Se ha alcanzado también un preacuerdo para distribuir subvenciones del 0,7% de la renta destinadas a organizaciones que luchan contra la pobreza y la exclusión social.
El Ministerio de Derechos Sociales, bajo la dirección de Pablo Bustinduy, ha presentado este jueves a las consejerías autonómicas una propuesta destinada al reparto del nivel acordado para financiar la Dependencia. Esta inversión, que asciende a más de 783 millones de euros, representa por tercer año consecutivo la cifra más alta en la historia de este sistema.
Es importante recordar que el nivel acordado fue eliminado en 2012 y no se restableció hasta 2021, cuando se asignaron 283 millones de euros. Desde entonces, la financiación ha experimentado un crecimiento significativo, casi triplicando su cantidad actual.
En el Consejo Territorial de Derechos Sociales, que tuvo lugar en la sede del Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales), y en el que estuvo el ministro y Rosa Martínez, secretaria de Estado de Derechos Sociales, se discutió también un preacuerdo para distribuir las subvenciones del 0,7% de la renta. Estas subvenciones están destinadas a apoyar a organizaciones que combaten la pobreza y la exclusión social.
La propuesta presentada implica que en 2025, el nivel acordado generará una inversión de 783.197.420 euros, que será transferida a los gobiernos autonómicos mediante convenios firmados entre el Ministerio y cada comunidad. Este fondo complementará los recursos destinados a los servicios de atención a personas dependientes en cada territorio.
Desde 2023, esta financiación récord se ha mantenido estable gracias a los últimos Presupuestos Generales del Estado. El Gobierno español ha reforzado su compromiso con la Dependencia tras su eliminación en 2012, cuando se recortó en 5.000 millones de euros la financiación estatal del SAAD (Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia).
El retorno del nivel acordado en 2021 marcó un punto de inflexión, comenzando con una inversión inicial que ha ido incrementándose hasta alcanzar cifras actuales cercanas al triple. La distribución entre comunidades autónomas se realiza siguiendo criterios técnicos y demográficos establecidos en el Plan de Choque aprobado por los gobiernos regionales en enero de 2021.
Los criterios para el reparto incluyen cuatro fondos diferenciados:
Aparte del nivel acordado, existe un nivel mínimo correspondiente a la Administración General del Estado y un nivel adicional que es responsabilidad exclusiva de las comunidades autónomas. En total, la inversión del Gobierno en Dependencia alcanzó los 3.478 millones de euros en 2024, lo que representa un aumento significativo respecto a los 1.130 millones asignados en 2014.
Aparte del anuncio sobre la financiación para Dependencia, el Consejo Territorial también discutió las subvenciones del 0,7%. Estas ayudas provienen del marcado durante la Declaración de la Renta y superan los 375 millones de euros. Además, se destaca un incremento cercano al 50% procedente del impuesto empresarial.
Dichas subvenciones son vitales para organizaciones sin fines lucrativos que trabajan contra la pobreza y situaciones vulnerables. Su distribución se basa en criterios aprobados previamente por el Consejo Territorial, considerando aspectos como presencia territorial y capacidad organizativa. Tras alcanzar este preacuerdo entre el Ministerio y las comunidades autónomas, se elevará al Consejo de Ministros para su autorización final.