Las entidades que representan a la mayoría del sector de la Dependencia asistieron al pleno del Parlamento de Cantabria en el que se aprobó una Proposición no de Ley que reclama al Gobierno regional la aprobación de una nueva normativa reguladora consensuada con el sector, así como financiación suficiente en los presupuestos de 2019 para garantizar su aplicación. El Gobierno sigue rechazando el consenso y pretende publicar en dos meses sus normas ante la contundente oposición del sector y de la mayoría del Parlamento de Cantabria, tal y como se puso de manifiesto.
El sector ya ha mostrado su rechazo reiterado a las nuevas normativas debido a su falta de rigor técnico, económico y jurídico. De hecho, le envió una carta al Presidente de Cantabria, Don Miguel Ángel Revilla, el pasado 14 de septiembre solicitándole que ponga fin a esta situación e informándole de que el sector continuará intentando reconducir la situación pero tiene la firme determinación de acudir a instancias jurídicas si, finalmente, las normas son aprobadas.
Asimismo, las entidades prestadoras de los servicios a personas en situación de dependiencia solicitaran reunirse con todos los partidos políticos en los próximos meses para abordar los problemas reales y cada vez más acuciantes que afectan tanto a la red de atención y el transporte adaptado, como a las personas dependientes, sus familias y trabajadores, y que siguen sin resolverse. Un sector que atiende ya a más de 8000 personas y da empleo a unos 5000 trabajadores debería ser liderado desde una perspectiva de políticas públicas que aborde los profundos retos a los que se enfrenta, evaluando de forma profesional y efectiva la actual situación y las posibles soluciones.
Las políticas de la Dependencia no pueden volver ser gestionadas desde el desconocimiento de su complejidad y con la única voluntad de establecer medidas cosméticas. Ya que, si bien, se han hecho mejoras en la gestión del ICASS, se han ampliado plazas concertadas y se ha aumentado la contratación, no es menos cierto que dichas políticas se han cimentado en los recortes del año 2012, hechos a costa de los centros y servicios de atención, que supusieron duros ajustes financieros y de personal, y que siguen vigentes hasta el día de hoy.
Esta precariedad contrasta con la política del ICASS que el pasado 6 de septiembre en su Consejo General incrementó en 58 puestos su plantilla, un buen porcentaje de la misma que irá destinada a los centros públicos de atención a la Dependencia. Centros que, a día de hoy, mantienen una ratio tres veces superior a los centros concertados y con un precio por plaza que podría superar los 175€ diarios frente a los 47€ de media que cuesta una plaza concertada.