En la reunión del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia el Ministerio de Derechos Sociales y las CCAA han acordado un incremento del 17,65% en las prestaciones para cuidados a personas dependientes en el entorno familiar. Igualmente, está previsto que las ayudas vinculadas al servicio y asistencia personal aumenten un 4,5%, un incremento de la intensidad horaria de la ayuda a domicilio, el establecimiento de cuantías mínimas en las prestaciones económicas o la atención residencial a dependientes con grado I que lo deseen, entre otras.
Estas subidas beneficiarán a más de 700.000 personas, pero tendrán que ser aprobadas antes por el Consejo de Ministros.
Lo anunciaba así en Twitter el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez:
De esta forma, las cuantías máximas mensuales se verán incrementadas en los siguientes términos:
- Grado I de dependencia: de 153 euros a 180
- Grado II de dependencia: de 268,79 euros a 315,90
- Grado III de dependencia: de 387,64 euros a 455,40
En cuanto a las prestaciones económicas vinculadas al servicio (PEVS):
- En la ayuda vinculada al servicio de atención residencial: 747,25 euros (se equipara la cuantía máxima del grado II a la que corresponde al grado III).
- En la ayuda vinculada al servicio de centro de día: 445,30 euros (se iguala la cuantía máxima del grado I a la que corresponde al grado II).
Del mismo modo, también se incrementan las prestaciones económicas para asistencia personal:
- Grado I de dependencia: de 300 euros a 313,50
- Grado II de dependencia: de 426,12 euros a 747,25
- Grado III de dependencia: de 715,07 euros a 747,25
Destaca especialmente que la cuantía del grado II se iguala a la correspondiente al grado III.
Además de este aumento de las cuantías máximas de las prestaciones económicas, la modificación del Real Decreto 1051/2013 que regula las prestaciones del Sistema de Dependencia también contempla el incremento de la intensidad horaria de la ayuda a domicilio, que queda de esta forma:
- Grado I: de un máximo de 20 horas mensuales a una horquilla de entre 20 y 37 horas.
- Grado II: de entre 21 a 45 horas a entre 38 y 64 horas.
- Grado III: de 46 a 70 horas se pasa a entre 65 y 94 horas.
También el acceso a la atención residencial dentro del catálogo a las personas dependientes con grado I que lo deseen. Así, Derechos Sociales y las comunidades proponen que la atención residencial se incluya en el catálogo para personas con grado I. Quieren que se elimine la limitación de acceso a la atención residencial, que en la actualidad se circunscribe únicamente a los grados II y III. Es decir, las personas con grado I podrán irse a vivir a una residencia si lo prefieren.
Otra de las reformas que se someterá a votación en el Congreso es el acceso a la prestación económica para cuidados en el entorno familiar. Ya no serán obligatorios los requisitos de parentesco y de acreditación de cuidados previos hasta un año antes de presentar la solicitud. Se podrán considerar como servicios aquellas prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar (PECEF) que lleven aparejadas un servicio de apoyo al hogar de la persona dependiente de forma que se descargue a las personas cuidadoras.
Del mismo modo, otra de las reformas previstas es el establecimiento de cuantías mínimas en las prestaciones económicas. La normativa estatal no contempla a día de hoy cuantías mínimas para las prestaciones económicas del SAAD, lo que da lugar a prestaciones económicas muy reducidas, llegando alguna de ellas, incluso, a cifras muy cercanas a cero euros.
El Ministerio de Derechos Sociales recuerda que a fecha de 31 de octubre de 2022, en el conjunto de las comunidades autónomas, del total de las 703.000 personas que reciben prestaciones económicas hay 61.400 expedientes en los que la cuantía que se percibe es inferior a 100 euros al mes y 27.750 casos en los que se reciben entre 0 y 50 euros al mes. Se propone por ello que para los cuidados familiares, las vinculadas al servicio y las de asistencia personal cuenten con una cuantía mínima:
- Grado I: 100 euros
- Grado II: 150 euros
- Grado III: 200 euros
Se plantean otras modificaciones menores motivadas por mejoras técnicas, como la adaptación a la normativa de protección de datos. También actualizar la normativa de baremo de valoración de la discapacidad; indicar la teleasistencia como servicio complementario o la especificación de que los máximos de intensidad del SAD son ampliables por las comunidades autónomas.
En las reunión con las CCAA, el Ministerio aprovechó para presentar su “Estrategia de desinstitucionalización para una buena vida en la comunidad”, un proyecto con las recomendaciones de la Comisión Europea sobre el modelo de cuidados. Se trata, señalan desde el Gobierno, de una “fantástica oportunidad” para seguir impulsando el cambio de modelo en los cuidados de larga duración e impulsar el desarrollo de nuevas modalidades de servicios de proximidad.
El objetivo es que las personas puedan vivir en los entornos comunitarios con los apoyos y cuidados que necesiten, y que no es más que el deseo de muchas personas mayores a elegir cómo quieren vivir. Para ello, se inspira en las recomendaciones de distintos estudios e investigaciones y en la experiencia y aprendizajes de los países que más han avanzado en las políticas de cuidados.
La voluntad del Gobierno es elaborar esta estrategia en estrecha colaboración con las comunidades autónomas, que son quienes tienen competencias en servicios sociales, así como con una amplia participación personas con necesidades de apoyos, ciudadanía, órganos consultivos, profesionales del sector, entidades del tercer sector, entidades y empresas prestadoras de servicios, agentes sociales, personal investigador y de la academia.
Todas estas acciones se enmarcan dentro del Plan de Choque en Dependencia del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que ha incrementado en los últimos tres Presupuestos Generales del Estado hasta 1.800 millones de euros para mejorar las prestaciones, reducir las listas de espera y mejorar los apoyos y la atención a las personas en situación de dependencia.