La vida de Julia (94) y Encarna Garijo (83) no ha sido fácil. Y el destino les tenía guardada una jugada más. Cuando Julia se rompió la cadera el año pasado, decidió irse de Madrid a vivir a la residencia en la que vivían sus hermanas Pepa (101) y Encarna. Al poco falleció Pepa, y ambas hermanas se adaptaron bien a la vida de la residencia de Matamala, en Almazán, Soria.
Pero en febrero de este año la Junta de Castilla y León le comunicaba a Encarna que si vivía en el mismo “domicilio” que su hermana Julia, dejaría de cobrar su pensión no contributiva. Solo tenían dos opciones: o Encarna renunciaba a sus 380 euros mensuales, o una de las dos hermanas tendría que marcharse de la residencia.
Este mes de abril, Julia, a sus 94 años, eligió dejar la residencia y volverse a Madrid para no perjudicar a su hermana Encarna. Así Encarna puede seguir cobrando la pensión no contributiva de 380 euros que necesita para pagar su plaza en la residencia, cuyo importe mensual asciende a más de mil euros.
Ahora Julia ha vuelto a Madrid y vive atendida por dos asistentes en su casa. Y Encarna continúa en la residencia de Soria.
En la residencia se trató por todos los medios que las hermanas siguieran juntas, pero las gestiones no surtieron efecto.
Hace menos de un mes, el albacea y amigo de la familia Angel Martín Vizcaíno comenzó en Change.org una campaña de recogida de firmas para cambiar la Ley y casos como este no se repitan. Ya lleva recogidas más de 120.000 firmas, y entregará la petición a los responsables de los distintos partidos políticos en el Congreso. "Julia y Encarna ya no van a volver a vivir juntas, pero lo que pretendo con esta campaña es que esto no le vuelva a pasar a nadie más", explica Martín a Negocios y Gestión de la Dependencia.
La Ley que regula las prestaciones no contributivas estipula que "existirá Unidad Económica de Convivencia en todos los casos de convivencia del beneficiario con otras personas unidas con aquel por matrimonio o por lazos de parentesco de consanguinidad o adopción hasta el segundo grado. El parentesco por consanguinidad hasta el 2º grado alcanza a: padres, abuelos, hijos, nietos y hermanos del solicitante". Los ingresos por Unidad Económica de Convivencia no pueden superar los 8.779,82 euros anuales para percibir una pensión no contributiva.
En este sentido, las administraciones han cumplido con lo que marca la Ley, si se entiende que vivir en una residencia también es una forma de convivencia con un familiar. La administración central, a través del Imserso, es la última responsable de la gestión de este tipo de pensiones, y quien aporta los fondos; y la regional, a través de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, quien hace las diligencias y trámites.
No obstante, el sentido común hace dudar de la justicia de esta legislación que trata a las personas únicamente como "unidades económicas de convivencia", y la propuesta de Ángel Martín va en esa dirección, la de pedir una modificación a la Ley para que no se considere la convivencia en centros residenciales para la retirada de este tipo de prestaciones.
La vida de las hermanas Garijo no ha sido fácil. Su padre, Apolinar Garijo, fotógrafo y guarda forestal en Almazán, fue fusilado por los sublevados en agosto de 1936 dejando siete hijos. Uno de los hermanos, Manolo Garijo, fue enviado a un batallón disciplinario en Algeciras del que volvió enfermo y murió al poco tiempo. Y la vida de las hermanas Garijo tampoco ha sido un camino de rosas. Ahora, Julia y Encarna, una viuda y la otra soltera, tampoco podrán vivir juntas los últimos días de sus vidas.