La Asociación Profesional Catalana de Directores de Centros y Servicios de Atención a la Dependencia (ASCAD) denuncia en un comunicado que los centros de atención a la dependencia en Catalunya se enfrentan a una creciente burocracia legislativa que obstaculiza la calidad del cuidado.
Lamenta que esta "hiperburocracia" desvía recursos hacia lo administrativo, reduciendo la atención directa y amenazando la viabilidad de pequeños centros. Es urgente, entiende desde esta asociación, simplificar normativas para mejorar el sistema y retener talento en el sector.
Reproducimos íntegro por su interés el comuicado de ASCAD:
A propósito del proceso de acreditación de centros en Catalunya y la plaga hiperburocrática.
Los centros de atención a la dependencia, muy especialmente residencias, estamos siendo impactadas por una legión de francotiradores legislativos obsesionados en generar cada vez más y más normativas y procedimientos sin demasiado sentido apelando, eso sí, a la “calidad, excelencia y como no, a la atención centrada en la persona (ACP)”. En el sector recibimos esta avalancha entre sorprendidos y molestos, porque la derivada resultante es en sentido contrario, en vez de ayudarnos en generar opciones de mejora cualitativa o cuantitativa hacia los cuidados de las personas, en la práctica, nos la encorsetan, dificultan y reducen.
La realidad es que esta inercia inútil, confusa, mal orientada e innecesaria, significa y tiene como primera consecuencia un desplazamiento de tiempos y funciones del ámbito asistencial hacia el burocrático y con ello a una reducción “de facto” de las ratios asistenciales de atención directa. Concretando, quien pierde en la hiperburocracia es la persona dependiente. La atención a la dependencia es un frágil ecosistema de dos componentes con suma 10: si incrementa uno (burocracia), disminuye el otro (cuidados). Así de simple.
Apuntemos también que estas normativas nos vienen tanto por vía estatal como autonómica y que sus dinámicas parecen continuarse, aunque de espaldas unas de las otras. Se “ignoran” y cada cual legisla lo que cree sin demasiada conexión ni aparente y suficiente lealtad institucional.
Citemos, como uno entre otros ejemplos, el sangrante proceso de acreditación de centros que vivimos estos meses en Catalunya entre el Decreto de Acreditación que se nos aplica de la Generalitat, el 69/2020, y la Resolución de 28 de julio de 2022, de la Secretaría de Estado de Derechos Sociales, por la que se publica el Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia firmado también por Catalunya, denominado Acuerdo Belarra, que marca las líneas estatales de ese proceso.
Estamos instalados en el confusionismo, en la divergencia consciente y en una situación en la que antes o después la toxicidad del proceso salpicará a todos: responsables de la Conselleria, personas dependientes y familias, equipos asistenciales y empresas sean del tipo que sean. Nadie será inmune o ajeno a esas consecuencias.
Otra característica, además del choque o ignorarse, es que nadie evalúa los costes o colateralidades que se generan en esas normativas intervencionistas que resultan “muy empobrecedoras” para todos, y no solo me refiero a pobreza económica sino también la intelectual. Denotan bastante desconocimiento real del sector.
Tres cuartas partes de los centros de atención a la dependencia en Catalunya son de menos de 75 plazas y el 50% de menos de 50 y no están preparados para soportar y hacer funcionar esta alocada promulgación y puesta al día que requiere tanta normativa, por ejemplo, del art. 6 del citado 69/2020, de sus protocolos, seguimientos y verificaciones siendo especialmente grave esta situación para las empresas medianas o pequeñas, -las de menos de 50 plazas que-, por su ratio de profesionales de segundo nivel, les es materialmente imposible y a la vez, poder atender tantos procedimientos y hacer su trabajo…. Y lo grave es que todo tiene su vertiente sancionadora y que, para más inri, estamos viendo y somos conscientes que el decreto es insumiso hacia él mismo ya que los requisitos de acreditar los cita explícitamente en el art. 8 mientras que nos rebotan el referido art. 6. Todo surrealista.
La administración debe plantearse YA que una de dos: o reduce y reconduce tanta norma improductiva y prescindible y promulga urgentemente un “nuevo decreto 69/2020 modificado” o si se sigue laxando el tiempo el resultado es igual a seguir apretando el acelerador de esta esquizofrenia y el sector quedará desolado ya que hará desaparecer casi todas las empresas pequeñas y familiares de proximidad que funcionan perfectamente y que son -precisamente- los centros referenciales del entorno de nuestros mayores.
O lo entienden o tendrán que explicar a la ciudadanía que la sacralización de la normativa de este tipo implicará generar aún más desatención, y además tendrá muchos números de “exiliar o desterrar a comarcas” a nuestros padres.
