La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, ha dicho esta semana que los pensionistas han ganado 1.905 millones de euros de poder adquisitivo desde que entró en vigor el índice de revalorización con la reforma de las pensiones de 2013. Quiso añadir que en la anterior legislatura las pensiones han subido todos los años: un 1 % en 2012 y 2013 y un 0,25 % en 2014, 2015 y 2016.
Lo que parece que la ministra no tiene en cuenta es que los pensionistas han mejorado 1,65 puntos su poder de compra mientras la inflación se ha disparado al 3%. No parece, pues, una buena idea desvincular la revalorización de las pensiones del IPC. Desde la oposición ya han criticado que esta medida ha “condenado a la pobreza” a más de 9,5 millones de personas. Quizá sea excesivo afirmar que se ha relegado a todos estos millones de personas a la indigencia, pero, desde luego, no ha mejorado su poder adquisitivo.
Por lo menos, Bañez ha dicho estar abierta al Pacto de Toledo, “dialogando y escuchando propuestas” y espera “alcanzar un acuerdo bueno para garantizar las pensiones de hoy y de mañana”.
Mientras tanto, en el mismo marco de este Pacto de Toledo, el gobernador del Banco de España, Luis María Linde, apuntaba varias ideas interesantes para la reflexión. En términos de equilibrio de gasto, cosa que, por otra parte, parece lógico dado su cargo, daba la razón a la ministra en cuanto que opina que la reforma de las pensiones de 2013 logrará restaurar la sostenibilidad del sistema a largo plazo.
Técnicamente apuntó que el Factor de Sostenibilidad y el Índice de Revalorización, incorporan un mecanismo automático de equilibrio financiero que lo acerca a los sistemas públicos de pensiones de otros países europeos de nuestro entorno. Dio números: si la tasa de empleo llega hasta el 80% en 2060, desde el 56% actual, se podría compensar hasta el 60% de presión sobre el gasto derivada de la longevidad.
La conclusión que muchos sacan es que teóricamente se puede salvar el sistema de pensiones, pero sustentándolo también, como es evidente, con la pérdida de poder económico por parte de los pensionistas. Quizá por esto habló también de que es una buena idea implantar sistemas de ahorro privados o mixtos: “Son vías razonables, sensatas y útiles”.
Aun así, dijo que no hay que ver los planes de pensiones complementarios como algo sustitutivo porque el sistema público es “irremplazable”.
Por eso, antes las dudas que suscita el actual modelo sobre su sostenibilidad, apostó por recurrir a nuevas fuentes de financiación de las pensiones por medio de impuestos, pero siempre, dejó claro, con impuestos indirectos. Tampoco se atrevió a decir cuáles de estos son los que cargarían con la responsabilidad.
Para terminar, Linde se mostró partidario de prolongar la edad de jubilación hasta los 67 años. Las justificaciones, las de siempre: el aumento de la esperanza de vida y el retraso en la entrada en el mundo laboral. Añadió esta vez también la menor necesidad física que requieren la mayoría de trabajos de hoy en día y la mejora de las condiciones físicas en edades más avanzadas.
De esta forma, el gobernador del Banco de España volvió a apostar por madidas para garantizar la sostenibilidad del sistema: “Cualquier medida encaminada a desincentivar la jubilación anticipada y permitir la ampliación de la vida laboral por encima de los 67 años tendría efectos positivos sobre la sostenibilidad financiera del sistema”.
Al final, las soluciones son siempre las mismas. No se ponen sobre la mesa ideas novedosas al respecto. De esta forma, si queremos garantizar un sistema de pensiones, no parece mala opción retrasar la jubilación de quien así lo desee, meter dinero en la hucha vía impuestos (que el político de turno elija el que más le guste), pero, sobre todo, crear empleo. Sin trabajo y sin cotizaciones no hay sistema que se sostenga.
No puedo estar más de acuerdo con el presidente de la Fundación Edad&Vida, Eduardo Rodríguez Rovira, cuando dice que en materia de pensiones, "los políticos se han puesto en marcha cuando la situación es irremediable".