El Justicia de Aragón ha presentado un Informe sobre las Residencias de Personas Mayores en la región que se ha centrado en la situación vivida en el entorno residencial de mayores ante la pandemia del Covid 19. Entre sus conclusiones, apunta que "se ha producido una falta de protocolos adecuados para enfrentarse a situaciones de emergencia como la vivida, en especial respecto a utilización y tenencia de EPI´s y situaciones de baja laboral del personal".
También que "los centros residenciales de mayores son los hogares de quienes en ellos residen y, por lo tanto estas personas han de tener idéntico acceso a la asistencia sanitaria que tienen quienes residen en su domicilio particular y, sin embargo, no parece que se haya entendido así en muchos casos; en los más graves, afortunadamente minoritarios, ha existido incluso inacción respecto a la asistencia sanitaria “in situ” en las residencias por partes de los servicios de los centros de salud públicos a los que estaban asignados los residentes".
Igualmente, el informe del Justicia de Aragón explica que "se ha puesto de manifiesto una escasez de profesionales suficientemente cualificados en muchos centros residenciales, con ratios escasas, sin que se tenga en cuenta en éstas las reales funciones que cada trabajador realiza". Otro aspecto importante es que "los centros intermedios Covid se valoran positivamente siempre y cuando estén plenamente integrados dentro del sistema sanitario y ello no suponga una merma de derechos como ciudadano".
Al respecto, la gerente de la Asociación Aragonesa para la Dependencia (ARADE), Paquita Morata, explicaba que han intentado leer este informe con objetividad porque "dependiendo de qué tipo de datos se den puede parecer un poco sesgado". "La cuestión es que si se mira el informe del Justicia de Aragón con detenimiento, no aporta grandes novedades porque habla de lo que ya conocemos", como son las dificultades para tener al principio de la pandemia equipos de protección, problemas con los PCR o que se atendía telefónicamente desde los centros de salud.
Morata apuntaba igualmente que "el informe habla también de 50 expedientes abiertos de quejas de familiares, pero, como es habitual, no se habla de lo positivo". La portavoz de la patronal señalaba que en Aragón atienden a 19.000 personas que, a su vez, tienen hijos y nietos, por lo que "50 expedientes tampoco son excesivamente representativos de todo un sector". Incluso, subraya, "se transmiten quejas bastante lógicas porque las familias han sufrido porque no han podido ver a sus familiares por el aislamiento, porque desde el hospital no les han permitido volver a la residencia porque no teníamos permitidos nuevos ingresos, porque había familiares que no querían que se los llevaran a los centros intermedios Covid, cuestiones propias de haber aplicado la normativa que teníamos en el sector".
Otro aspecto que quiso destacar Paquita Morata es que "el informe contiene 43 páginas de normativas de la Administración, algo muy significativo que muestra todo lo que se han tenido que ir readaptando los centros y lo que supone, por ejemplo, para un pyme pequeña sin estructura administrativa tener que adaptarse a todos estos cambios de normativas a lo largo de estos siete meses".
En definitiva, la gerente de ARADE indica que "están de acuerdo con algunas de las conclusiones, como es el caso de necesitar una mayor coordinación con Sanidad o la necesidad de una financiación de la Ley de Dependencia, y en otras no lo estamos, sobre todo porque se sigue hablando peyorativamente del hecho de institucionalizar a una persona y demuestra que no sabemos hasta qué punto conocen el mundo del mayor". Morata explica este punto: "Hablan de un cambio de modelo, pero no hay que hacerlo porque ahora haya llegado una pandemia, sino porque ya llevamos años modificando ese modelo y trabajando en la Atención Centrada en la Persona".
Como fuere, echa de menos que en este informe se pregunte a las personas mayores, "se habla mucho de ACP, pero a la persona mayor no le pregunta nadie". "Nos parece injusto porque se habla de una serie de cosas en unos términos y en un momento concreto muy inadecuado", apunta. Y era tajante al afirmar: "Desde el sector hemos estado cuidando y salvaguardando la vida de las personas mayores, mientras otros, en lugar de ayudar y aportar, hacían informes con conclusiones muy previstas de antemano y con datos a veces bastante sesgados".
Y concluye, "en estas circunstancias lo que necesitamos es un discurso constructivo que nos ayude realmente a mejorar en los servicios y si hay alguna actuación que no ha sido correcta, para eso está la Fiscalía, pero lo que hemos hecho es aplicar la normativa". En definitiva, "todo lo que hemos hecho es porque debíamos hacerlo porque estábamos en una pandemia y hay transmisión comunitaria y mientras no haya una vacuna y estemos seguros vamos a estar en esta situación".