Otra perversión es que las “normas” tienden a perpetuarse a través de los regímenes sancionadores por incumplimientos que más bien parecen justificar su propia existencia que no incrementar la cantidad y calidad de cuidados y repito, todo ello envuelto en el celofán de la ACP y con el lacito de garantizar la calidad del cada día.
El cierre de centros de proximidad no es una profecía, ya es una realidad. Todos tenemos compañer@s o conocidos en esas circunstancias.
Pero el impacto de la hiper regulación afecta a todos, grandes y pequeños, de donde los profesionales con solvencia talentosa, emprendedora o innovadora huyen despavoridos ante tanto caos e inseguridad jurídica. El talento se aleja del sector conforme en él se conforman entornos fiscalizadores agresivos, inseguros e incómodos para el desarrollo profesional y donde la I+D es tan necesaria como imposible de generar porque todo está puntillosamente señalado e intervenido.
Si las escasas personas formadas y talentosas que tenemos se dedican fundamentalmente a la devota observación y cumplimiento registral de la superburocrácia, el talento huirá por las ventanas. Sencillamente porque además de ser un trabajo complejo tampoco se obtiene ningún retorno de gratificación o satisfacción profesional en estos ambientes de tanta incertidumbre. Solo tenemos claro el mensaje implícito que ante tanto requisito “seguro que algo se incumple” … y serás sancionado por ello.
Es urgente frenar y actualizar esta vorágine de regulaciones, decretos, decretazos y otros abusos normativos repletos de subjetividades. Llevamos desde el Covid enloquecidos con el tema y es que quizá a más de uno que entonces no actuaron o estuvieron a la altura, ahora les aprieta la conciencia. Los gerontólogos y en los ámbitos residenciales sabemos bien del complejo de culpa.
Es urgente hacer un peinado legislativo y una revisión de lo que tenemos para separar el grano de la paja y con urgencia eliminar/actualizar normas y, como a los yogures, ponerles fechas de caducidad. Es lo que nos exigen a nosotros y deberían aplicarse el cuento los legisladores.
Si tenemos una ley de simplificación administrativa, un gobierno que quiere hacerlo y unas entidades y ciudadanos que lo necesitan, deberíamos ocuparnos de ello, no?. Desburocratizar debiera ser la nueva religión. Punto. Eso SÍ es hacer política de verdad para la ciudadanía. (Ley 16/2015: reducción de la burocracia y simplificar trámites)
No deberíamos sacar una norma nueva sin que se revise y anule otra anterior para de ese modo salir del laberinto que no nos lleva a ningún lado. La simplificación debería ser un objetivo político irrenunciable.
El entorno de cuidados a nuestros padres debería ser agradable, tener claro que los centros de atención a la dependencia somos exactamente eso: centros de atención a la dependencia y que no somos lo que cada uno entienda o versione que somos y nos larga procedimientos en base a esa subjetiva creencia…y sus profesionales tampoco somos muñecos de trapo de la feria del pueblo.
Si quien paga -y puede hacerlo- no racionaliza el sistema que está creando y financiando con nuestros recursos económicos, nunca retendremos talento, nunca tendremos seguridad jurídica y nunca nadie querrá venir a trabajar en él. En cambio, vemos como hace poco el anterior Conseller se permitió hacer una convocatoria de prensa para presentar un estudio externo de costes en que se acredita que, en el ámbito residencial, Drets Socials está concertando por debajo de coste.
¡Olé!, huele a toda una declaración pública de vulneración de la ley y reconocimiento explícito de deuda sin propósito de enmienda ni temblarle el pulso o ruborizarse lo más mínimo.
En román paladino la cosa queda así: apretados e hiper exigidos, en el foco mediático, presuntos de todo y de postre,… mal pagados o explotados. El círculo virtuoso perfecto para abandonar el barco. Otra carga de profundidad diferida a la nueva Conselleria.
Necesitamos equilibrar la necesaria búsqueda de la sostenibilidad no solo económica del sistema (vivible, viable y equitativo) y centrarnos en las cosas imperativas para la atención a las personas dependientes, aumentar la innovación en esa línea y que nada distorsione o nos reste capacidad asistencial de cuidados.
Deberíamos centrarnos en no malgastar o perder recursos ante la colosal necesidad de estos que tenemos.
Mientras la política del cumplimiento hiperburocrático sin demasiado sentido siga absorbiendo el escaso tiempo a nuestras mejores mentes, los centros tendremos cada vez más dificultades para atender con una mínima dignidad a las personas residentes con lo que, irremediablemente, el círculo virtuoso de la decadencia será nuestro escenario.
Queda dicho para no hacernos más trampas al solitario.
Por ASCAD, Andrés Rueda.
02-12-2024