La inversión pública total certificada en Dependencia en el año 2016 ascendió a 6.911 millones de euros. De estos, 1.201 millones, o lo que es lo mismo un 17,4% de la aportación finalista la realizó la Administración General del Estado; frente a los 5.710 millones de euros, un 82,6%, que aportaron las Comunidades Autónomas. Según consta en las certificaciones anuales contenidas en el ANEXO IV de la Orden SSI/2371/2013, remitidas al Observatorio de la Dependencia (todas a excepción de País Vasco).
Con un incremento anual del gasto público de tan solo el 1,7% se consiguió aumentar el número de atendidos en un 8,7%. Lo que confirma la implantación del low cost en el sistema.
El gasto promedio por persona en situación de dependencia atendida en 2016 ascendió a 8.349 € anuales, de los cuales, según los porcentajes aportados por cada administración, 6.896 € los realizaron las CC.AA., y 1.453 €, el Gobierno central.
Por CC.AA., los gastos promedio por persona ponen de relieve la desigualdad que hay entre unas y otras. En la parte alta del gasto estarían, Valencia (13.233,61 €), Extremadura (12.560 €), Navarra (11.222,01 €) y Aragón (10.506,21 €) superan los 10.000 €/anuales de gasto promedio por persona en situación de dependencia.
Mientras en la baja Baleares (6.130 €), Murcia (6.398,7€), Andalucía (6.464,87 €) y Castilla y León (6.607,14 €) donde el gasto promedio/anual es desde hasta 2.000 euros menos que el promedio en España. La mayor diferencia se establece entre Valencia y Baleares con hasta 7.103,61€ menos de gasto promedio entre la segunda y la primera por persona.
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