En la estela de las reflexiones de GESCA (con su permiso: a vueltas con la ratio, parte II)

La Asociación Empresarial de Gestores de Centros Asistenciales para mayores de Bizkaia (GESCA) ha planteado al departamento de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno Vasco la posibilidad de analizar “las necesidades de las personas que atendemos en los centros, buscando evidencias empíricas que nos permitan dimensionar los recursos necesarios para atender con calidad a las personas dependientes”.

En mi opinión, la demanda de GESCA obedece a una estrategia de no dejar nada al albur de nada, de modo que las ratios a fijar en el nuevo decreto sean consecuencia de análisis técnicos y no derivadas de planteamientos supeditados a ciertos posicionamientos políticos y/o ajustes presupuestarios. En definitiva, esta patronal de Bizkaia propone una necesaria reflexión sobre la correspondencia entre dotaciones de personal y calidad de atención, consecuente, por otra parte, con la obligación autoimpuesta por un ejecutivo que ha reconocido públicamente su intención de revisar al alza las ratios establecidas por la "demanda social" tras la pandemia. ¿Pero qué podría significar exactamente esta intención de revisión al alza de las ratios?

Como profesional de los servicios residenciales para personas mayores dependientes, siempre he entendido de aplicación incondicional la siguiente secuencia: perfil de dependencia (case mix)→ratio→coste→precio. Una secuencia que, cuando se revisan en profundidad los distintos marcos normativos del Estado, en no pocas ocasiones no mantiene los equilibrios exigibles para considerar que las relaciones entre las cuatro variables identificadas sean coherentes entre sí. Así, por ejemplo, las variaciones en ratios deberían reflejar variaciones en coste y, como consecuencia, en precio. Sin embargo, como demuestran varios estudios a este respecto, este tipo de relaciones causales no forman parte de las mecánicas de cálculo en la secuencia definida (convendría recordar los resultados obtenidos en el informe “El precio justo: lo que cuesta atender a una persona dependiente en un centro residencial” o las conclusiones del artículo “Precios, ratios y costes en la prestación de servicios residenciales para personas mayores: análisis comparativo entre Gipuzkoa y el resto del Estado”).

Bastarían tan solo tres datos sobre concertación de grados II y III del BVD para describir, de modo inequívoco, que la construcción de la red residencial en el Estado ha sido más producto de una estrategia de guerra de guerrillas que consecuencia de una política estatal garante de una atención homogénea e igualitaria. En todo caso, una realidad actual que, entre otras razones, no es sino consecuencia de los incumplimientos históricos del Gobierno central en la financiación de la Ley de Dependencia y, por reacción, de los programas políticos desplegados por cada ejecutivo autonómico para garantizar el ejercicio de derechos subjetivos. Y, en este último sentido, las sensibilidades mostradas no son precisamente semejantes.

La construcción de las ratios de futuro debería ser un ejercicio profesional serio y riguroso por cuanto de efecto directo tiene en el modelo de cuidados residenciales para personas mayores con vulnerabilidad. Un objetivo de futuro, además, que debería servir para armonizar una transición hacia un nuevo paradigma que asentara las bases para una atención de mínimos transversal y homogéneo en el conjunto del Estado. ¿O alguien piensa realmente que el espíritu de la Ley de Dependencia podría ser otro distinto?

Construir significa hacer algo con los elementos adecuados (2ª acepción de la RAE); por contra, inventar de manera interesada no dejaría de ser un acto artificial consistente en desvestir un santo (estimación no fundamentada de plantillas de personal) para vestir otro (incremento no científico de ratios para justificar avances en la personalización del cuidado). En la transición hacia un futuro garante de la calidad de atención, la definición de nuevas ratios tendría que soportarse en el despliegue de los mismos tres vectores impulsores, cualquiera que fuera el ámbito comunitario o territorial de aplicación.

