La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Montserrat, presidió la semana pasada dos reuniones del Pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Dependencia: la primera ha sido monográfica sobre el Informe la evaluación del Sistema de Dependencia y en la segunda se han abordado varios asuntos relacionados con la cartera de Servicios Sociales.
La ministra ha subrayado la importancia de que, desde que la Ley de Dependencia entró en vigor hace diez años, es la primera vez que Gobierno y Comunidades Autónomas realizan un análisis conjunto de la situación del Sistema. Se ha dado así cumplimiento al compromiso que quedó reflejado en la VI Conferencia de Presidentes donde se creó la Comisión de análisis de la Situación de la Dependencia.
Sobre este informe, Montserrat destacó las 3 principales conclusiones: que el sistema de dependencia debe caminar siempre hacía un sistema basado en servicios; el compromiso de hacer un análisis de la perspectiva de género; y la necesidad de avanzar en una revisión normativa del Sistema para responder mejor a las necesidades de los ciudadanos.
Sube más de un 5% el nivel mínimo de protección
En esta línea de dar una mejor respuesta a las necesidades de las personas dependientes, el Ministerio y las CCAA han aprobado la actualización de las cuantías del nivel mínimo de protección, aumentándolas en más de un 5 por ciento. Esto supone en la práctica un incremento de 5,6 euros mensuales de media por cada beneficiario. Así:
- el grado I de dependencia aumentará 3,05 euros y pasa de 44,33 a 47,38 euros.
- el grado II sube 1,65 euros al situarse en 84,49 euros desde los 82,84 de antes.
- el grado III se se incrementa 12,27 euros desde 177,86 a los 190,13 euros.
La idea en la que se trabaja conjuntamente con Hacienda es que este incremento pueda ser retroactivo a 1 de enero de 2017.
“Gracias a la recuperación, podemos fortalecer nuestro sistema de protección social, un pilar esencial que garantiza la cohesión de nuestro país”, ha subrayado la ministra.
Por otro lado, el Pleno ha acordado la modificación de los criterios de acreditación con el objetivo de mejorar la estabilidad en el empleo de los cuidadores que prestan sus servicios en centros o instituciones sociales, con dos medidas fundamentales: eliminar el límite de edad para la habilitación excepcional (antes estaba prevista para trabajadores de 55 años o más que acreditaran determinada experiencia, ahora para todos) y establecer una habilitación provisional para personas que habiendo trabajado, no cumplan con el requisito de la experiencia, y se comprometan a participar en los procesos de acreditación hasta el 31 diciembre de 2022.
También en relación a la Dependencia, se ha acordado una mejora importante de la atención que se presta a las personas con dependencia: añadir a los servicios de teleasistencia tradicionales elementos tecnológicos que van a permitir prestar una atención más completa a la persona, dentro y fuera de su domicilio, como por ejemplo detecciones de caídas, geolocalizaciones o servicios de telediagnóstico.
Criterios de acreditación de los cuidadores
Otro avance conseguido en la reunión garantiza "el empleo de más de 17.000 personas", ya que modifica los criterios de acreditación de los cuidadores. De esta forma se evita que el 31 de diciembre de 2017 quienes no cumplan requisitos de formación y experiencia demostrada queden sin trabajo. Así, se ha acordado que la habilitación excepcional, aquella que se otorga si se demuestra una formación y horas trabajadas mínimas, no será solo a los mayores de 55 años, como ocurría hasta ahora. Se va a conceder una provisional a las personas que a 31 de diciembre de este año no reúnan los requisitos de la excepcional, con el compromiso de que cumplan esas condiciones en 2022.
Destaca, igualmente, la partida de 17 millones que se ha aprobado para servicios de teleasistencia, añadiendo a los servicios tradicionales elementos tecnológicos para una mejor asistencia al dependiente tanto fuera como dentro de su domicilio.