicos, y sin el tiempo suficiente de adaptación”. Por ello, pide que se escuche al sector a la hora de elaborar las normas y que se permita mayor flexibilidad tanto en su aplicación como en los plazos.
Sobre las implicaciones que están teniendo estos cambios normativos en las entidades y sus equipos de RRHH, desde AESTE se detecta “una mayor carga de trabajo”, especialmente administrativa, al tener que adaptar procedimientos, diseñar nuevas políticas internas y reportar más información a la administración. Esto conlleva una creciente “percepción de riesgo de sanción constante” y eleva el estrés de los responsables.
Las entidades necesitan perfiles más especializados o recurrir a la subcontratación, lo que incrementa los costes sin que se vean reflejados en los precios de concierto. También se hace necesaria una formación continua, tanto en las nuevas normativas como en habilidades blandas para liderar en entornos de cambio. Todo ello, mientras se enfrentan a la resistencia al cambio y la inseguridad jurídica derivada de criterios poco claros.
“Las entidades se ven atrapadas entre una regulación creciente y su compromiso con la atención de calidad, sin recursos adicionales ni tiempos razonables para adaptarse”, resume Méndez de Cruz.
AESTE señala cinco necesidades clave para que las organizaciones puedan adaptarse a la normativa sin perder el foco del cuidado, la calidad y el bienestar laboral: financiación adecuada y estable, periodos transitorios razonables, flexibilidad y autonomía organizativa, digitalización para optimizar procesos y formación de mandos intermedios y directivos en nuevas competencias como la gestión del cambio, inteligencia emocional o resiliencia organizativa.
Añade que hay que poner el valor el sector: “Si el sector no se reconoce social y económicamente será todo muy difícil”. Junto a una mayor financiación, en AESTE reclaman también una modificación de la Ley de Desindexación que tanto daño hace a muchas empresas que ven cómo se resientes los costes por el aumento de precios y, sin embargo, no se puede modificar el precio final del servicio.
Sin estas condiciones, consideran difícil mantener la calidad de los cuidados y el bienestar de los profesionales del sector.
Del mismo modo, Josune Méndez de Cruz Josune Méndez, dejó claro en todo momento que la importancia estratégica de los RRHH en el ámbito sociosanitario es innegable, ya que “las personas son la columna vertebral del sistema de cuidados, es lo más imortante”.
Puso sobre la mesa la delicada situación actual del sector y cómo esta afecta directamente a las personas, con el déficit de profesionales como principal desafío: “Si no hay personas para cuidar, no hay cuidados”. “Cualquier estrategia pasa por las personas que cuidan... los profesionales son el principal activo... los modelos de cuidado evolucionan, pero son las personas las que lo desarrollan”, añadió.
Por otra parte, la secretaria general de AESTE lamenta el “momento complejo” que se vive ante el reto demográfico acuciante que se vive, ya que “cada vez van a hacer falta más recursos y no hace falta enfrentar nada, todo es necesario”, pero, sin embargo, esto “no es una prioridad ni en España ni en Europa”.
Al respecto de la modificación que se espera de la Ley de Dependencia, desde AESTE se avisa de que va a volver a nacer mal: “Se habla de todo, pero de cómo ni con qué recursos”. Apunta Josune Méndez que por lo que se sabe, “habrá más derechos y más servicios, pero la viabilidad es compleja”.
Considera absolutamente necesario un enfoque transversal en la búsqueda de soluciones, así como una colaboración público-privada eficiente. Además, aboga por dar al sector el valor que requiere, por lo que ve “imprescindible un mayor reconocimiento social y económico del sector que haga sostenible el sistema”.
AESTE insiste en la necesidad por todo esto de un Pacto de Estado por los cuidados junto a una coordinación sociosanitaria real y efectiva.