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OBJETIVO: TRANSFORMAR EL ACTUAL MODELO DE CUIDADOS EN GRANDES RESIDENCIAS

El Gobierno destina más de 2.000 millones a impulsar la desinstitucionalización y el cuidado en el hogar

El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy.
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El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy. (Foto: La Moncloa)
Por Javier Cámara/Dependencia.info
miércoles 11 de diciembre de 2024, 12:01h

Un plan operativo para desarrollar en 2025 la 'Estrategia estatal para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad: un proceso de desinstitucionalización' presentada en el mes de junio.

El Ministerio de Derechos Sociales ha lanzado un plan operativo que moviliza más de 2.000 millones de euros con el fin de desarrollar el próximo año la 'Estrategia estatal para un nuevo modelo de cuidados en la comunidad: un proceso de desinstitucionalización' que ya fue aprobada el pasado verano por el Consejo de Ministros.

Los 2.053.100 euros de este plan los aportarán 13 comunidades autónomas y el Gobierno de España con el fin de financiar hasta 695 actuaciones que pongan en marcha la transformación de los cuidados a personas mayores y personas con discapacidad que son dependientes. La estrategia estatal incluye a las personas sin hogar y menores migrantes.

El objetivo, como se viene insistiendo desde el Ministerio de Derechos Sociales y el IMSERSO, es transformar el actual modelo de atención en grandes residencias y alcanzar un modelo de cuidados personalizados en el propio hogar, un modelo de pequeña escala en el entorno comunitario para que no tengan que abandonar sus entornos.

Vivienda digna y accesible

Pero para ello, un elemento clave es el acceso a una vivienda digna y accesible para que las personas dependientes puedan recibir el apoyo que necesitan y prevenir de esta forma la institucionalización, es decir, el ingreso en una residencia de personas mayores.

Por ello, una gran parte de los más de dos mil millones de euros que se van a invertir en estas actuaciones son para garantizar las condiciones que permitan quedarse en el hogar tanto como deseen o, en otra vía de actuación, a que puedan acceder a viviendas con apoyos en la comunidad con la idea de que estas personas mayores dependientes puedan seguir construyendo su proyecto de vida.

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, apuntaba: "La vivienda no es solo un derecho, sino la condición necesaria para que se puedan desplegar otros muchos derechos, como el de los cuidados dignos y la autonomía personal".

El plan operativo tiene 5 ejes, pero las cuatro primeras líneas estratégicas son específicamente para las acciones en la propia vivienda:

- Prevención de la institucionalización: A través de 233 actuaciones con una dotación de 602,6 millones de euros, el objetivo es facilitar el acceso a viviendas dignas, así como promocionar la salud y garantizar el acceso a los servicios de proximidad. También la accesibilidad a edificios, documentos, etc. Entre estas actuaciones, se creará una red de 100 viviendas de titularidad pública de inserción social.

- Participación y concienciación social: 125 actuaciones en total para fomentar que los dependientes participen de forma activa en la toma de decisiones sobre sus vidas. La dotación económica para estas actuación es de 131 millones de euros.

- Transformación de modelos de cuidado: 183 actuaciones que movilizan 687,2 millones de euros para formar a los profesionales y la gestión del sector en este nuevo modelo y dar herramientas para poder personalizar los cuidados y fomentar la inclusión en la comunidad. También servirá para mejorar las condiciones laborales del sector.

- Servicios para la transición a la comunidad: Busca alternativas dignas para vivir y ser cuidadas en la comunidad. 125 actuaciones y 584,3 millones de euros para el acceso a la vivienda y el impulso de apoyos y servicios de base comunitaria que permitan a las personas poder vivir de acuerdo con su voluntad en sus comunidades.

- Condiciones habilitadoras para la desinstitucionalización: Como eje fundamental para llevar a cabo todas las actuaciones anteriormente mencionadas es necesaria una actualización normativa, administrativa, de financiación y de coordinación institucional, prevista en la modificación de la Ley de Dependencia. Para ello, 29 actuaciones con un presupuesto de 47,9 millones de euros.

El plan operativo 2024-2025 ha contado con la participación del Ministerio de Sanidad, el de Educación y Formación Profesional, el de Trabajo y Economía Social, Juventud e Infancia y Transición Ecológica y Reto Demográfico, así como de doces comunidades autónomas (Andalucía, Aragón, Asturias, Islas Baleares, Canarias, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Región de Murcia y Comunidad Foral de Navarra).

PUEDE VER Y DESCARGAR ÍNTEGRO AQUÍ EL PRIMER PLAN OPERATIVO DE LA ESTRATEGIA ESTATAL PARA UN NUEVO MODELO DE CUIDADOS EN LA COMUNIDAD: UN PROCESO DE DESINSTITUCIONALIZACIÓN

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