No obstante, ya le constan a esta asociación "movimientos y posicionamiento tanto del IMSERSO como de Sindic. La carrera no acaba el día 5 de Agosto…y hay muchas más cosas que hilvanar y explicaciones que dar en este proceso", apunta su presidente Andrés Rueda.
Ante esta circunstancia desde la asociación han querido dar a conocer el siguiente comunicado a la opinión pública:
1.- Acreditamos que la imposición de la fecha del 5 de agosto como límite de presentar las solicitudes de acreditación es definitivamente a conveniencia de unos cargos políticos “en funciones” con un más que dudoso respaldo normativo. No existe ningún documento que imponga esa fecha de forma legal, general y transversal a todos los centros. Tan solo, hilando muy fino, podría aplicarse a los centros concertados por la medida excepcional, y sin precedentes, de la ruptura unilateral de la prórroga tácita bianual del concierto por parte de Drets Socials con los centros concertados.
A la pregunta específica post webinair a los técnicos del Departament de ¿Quin termini tenen les entitats col·laboradores per presentar l’acreditació? La respuesta es: El termini fixat pel Departament de Drets Socials és el 05/08/2024. O sea, no se hace referencia a un texto legal y si al “porque yo lo digo”. Obviamente esto es una cacicada y patada al derecho y totalmente recurrible.
2.- Acreditamos que el Decret de acreditación 69/2020 cita explícitamente unos requisitos en su art. 8.1 para que ésta se lleve a cabo. En cualquier caso, la documentación a adjuntar debería ser la citada en “esos requisitos” y no un listado de documentos alternativos formulados por no sabemos quién o en base a qué rango normativo superior que desautorice al 69/2020. Resulta cuanto menos curioso que se solicite una documentación paralela por el Departament desatendiendo los requisitos del Decret elaborado por propio Departament. Consideramos que esto también es recurrible.
3.- Acreditamos que los profesionales y sociedad civil hicimos nuestros deberes en relación a las lecciones aprendidas por el impacto del Covid en las residencias y que cristalizaron en la Resolución del 28 de julio con el Acuerdo sobre criterios comunes de acreditación y calidad de los centros y servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) (acuerdo Belarra). También se generaron con él unas directrices, temporalidad y procedimientos de adaptación de los centros actuales hasta el 31/12/2029.
Esta Conselleria los desatiende expresamente generando a su vez un procedimiento paralelo alternativo que se caracteriza por la nula concordancia con el Acuerdo: Acreditamos improvisación, falta de compromiso, inseguridad jurídica, temporalidad subjetiva y horizontes inciertos. Esto también tendría recorrido en un recurso. Recordamos que el Acuerdo Belarra está firmado por Catalunya.
4.- Acreditamos que esta Conselleria financió un estudio de costes aplicado al ejercicio 2022 que resuelve y cuantifica que la financiación de los centros es 200€ por residente y mes por debajo del coste. Esto significa que un centro que concierta 50 plazas empieza el 1 de enero sabiendo que no cubre ni los costes y que tendrá unas pérdidas anuales mínimas de 120.000 €.
La concertación temeraria está expresamente prohibida por Ley, impide una competitividad del sector consigo mismo y respecto a otros sectores, así como también en la captación de profesionales. Es una práctica altamente peligrosa para las personas a atender y conduce al cierre de centros antes o después.
Desde las direcciones denunciamos expresamente que la descapitalización y deuda objetivada por el estudio con los centros/empresas es especialmente demoledora para las familiares, pequeñas y medianas, que son sobre un 72% del total en Catalunya y están endeudadas hasta límites crediticios. Los presupuestos que manejamos son exiguos.
Es un tema que debiera solucionarse de inmediato y establecer un calendario de pago de las deudas acumuladas y acreditadas por Drets Socials debido a sus contrataciones temerarias.
También debe procederse a la revisión inmediata de las tarifas actuales y ajustarlas a precio cierto. No podemos condenar a los profesionales de los cuidados a salarios de hambre y al tiempo tenernos continuamente en el punto de mira social y pedir, entre otras cosas, formación y compromiso con sus funciones. Queremos decir bien alto y señalarle a la ciudadanía de donde vienen los recortes y sus consecuencias.
Nos piden tener profesionales y cuidados “top” con financiación y salarios “low cost” y con ratios de personal congelados desde hace 10 años. Están en otro mundo. Lo que no puede ser, no puede ser y además es imposible.
