Busca mejorar las leyes de Dependencia y Discapacidad, promoviendo la atención en el hogar y la teleasistencia como un derecho universal.
En el Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, Pablo Bustinduy, ministro de Derechos Sociales, aseguraba que se continuará con el aumento de la financiación estatal para el sistema de dependencia, que ha crecido un 150% en los últimos tres años y se ha triplicado desde 2014: "Para que esa senda inédita de crecimiento de la financiación se mantenga en los próximos presupuestos generales del Estado, mantenemos ese compromiso".
Bustinduy presentó la semana pasada las novedades sobre la reforma de las leyes de Dependencia y Discapacidad ante los gobiernos autonómicos. Durante la reunión, se destacó el consenso en la implementación de medidas que promuevan la atención a personas en sus hogares, lo que ha venido llamando "desinstitucionalización".
En este contexto, Derechos Sociales subrayó que el Gobierno de coalición aprobó para 2024 una asignación anual de 3.411 millones de euros para la Dependencia, cifra que triplica lo destinado en 2014. Además, Bustinduy anunció la transferencia a las comunidades autónomas de dos partidas adicionales provenientes de fondos europeos: 1.500 millones de euros para transformar residencias y 367 millones de euros para impulsar la teleasistencia.
El Consejo Territorial se reunió para discutir el anteproyecto legislativo aprobado en febrero por el Consejo de Ministros, cuyo propósito es reformar las leyes relacionadas con Dependencia y Discapacidad. Este proyecto busca fomentar la autonomía personal y personalizar los cuidados, facilitando así que las personas permanezcan en sus hogares o en recursos comunitarios cercanos.
Bustinduy enfatizó que uno de los aspectos más relevantes es el reconocimiento de la teleasistencia como un derecho subjetivo, lo que permitirá su universalización. Esta medida tiene como objetivo prevenir la institucionalización y promover que los ciudadanos puedan decidir sobre su permanencia en casa y sobre las prestaciones recibidas.
La reforma también busca agilizar los trámites burocráticos mediante la simplificación del Programa Individual de Atención y estableciendo procedimientos urgentes para situaciones vulnerables, como enfermedades neurodegenerativas o violencia de género. En cuanto a la Discapacidad, se propone asimilar una discapacidad del 33% a aquellas personas reconocidas oficialmente con dependencia.
Asimismo, se incluirán derechos fundamentales para personas con discapacidad, prohibiendo cualquier tipo de discriminación en seguros de salud y vida. La modificación de la Ley de Propiedad Horizontal también será clave para garantizar accesibilidad en viviendas comunitarias.
Durante el encuentro, se coincidió en la necesidad urgente de mejorar la financiación del Sistema de Dependencia. Desde Derechos Sociales se hizo hincapié en aprobar nuevos Presupuestos Generales del Estado que respalden este sistema. La inversión estatal alcanzó un récord histórico con 3.411 millones de euros, lo que representa un incremento del 150% desde 2020.
Bustinduy también mencionó que se han transferido fondos europeos destinados a obras transformadoras en centros residenciales y a equipamientos tecnológicos que fomenten la autonomía personal. Se espera que estas inversiones impacten positivamente en cerca de 90.000 plazas.
A lo largo del Consejo Territorial, se abordó otro desafío significativo: el déficit laboral dentro del Sistema de Dependencia. El ministro Bustinduy afirmó que se están diseñando estrategias para facilitar la incorporación al sector y anunció planes para activar un espacio colaborativo con las comunidades autónomas.
Finalmente, se discutió también sobre una nueva asignación presupuestaria para servicios sociales y se anticipó la celebración del próximo Consejo Estatal del Voluntariado, programado para llevarse a cabo en Navarra.