La consejera andaluza de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha destacado la necesidad del apoyo económico a las entidades prestadoras de los servicios de atención a la dependencia con el objetivo de garantizar la continuidad del servicio, el sostenimiento de este sector social y el mantenimiento de los numerosos puestos de trabajo vinculados: “Con esta iniciativa económica, cuyo importe asciende a más de 13,5 millones de euros, este Gobierno contribuye a paliar los gastos que están soportando los centros, así como a garantizar la continuidad asistencial y la calidad de la prestación del servicio a las personas mayores y con discapacidad en situación de dependencia”.
Esta medida económica está destinada a las entidades prestadoras de los servicios de atención residencial, centro de día y de noche y centro de día con terapia ocupacional con plazas concertadas con la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía (ASSDA), entidad adscrita a la Consejería de Igualdad.
Como ha señalado la consejera, a consecuencia de la pandemia por Covid-19, estas entidades han tenido que hacer frente a una serie de gastos extraordinarios para proteger la salud, tanto de las personas beneficiarias como de los trabajadores y trabajadoras, para cumplir con las medidas de prevención higiénico-sanitarias establecidas por las autoridades sanitarias.
“Su actividad no solo ha sufrido un notable daño reputacional sino que también se ha visto afectada por las diversas medidas adoptadas como la suspensión de nuevos ingresos en las residencias o el cierre de los centros de día, acordadas por la Orden de 13 de marzo”, ha señalado la consejera, que se ha referido a gastos como el incremento de la contratación de personal, el refuerzo de las medidas de higiene y transporte, la dotación de los equipos de protección individuales, las tareas de desinfección y la adecuación y adaptación de espacios.
En Andalucía, el número de centros que prestan servicios públicos de atención a la dependencia para personas mayores y con discapacidad mediante contrato, convenio o concierto con la ASSDA asciende a 1.415. Gracias a ellos, hay 37.886 personas beneficiarias a fecha de 31 de octubre de 2020.
Por su parte, la Consejería cántabra de Empleo y Políticas Sociales que dirige Ana Belén Álvarez aprobó también conceder una subvención de casi 650.000 euros a centros residenciales de personas dependientes o con discapacidad de Cantabria con el fin de minimizar el impacto económico provocado por la pandemia de COVID-19.
Las ayudas, que serán sufragadas por el Instituto Cántabro de Servicios Sociales (ICASS), tienen como objetivo paliar la reducción de ingresos económicos en las residencias. Hay que recordar que durante el estado de alarma no se efectuaron nuevas altas de usuarios, salvo aquellas motivados por necesidades sociales de fuerza mayor, por lo que se produjo un descenso generalizado de los ingresos de los centros al tiempo que mantuvieron sus plantillas.
La consejera ha recordado que los beneficiarios de la subvención tienen la obligación de destinar este dinero al mantenimiento de su oferta de plazas y servicios, así como al fomento de la calidad. Para ello, las entidades beneficiarias deberán disponer de las mismas o análogas instalaciones y servicios que venían prestando antes de la declaración del estado de alarma. Se ha exigido que se mantengan las plantillas de los centros, de modo que se garantice la prestación del servicio en idénticas condiciones de calidad y el obligado cumplimiento de la ratio del personal exigible.
Los beneficiarios son 36 centros residenciales que se vieron afectados por esa imposibilidad de recibir nuevos ingresos, tanto de plazas concertadas como privadas, así como un centenar de usuarios que por indicaciones de la Administración y como consecuencia de la emergencia sanitaria salieron de ellos para retornar a sus domicilios o el de sus familiares, debiendo asumir la obligación del pago por ausencia, en concepto de reserva de plaza.
El Departamento de Derechos Sociales del Gobierno Foral de Navarra ya ha transferido a las residencias de mayores una parte de los fondos comprometidos para hacer frente a los gastos extraordinarios que tan tenido que afrontar con motivo de la pandemia.
Se trata, sin duda, de una buena noticia porque es la primera administración regional en realizar esta compensación económica.
En concreto, el Ejecutivo ha pagado 2.518.117,20 euros, de los que 1,1 proceden de los fondos extraordinarios habilitados por el Estado y el resto con cargo a su presupuesto.
Según la previsión del Departamento de Derechos Sociales queda pendiente de pago un millón de euros, hasta una cantidad total comprometida de 3,5 millones, que servirán para cubrir el 50% de los gastos extraordinarios en los que han incurrido los centros en 2020.