El proyecto de presupuestos generales del Estado para 2022 suma otros 600 millones extra a la partida de dependencia, que aumenta en conjunto un 23%. El Círculo Empresarial de Atención a la Dependencia (CEAPs) valora positivamente este incremento, si bien insiste en que se trata de una “financiación insuficiente”, ya que esa cuantía está muy lejos “del 2% del PIB que se necesita para que exista una atención plena de las personas dependientes en toda España”.
Según la cantidad presupuestada por el Imserso para el año que viene, la Dependencia experimentaría un aumento hasta alcanzar la cantidad de 2.902 millones de euros, mientras que el nivel mínimo aumentaría en un 22,91%, hasta los 2.146 millones de euros, y el nivel lo haría en un 70,6%, lo que supone 483 millones de euros en total.
La presidenta de CEAPs, Cinta Pascual, insiste: “Llevamos mucho tiempo diciendo que el modelo no ha fallado, lo que falla es la financiación y, para eso, es muy importante llegar al 2% del PIB para la Dependencia”. Señala que la inversión actual del Gobierno es tan solo del 0,7%, “nada que ver con la de otros países de nuestro entorno”. “El déficit es evidente”, apostilla, y recuerda que el propio secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, reconoce que la transformación de los cuidados “requiere una financiación necesaria”.
CEAPs apoya esa reivindicación en el informe ‘El Precio Justo; lo que cuesta atender a una persona dependiente en un centro residencial’, realizado por la patronal y Gerokon y que fue presentado el pasado 1 de octubre durante la celebración de la I Cumbre ‘Baby Boom’. De esta forma, reclama una mayor inyección económica y exige que el 1 de enero de 2022 las tarifas en todas las Comunidades estén como mínimo por encima de los 2.030 euros. Pero aún pide más y si “Queremos un aumento de los salarios, queremos habitaciones individuales…, hay que ser transparentes. Si no llegamos a esa a los 2.300 euros y de ahí hacia arriba no podremos prestar el servicio que la sociedad quiere y requiere”, explica Pascual, quien lamenta que actualmente diez autonomías están por debajo del básico que son los 2.030 euros.
Junto a esto, reivindica que exista un sistema de concertación mixta, con un 50% de plazas concertadas y otro 50% plazas privadas, abonadas con prestaciones vinculadas al servicio; que se fije una ratio global de profesionales mínimo del 50%, y que solo exista una única tarifa de Atención a la Dependencia, no basada como hasta ahora en los grados de Dependencia de la persona usuaria del servicio. Además, que se trabaje con indicadores de satisfacción del propio usuario para medir la calidad del servicio, garantizando el uso de herramientas de Atención Centrada en la Persona.
Hay que recordar que el año pasado también se aumentó la partida en 600 millones, dentro del plan de choque puesto en marcha para reducir listas de espera y mejorar las prestaciones y las condiciones de los profesionales, con lo que el presupuesto para la dependencia se ha incrementad en 1.200 millones desde 2020, según se ha destacado desde el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.