La ciudadanía debe saber que quien tiene la llave de la caja define la calidad del modelo.
ASCAD denunció en su momento que la deuda acumulada respecto al IPC llega hasta el 20,7% en función de la tipología de los centros en la horquilla 2009-2023.
La quiebra de muchos centros está en la esquina. Difícilmente podemos pedir a los centros planes de viabilidad para la adaptación al nuevo modelo si los hemos condenado previamente a la ruina, hipotecado y descapitalizado… mientras curiosamente, regábamos generosamente con fondos millonarios “next generation” otro tipo de proyectos alejados de la filosofía y entronque del Acuerdo Belarra.
Nos vienen rumores del germen de una “Plataforma de Centros Afectados” al margen del inmovilismo patronal. Estaremos atentos, razones tienen.
5.- Denunciamos y acreditamos la deserción, tibieza y complicidad de las entidades patronales instaladas en el confort haciéndoles meramente de altavoz o gestoría gratuita al Departament. Suponemos que para algunas debe obedecer a cualquier otro tipo interés… menos al de defender sus empresas, profesionales y residentes. Solo observamos en una, no nos duele decir nombres, UPIMIR, un debate interno y ganas de revertir este nefasto amarillismo.
Esta situación de laxitud patronal es un cáncer funcional en el que, haciendo cual orquesta del Titanic, están mareando la perdiz y mientras dejando hundir al sector sometiéndolo a una crisis vital para la continuidad en la atención a las personas dependientes y arrastrando en ello a sus profesionales. Esperemos, aunque la experiencia nos hace dudar, que sus afiliados reaccionen exigiéndoles que den cuenta de su hoja de servicios en este asunto.
6.- Observamos con sorpresa que, en todo este galimatías y con lo que llueve, Drets Socials solo reacciona promulgando el Decret llei 7/2024, de 2 de juliol, “condonando sanciones a empresas sancionadas”, que beneficia especialmente a las “big” y que incluso parece que se ha hecho “ad hoc”. Para ello no duda a utilizar un Decreto-ley sobre la sequía para meter, por la puerta de atrás, modificaciones nada más y nada menos que del capítulo de sanciones de la LLEI 12/2007, d'11 d'octubre, de serveis socials de Catalunya. Esto, por si solo, habla del modus operandi de este Departamento. Esperaremos y estaremos atentos al debate del Parlament del 25 de julio que rodeará la aprobación parlamentaria de este Decreto Ley, en el que por salvar algunos centros pequeños de proximidad haga tragar la mayor. También esperamos que su trámite debiera significar aflorar los interrogantes y las súbitas prisas del Departament en este asunto.
7.- Acreditamos que el elefante de la inseguridad jurídica incluso amañando o intentando quitat presión las Declaraciones Responsables sigue en la cristalería. Ante la pregunta nº 11 poswebinar “Cal complir amb tots els punts que formen la Declaració Responsable per poder iniciar el tràmit? La respuesta es: “Arran de la publicació al DOGC del Decret Llei 7/2024, cal tenir en compte que els punts del redactat de les Declaracions Responsables relacionats amb procediments sancionadors ha estat derogat, per tant, no vinculen la sol·licitud de l'acreditació”.
NO es cierto, el Decret 7/2024 NO habilita en ningún punto efectuar declaraciones responsables falsas. La respuesta nos deja aún mucho más preocupados.
8.- Recientemente la patronal ACRA ha solicitado que la figura del Responsable Higiénico Sanitario se replantee en cuanto a la titulación necesaria y sus funciones pudiendo ser mas transversal a otros profesionales de segundo nivel. Vamos aún más allá de esta solicitud. Pedimos directamente que desaparezca esta figura exclusiva y excepcional que no existe en toda Europa y que esta función pase directamente a profesionales de primer nivel tipo TCAE o Gobernant@a del centro. La atención sanitaria de los centros ya está decidida que en sus aspectos médico y de enfermería debe brindarla el Sistema Nacional de Salut exactamente igual que a cualquier otro ciudadano.
La figura del médic@ y DUE deben desaparecer, brindarlas los CAP y sus ratios repercutirlos a la atención directa de primer nivel. Esta es nuestra propuesta.
Por ASCAD, Andrés Rueda