Suelo empezar mi día laboral echando un vistazo a un listado que recibo por mail de las noticias aparecidas en los medios de comunicación que tratan sobre residencias y atención a personas mayores. Casi siempre son reseñas muy locales que tratan de algo que ha pasado en un centro concreto; otras tratan del envejecimiento, la demencia o la falta de profesionales. En los últimos años y de forma periódica aparece un aluvión de noticias sobre huelgas en las residencias del País Vasco.
Ahora estamos en uno de esos momentos. En los últimos doce meses las residencias guipuzcoanas han vivido 118 días de huelga.
Para quien quiera información sobre las razones que esgrimen los sindicatos para la última huelga, recomiendo la lectura de esta página en la web del sindicato ELA. Lo cierto es que más que una huelga por motivos laborales parece que lo que exigen los huelguistas es que la administración deje de concertar plazas en residencias privadas. Defienden que en esas residencias, las ratios y salarios son muy bajas y las condiciones laborales precarias.
Lo cierto es que los sindicatos en Guipúzcoa han sido bastante efectivos los últimos años, ya que, según un informe publicado hace un par de años, los salarios de quienes trabajan en residencias privadas guipuzcoanas han subido bastante por encima de la inflación y la jornada anual es bastante inferior a la que marca el convenio colectivo marco por el que se regulan la mayor parte de residencias en España.
Como siempre que hay una huelga que afecta servicios esenciales, el gobierno ha publicado una norma donde se establecen los servicios mínimos durante la huelga, esta es una de mayo de 2019. Allí se establece que el derecho de la huelga está “condicionado al mantenimiento de los servicios de atención directa que han de ser considerados como mínimos y que garanticen la vida y la salud de las personas residentes en función de sus necesidades. Se les prestarán por tanto los servicios precisos para levantarse y acostarse (incluida la realización de cambios posturales, etc.), para su asistencia sanitaria (medicinas, curas..), para su higiene personal básica, para la alimentación y suministro de medicación. Igualmente se establecen unos servicios de atención indirecta básicos”. La orden, que regulaba los servicios mínimos para una huelga de mayo de 2019 establece que “En las residencias se mantendrá el 70% de personal gerocultor o asimilado que realiza la atención directa, salvo en el horario habitual de la comida, y de 08:00 a 10:30 de la mañana y de 20:00 a 22:00 horas en que este porcentaje se incrementará en un 10%. En turno de noche se prestará el servicio por el 100% del personal de atención directa y las tareas a desarrollar serán única y exclusivamente las configuradas como de atención directa”.
Cómo sé que la normativa vasca de residencias y los requisitos de concertación en Guipúzcoa son bastantes elevados, al leer el alcance de los servicios mínimos me surgió la pregunta: ¿Es posible que esas residencias en huelga tengan más personal que una residencia en otra comunidad autónoma en situación “normal”?
Como esto de los cálculos de personal resulta casi siempre algo proceloso, decidí preguntarle a un experto: Alejandro Gómez Ordoki, un profesional que ha dedicado mucho esfuerzo a desentrañar las exigencias normativas sobre personal en diferentes lugares y su relación con los precios de concertación. Esta fue su respuesta.
¿Sorprendente? Cada uno ve la realidad desde allí donde se encuentra. Decía Alejandro Gómez Ordoki en una entrevista que “La solución al problema de la dispersión normativa pasa por un observatorio y por estandarizar todo lo estandarizable”. Resultaría paradójico que, tras hacer eso, llegásemos a la conclusión que la ratio de gerocultoras adecuada para todo el Estado sea la de “Guipúzcoa en huelga”.