Hace unos días vi una noticia en Internet que me llamó la atención. Apareció en muchos medios y casi todos la enfocaban de una forma parecida:
¿Qué interpretas si lees que se han violado derechos humanos “en” las residencias? Yo, inmediatamente, pienso que los responsables, dueños o profesionales que trabajan en las mismas han hecho algo terrible. Si, encima, lo dice una entidad como Amnistía Internacional, me reafirmaría en esa creencia.
Pero si lees el informe de Amnistía Internacional sobre la Covid-19 en residencias ves que la cosa no es como te querían hacer entender. Parece que quien ha escrito la noticia ha querido manipularte, quizás para proteger a quien Amnistía Internacional culpa de verdad de esa violación de derechos.
“Durante el pico de la primera ola de la pandemia (es decir, desde la segunda semana de marzo hasta mediados de abril aproximadamente) se hizo evidente que las medidas adoptadas por las autoridades españolas para responder a la pandemia COVID-19, en particular en Cataluña y Madrid, vulneraron los derechos humanos de las personas mayores que vivían y viven en residencias, y en concreto el derecho a la salud, a la vida y a la no discriminación, y además resultaron ineficaces para proteger a un colectivo especialmente vulnerable. Asimismo, las decisiones de las autoridades impactaron también en el derecho de las personas residentes a la vida privada y a una muerte digna. Durante el pico de la primera ola de la pandemia, el personal de las residencias no contó con la protección adecuada ni acceso oportuno a test, lo que produjo contagios y dificultades para poder implementar las directrices que se recibían de las diferentes instituciones (cuando éstas eran adecuadas)”.
Podría haberlo escrito yo ya que coincide con lo que he observado durante la pandemia pero está sacado casi literalmente del informe.
Ahora que la Fiscalía anuncia que está imputando a directoras de residencias por homicidios imprudentes vale la pena leer este otro párrafo del informe de Amnistía Internacional:
“Hubo personas residentes necesitadas de atención médica sanitaria a las que no se les dio la oportunidad de un tratamiento adecuado de posible COVID-19 u otras patologías que padecían, ni en la residencia ni en un hospital. Tanto en Madrid como en Cataluña, hubo momentos donde no se realizaron ingresos en hospitales, y las pocas derivaciones que se dieron, fueron la excepción y en ocasiones ya fatalmente tarde. La decisión práctica de no derivar se aplicó de forma automatizada y en bloque, sin llevar a cabo valoraciones individualizadas. En ambas comunidades autónomas, esta práctica fue llevada a cabo a través de diferentes mecanismos de criba. La no derivación en Madrid estaba prevista en protocolos, que establecían instrucciones y criterios para valorar la derivación o no de personas de residencias y/o mayores a hospitales e incluían instrucciones de cuidados paliativos. Los protocolos fueron variando, actualizados con diferentes versiones y distribuidos de forma selectiva a ciertas personas. En la Comunidad de Madrid se emitieron varios documentos en los que se utilizan criterios sobre edad y/o fragilidad, asociada con el lugar de residencia. En Cataluña, el Protocolo del Servicio de Emergencias Médicas (SEM), dependiente del Departamento de Salud, recomienda no ingresar en la UCI a determinados pacientes de más de 80 años con coronavirus y hacía referencia al criterio de futilidad. Si bien el protocolo catalán establecía que 'el criterio del médico de cada paciente' prevalece sobre las recomendaciones generales, al no poder contar muchas de las personas mayores con la posibilidad de consultar a un médico o médica, lo cierto es que el resultado era el mismo: denegación de cualquier modalidad de asistencia sanitaria adecuada”.
O sea, que el motivo por el que tantos mayores murieron en residencias fue porque no había forma de trasladarlos a los hospitales. Podía ser una instrucción, un obstáculo o sencillamente que las ambulancias no hiciesen el traslado. Lo que queda claro es que ningún director de residencia decidió que se quedase en el centro una persona que podría haber recibido un servicio mejor en el hospital.
“Cuando se hizo patente la situación de dificultad, las medidas adoptadas por la Comunidad de Madrid y la Generalitat se implementaron de forma incoherente y no llegaron a dotar de acceso adecuado a los servicios de salud por parte de la población en residencias. La Comunidad de Madrid y la Generalitat tomaron diferentes medidas, sin uniformidad ni claridad de criterios de la intervención o del éxito de la misma. No se adoptaron medidas alternativas para garantizar la asistencia sanitaria médica adecuada de este grupo vulnerable. Y es que frente a la situación de presión asistencial que vivían los hospitales en el pico de la pandemia, las autoridades previeron, en diversos instrumentos y como parte de la gestión de la crisis sanitaria, la supuesta dotación de recursos en las residencias para gestionar la asistencia sanitaria: la llamada “medicalización de las residencias”. Sin embargo, esto no sucedió”.
Demoledor, ¿verdad?
El informe también menciona el elevado número de empleados de baja en las residencias (dice que en algunos casos llegó al 50%) y como la administración no ha compartido datos sobre esa situación.
Las propuestas que hace Amnistía Internacional son:
Después de leer estas líneas, y recomiendo encarecidamente, el informe entero; ¿alguien cree que titular que se han producido violaciones de derechos humanos en las residencias es un titular adecuado?
Seguro que el informe ha pasado alguna cosa por alto, pero creo que nadie puede decir que haya sido cobarde o impreciso. Quizás por ello se ha intentado tergiversar dando la imagen que el problema era “de las residencias” cuando la verdad es que era una crisis sanitaria causada en primer lugar por la enfermedad y en segundo por la respuesta pública.
También creo que una copia del informe estará en la carpeta de todos los abogados defensores de directores de residencia.