Esta frase, ligeramente retocada ("the economy, stupid"), fue utilizada en la campaña electoral americana de 1992 por el candidato a presidente Bill Clinton en su enfrentamiento electoral con George H. W. Bush (padre) y que acabaría por auparle a la Presidencia de los Estados Unidos. Fue una forma de decirle a toda la población americana que lo verdaderamente importante no era la política exterior, las medidas medioambientales o las mejoras sociales. Fue una forma de gritarle a la sociedad americana que lo verdaderamente importante no es lo que se pudiera crear o proponer, sino lo que fuera a costar esa propuesta.
Todas las sociedades científicas, Imserso, consejeros/as de las distintas Comunidades Autónomas, Ministerio de Derechos Sociales, empresas de atención a la dependencia, patronales del sector, sindicatos sectoriales e incluso plataformas diversas de abajofirmantes, estamos de acuerdo en mejorar cada día el bienestar de las personas mayores. Fomentar su "empoderamiento", reducir las sujeciones hasta eliminarlas por completo, incrementar el número de trabajadores en nuestros centros, alcanzar acuerdos que permitan mejorar cada año las condiciones de trabajo de los empleados de nuestro sector, firmar un convenio que ofrezca estabilidad y tranquilidad a trabajadores y empresas, atender todas las solicitudes de servicios de atención a la dependencia que los ciudadanos formulan mensualmente a las Comunidades Autónomas... nadie puede tener la más mínima duda sobre la conveniencia de avanzar en todas estas medidas y propuestas aquí formuladas. Reconozco, sin embargo, que las Administraciones Públicas no contratan sin dinero, que las empresas no trabajan sin beneficio, y que los empleados no trabajan sin un sueldo. ¿Entonces? Entonces... vamos a bucear en la problemática real del problema.
No conozco a un solo consejero de Asuntos Sociales, sea del signo político que sea, que no reconozca que el fondo del problema es la falta de corresponsabilidad del Gobierno en la financiación de la atención a la dependencia. Recientemente asumía en una nota de prensa el propio sindicato C.C.O.O. (Urdaci dixit) que el núcleo del problema reside en que de la situación inicial de confinanciar la atención a la dependencia al 50% entre Gobierno y Comunidades Autónomas, hemos pasado a que el Gobierno aporta el 20% y las Comunidades el 80%. Ese es el verdadero nudo gordiano de la dependencia. Pasan los colores políticos por el Ministerio: ora un azul, ora un rojo, ora otro azul, ora un rojo de nuevo, ora un morado... pero ninguno ha demostrado tener la sensibilidad y valentía necesarios para gritar en el Parlamento lo que todos sabemos: el sistema de atención a la dependencia ya no es sostenible tal y como está concebido. Cada Ministro que pasa por nuestro sector cambia el nombre del ministerio y se enfrasca en planes estratégicos, alianzas por el bienestar y demás propuestas grandilocuentes para seguir manteniendo ese raquítico 20% de aportación económica hacia la atención directa a sus ciudadanos.
Las Comunidades Autónomas cada vez tienen más personas mayores a las que atender y sus presupuestos (en aquellas comunidades que tienen la suerte de aprobar sus presupuestos cuando toca) están prácticamente congelados. Su única opción pasa por poner menos dinero sobre la mesa y comprar por 50 euros un servicio cuyo coste de producción conocido es de 80 euros. Mientras tanto, las comunidades siguen reclamando al Estado que aporte el dinero que le corresponde y que ejerza su corresponsabilidad, pero... como el que oye llover. La única forma que tienen hoy en día las Comunidades Autónomas de mantener un buen nivel de calidad en la atención a la dependencia es mediante una doble vía: incrementar el número de las prestaciones para Ayuda a Domicilio y Teleasistencia, de forma preventiva; y el incremento de las Prestaciones Económicas Vinculadas al Servicio (PEVS), fomentando la libertad del ciudadano para que elija el recurso asistencial que considere más conveniente para él.
Las empresas, por su parte, están cada vez más desencantadas de la gestión de servicios para las Comunidades Autónomas, y están abandonando a marchas forzadas el sector de la contratación pública. Las empresas se están centrando en el sector privado, ya que el sector público resulta cada vez menos atractivo. Trabajando en el sector privado es donde las empresas que ofrecen servicios de atención a la dependencia encuentran el espacio necesario donde desarrollar fórmulas de reducción de sujeciones, políticas de retención y fidelización de empleados, y planes de mejora continua en sus instalaciones. Sólo contando con los mejores medios, con el mejor personal y con las mejores ubicaciones, seremos capaces de ofrecer a las personas mayores el nivel de atención que todos requieren y que no siempre reciben.
Y por su parte, los sindicatos, aún a sabiendas de que el verdadero problema reside en la falta de financiación por parte del Estado hacia las Comunidades Autónomas, pasan el tiempo entre elecciones convocando concentraciones en las puertas de las residencias de mayores. Empezamos a ver en el empleo y en la economía, los primeros efectos del desgobierno y de las medidas laborales tomadas. Todavía tenemos tiempo de reorientar el rumbo. Todos ponemos nuestro esfuerzo y voluntad para mejorar la atención a los mayores, y tan sólo depende ahora mismo de que el Estado asuma su responsabilidad y ponga los recursos que sus ciudadanos necesitan. Pongámonos manos a la obra y no hagamos como el maño que decía "Chifla, chifla, que como no te apartes tú...".