1 Vector propositivo (bases del cambio)

• La determinación de las ratios se basa en hechos objetivos, medibles, fehacientes y contrastables, además de constatables.
• La homogeneización de las ratios se logra desde metodologías interpretativas de las necesidades de personal a lo largo del día (idea de “picos” y “valles” conforme a los biorritmos de las personas residentes), desde sistemas validados de captura y registro de datos, desde herramientas de análisis cuantitativo y, fundamentalmente, desde el contraste empírico para interpretar y validar la idoneidad de las plantillas de atención directa resultantes. Un vector que no parece formar parte del constructo teórico del “Acuerdo Belarra”.
• La definición de ratios excesivamente agregadas, dado el amplísimo abanico de necesidades de atención y cuidados derivadas de la multiplicidad teórica de perfiles de atención conforme al BVD, nunca debería ser una cuestión obviable en la determinación de ratios (inmensa mayoría de comunidades con ratio conjunta para grados II y III, junto a disparates conceptuales como una ratio agregada para grados 0 y I en el Decreto 126/2019 del Gobierno Vasco o, aún en mayor despropósito si cabe, ratios únicas y universales según el “Acuerdo Belarra” o el recientemente aprobado Decreto 27/2023 de la Comunitat Valenciana)

2 Vector interrogativo (cuestiones a resolver)

• ¿El modelo o modelos para las próximas décadas se deben construir sobre un progresivo avance de las unidades de convivencia como únicas organizaciones garantes de máxima calidad de vida? Y si fuera así, ¿las ratios del futuro serían fijas e independientes del case mix, tal y como proponen los modelos nórdicos y su importación sistemática a nuestra idiosincrasia cultural?
• ¿La identificación y cuantificación de ratios mínimas, con especial relevancia las de personal gerocultor por su repercusión directa en el cuidado directo, debe realizarse conforme a métodos científicos y técnicas heurísticas de modelización (mismos problemas, mismas soluciones) o nos conformamos con someter la discusión a la disponibilidad presupuestaria o los intereses políticos (futuro=presente+x% o método de ciencia infusa)?
• Con la irrupción de la generación del babyboom como potenciales usuarios de recursos especializados, y en la medida de que la opción domiciliaria presumiblemente no podrá cubrir todas las necesidades de cuidados especificas en perfiles emergentes, ¿deberíamos insistir en la reconversión arquitectónica de la red actual, incluso con una más que previsible pérdida de plazas como consecuencia de modelos asumidos casi por acto de fe? ¿No deberíamos imaginar, también, soluciones intermedias entre el domicilio y la residencia con ratios apropiadas?

3 Vector transitivo (modelaje consensuado y transferencia del conocimiento)

• Las ratios se legitiman desde el consenso científico, el consenso político y el consenso social. Y, probablemente, en ese mismo orden: de la ciencia empírica a la decisión política para suscitar el equilibrio necesario entre las distintas sensibilidades de los diferentes agentes directos involucrados en el cuidado residencial (personas usuarias, profesionales, operadores y sindicatos)
• El conocimiento causal como gestor de centros y la expertise como consumidor de servicios son las piedras de clave en la construcción de la ratio. Difícilmente las propuestas públicas prosperarán si previamente no han contado con los actores del cuidado en su elaboración, más allá de los procesos consultivos no vinculantes abiertos en la fase de alegaciones, y sobre los que la experiencia demuestra su escaso potencial para producir cambios sustanciales.
• En Euskadi, e igualmente en el conjunto del Estado, las diferencias de enfoque entre las correspondientes administraciones competentes son evidentes. Estas diferencias revierten en la coexistencia de modelos con distintas capacidades para garantizar un cuidado personalizado y suficientemente digno. Pero las buenas prácticas normativas existen y deberían ser transferibles en dinámicas de benchmarking. Aun así, no contamos con agencias públicas capaces de detectar, estandarizar, evaluar y escalar esas buenas prácticas al conjunto de territorios/comunidades para homogeneizar la atención residencial.

Todavía no se conoce públicamente el borrador del decreto sustitutivo del decreto 126/2019 del Gobierno Vasco. Por tanto, no se sabe si estamos ante un nuevo paradigma postpandemia o ante un decreto de transición con algunos cambios significativos (tamaño de las unidades de convivencia o exigencias competenciales ante la falta evidente en la oferta de personal de atención directa). El tiempo lo dirá. Si bien, personalmente, no atisbo cambios de calado en el cálculo de las ratios de personal: o mucho me equivoco o, nuevamente, la ciencia infusa ganará la partida a la evidencia empírica. A nivel autonómico es lo que habitualmente ha ocurrido y es bastante posible que siga ocurriendo; a nivel foral, opino que Gipuzkoa trazará otras coordenadas para abordar la transición a las ratios de futuro (Libro Verde).

¿En algún momento pondremos coto a este modo de regular la actividad en un sector tan esencial como insisten en hacernos ver? Soy un mar de dudas respecto al despliegue concienciado de los tres vectores del cambio. Será que me he vuelto un pesimista. Pero como decía Mario Benedetti, un pesimista es solo un optimista bien informado.