La administración pública en España parece emplear un doble rasero en su relación con los ciudadanos. Por un lado, utiliza un lenguaje agresivo y sancionador para exigir el cumplimiento de sus requisitos y obligaciones. Pero, por otro lado, frecuentemente falla en cumplir sus propios compromisos, como en el caso de la Ley de Dependencia, dejando a miles de personas sin la ayuda que necesitan.
Supongo que estoy molesta con un requerimiento de datos estadísticos que nos ha llegado a la empresa, y me ha hecho reflexionar y escribir este artículo donde intento analizar esta contradicción, explorando cómo el tono punitivo de la administración contrasta con su falta de eficiencia en servicios esenciales para los ciudadanos.
El lenguaje sancionador y amenazante de la administración pública
En cada carta, notificación y requerimiento, los ciudadanos españoles se encuentran con un lenguaje que, en lugar de orientar o informar, amenaza y sanciona. Expresiones como "incumplimiento", "procedimiento sancionador" u "obligatoriedad de respuesta" se repiten una y otra vez, dejando poco espacio para interpretaciones amistosas.
Para un ciudadano de a pie, este tono resulta intimidante y complejo de entender. La administración parece presuponer que cada ciudadano tiene conocimientos en derecho administrativo, cuando, en realidad, este lenguaje denso y técnico genera confusión y estrés.
Os pongo un ejemplo de esta semana: nos ha llegado una notificación (encuesta sobre Adaptación a la Nueva Clasificación CNAE-2025), del Instituto Nacional de Estadística, y la carta advertía con sanciones económicas en caso de incumplimiento. Además, la estructura y el tono de la notificación más parecían una amenaza que una invitación a colaborar.
Ejemplo: “El incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 12/1989, de 9 de mayo, es constitutivo de infracción, que será calificada conforme al art. 50, y conllevará sanción económica…”. Párrafos enteros en mayúscula, otros en negrita, es decir, transmite miedo y confusión. Te sientes “atacado” por tu propia administración, que debería de estar para ayudar a los ciudadanos y no estresarlos así.
En otros países, la comunicación administrativa tiende a ser más comprensible y orientadora. En lugar de amenazar con sanciones de inmediato, las administraciones suelen priorizar el aspecto informativo y explicativo. Este enfoque hace que los ciudadanos se sientan parte del proceso, en lugar de sentirse atacados.
La otra cara de la moneda: la administración incumplidora
Mientras que la administración exige cumplimiento estricto a los ciudadanos, en temas de asistencia social y dependencia, los retrasos y las demoras son ya vergonzosas. Un ejemplo claro es el de la Ley de Dependencia, que desde su aprobación en 2006 prometió apoyo a las personas en situación de dependencia y daba 6 meses a la propia administración para la elaboración del PIA.
Según datos recientes, el tiempo de resolución en 2023 fue de 324 días, y hay más de 155.000 personas que continúan en listas de espera para ser evaluadas y recibir las prestaciones que la ley garantiza.
Esto contrasta con Alemania, que tardan 6 semanas desde que un ciudadano pide ser evaluado, hasta que le hacen la evaluación y se la conceden. Preguntamos por qué en 6 semanas: nos dijeron que está especificado por ley y ésta es para todos los ciudadanos, incluyendo a la administración que debe cumplir los plazos.
¿Por qué aquí no pasa lo mismo y la administración se puede saltar todos los plazos?
Este incumplimiento afecta directamente la calidad de vida de muchas familias, sus recursos y la productividad de la sociedad en general, y lo peor de todo, no tiene ninguna consecuencia para la administración. Los ciudadanos no tienen a quién recurrir cuando la administración no cumple, mientras que, paradójicamente, son sancionados rápidamente si no cumplen con sus obligaciones en tiempo y forma.
Doble moral en la gestión pública: sensación de injusticia
La falta de reciprocidad en la relación entre la administración y el ciudadano crea un evidente sentimiento de injusticia. Mientras que la administración se reserva el derecho a imponer sanciones, no parece aplicar el mismo rigor a sus propios plazos y compromisos. Esta dualidad mina la confianza en las instituciones, creando una percepción de desigualdad y arbitrariedad.
El lenguaje sancionador, junto con la falta de responsabilidad en el cumplimiento administrativo, no solo afecta a los ciudadanos individualmente; también tiene un impacto psicológico y social. A mi parecer, los ciudadanos percibimos que el Estado actúa con una doble moral: exige rigurosidad y cumplimiento de forma estricta, mientras se permite incumplir plazos y retrasar trámites sin consecuencias. Este trato desigual alimenta la desconfianza hacia las instituciones y genera un clima de frustración e impotencia.
Desde mi punto de vista, como ciudadana de a pie, pienso que la administración pública en España necesita un cambio en su forma de comunicarse y en su manera de gestionar las responsabilidades hacia los ciudadanos. El uso de un lenguaje menos amenazante y más orientado a la colaboración podría ser un primer paso para mejorar esta relación. Pero, además, es esencial que la administración asuma sus obligaciones y responda con la misma diligencia que nos exige a los ciudadanos.
La implementación de la Ley de Dependencia es solo un ejemplo de muchos en los que el incumplimiento administrativo tiene consecuencias graves para personas que, en muchos casos, no pueden esperar más. La confianza en las instituciones depende de que la administración asuma plenamente sus responsabilidades, pasando de las palabras a los actos.
Como ya señalaba Mariano José de Larra en 1833 con su irónica expresión “Vuelva usted mañana,” este es un problema antiguo. Ha llegado el momento de dejar atrás esa mentalidad y construir una administración que responda de verdad a las necesidades de los ciudadanos.
Anna Cebrián. Licenciada en Económicas, Master en Dirección de Empresas y postgrado en dirección de servicios gerontológicos. Directora de Inforesidencias.com
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