La Mesa por el Blindaje de las Pensiones (MERP) quiere instar al Gobierno a que reforme la Constitución para prohibir la privatización del sistema público de pensiones y la degradación del poder adquisitivo de éstas.
En su manifiesto, MERP explica que cientos de organizaciones (desde movimientos LGTB hasta la Iglesia), miles de profesionales, activistas y ciudadanos constituyen un amplio movimiento social unido en torno a la idea del blindaje constitucional de las pensiones.
A juicio de este colectivo, en los últimos años se ha producido un deterioro de las pensiones y la pérdida de su poder adquisitivo, una situación que pone en riesgo uno de los pilares fundamentales de nuestra sociedad, un eje de solidaridad intergeneracional e interterritorial.
Por eso, MERP ha entregado 725.796 de firmas a las Defensoras del Pueblo con las que quieren instar al Gobierno y al Congreso de los Diputados a que se atienda sus reivindicaciones.
Entre ellas, piden una reforma constitucional que incluya "la prohibición expresa de que cualquier gobierno, actual o futuro, pueda tocar, recortar o privatizar, total o parcialmente, el sistema público de pensiones".
Asimismo, el artículo debe recoger como obligación constitucional "mantener el poder adquisitivo real de las pensiones, y por tanto la imposibilidad de que ningún tipo de medida, ya sean recortes, subidas de impuestos, copagos, aumento de las tarifas de los servicios básicos o cualquier otra pueda afectar a las pensiones".
Así, la MERP ha colocado hoy más de 40 mesas para recoger firmas en todas las comunidades autónomas con el objetivo de lograr los dos millones de firmantes.