La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales ha publicado el informe del Observatorio Estatal de la Dependencia correspondiente al tercer trimestre de 2026, elaborado con datos oficiales a 30 de septiembre. El documento cifra en 236.736 las personas que permanecían pendientes de algún procedimiento del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD): 85.976 esperaban la valoración de su grado de dependencia y otras 150.760 tenían reconocido el derecho, pero seguían sin recibir la prestación o el servicio correspondiente.
Durante los nueve primeros meses del año fallecieron 21.374 personas mientras esperaban una resolución o la atención reconocida. De ellas, 10.753 estaban pendientes de valoración y 10.621 aguardaban la prestación o el servicio. La asociación cifra la media en más de 78 fallecimientos diarios, uno cada 18 minutos.
La entidad destaca que la lista de espera se ha reducido en 21.431 personas desde el comienzo del año, un 8,3%. Sin embargo, considera insuficiente este ritmo y estima que, de mantenerse, serían necesarios ocho años para alcanzar la plena atención.
El informe también señala que el incremento de la financiación estatal transferida a las comunidades autónomas desde julio no se ha traducido, hasta septiembre, en una reducción significativa de las listas de espera ni en un aumento de la intensidad de los servicios o de las cuantías de las prestaciones económicas.
Más personas atendidas, pero con prestaciones de baja intensidad
Entre diciembre de 2025 y septiembre de 2026, el número de personas atendidas aumentó en 105.602 y la suma de prestaciones y servicios creció en 191.223. Según el Observatorio, esta evolución no ha supuesto una mejora equivalente en la atención, ya que el crecimiento se concentra en parte en prestaciones y servicios de menor coste, como la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y la teleasistencia.
La asociación advierte de que siguen sin aumentar las intensidades y cuantías que considera necesarias para responder a las necesidades de las personas en situación de dependencia. El Servicio de Ayuda a Domicilio registra una media de 39 horas mensuales; la prestación económica para cuidados familiares, 260 euros al mes, y la prestación económica vinculada al servicio, 545 euros mensuales para una plaza residencial. El documento también señala que no se autoriza la compatibilidad entre prestaciones y servicios.
El informe relaciona esta situación con la financiación del sistema. Según la asociación, el Gobierno de España paralizó en 2024 el incremento de 600 millones de euros anuales que el Plan de Choque había impulsado entre 2021 y 2023. A su juicio, esta interrupción ha limitado el alcance de las prestaciones y los servicios, aunque el número de personas atendidas haya seguido creciendo.
La entidad sostiene que el incremento presupuestario de 1.756 millones de euros que el Gobierno está transfiriendo a las comunidades autónomas desde julio no había producido, a la fecha de cierre del informe, una mejora significativa en la reducción de las listas de espera. Por ello, plantea qué mecanismos habilitará la Administración General del Estado para garantizar que los recursos adicionales se traduzcan en mejoras efectivas para las personas dependientes.
Diferencias entre comunidades autónomas
Cataluña, Andalucía, la Comunidad Valenciana y Canarias concentran el 65% de las personas que permanecen en las listas de espera, con 67.319, 39.505, 33.350 y 14.638 personas, respectivamente.
En cuanto a la evolución durante los nueve primeros meses del año, Cantabria registra el mayor incremento porcentual de personas en lista de espera, con un 55,1%, seguida de Madrid, con un 34,6%, y Castilla-La Mancha, con un 27,5%. En el extremo contrario, Asturias reduce su lista de espera un 34,7%, Canarias un 33,5% y Navarra un 21,9%.
En cifras absolutas, la Comunidad Valenciana suma 4.503 personas más en lista de espera, Madrid 3.532 y Castilla-La Mancha 1.663. Cataluña, por su parte, registra una reducción de 14.682 personas y Canarias de 7.385.
El informe también analiza las diferencias en el porcentaje de personas que tienen reconocido el derecho a una prestación, pero siguen esperando recibirla. Canarias encabeza este indicador, con un 15,5%, seguida del País Vasco, con un 14,5%, Cataluña, con un 14,1%, y Murcia, con un 12,7%.
En el otro extremo se sitúan Galicia, con un 1,2%; Aragón, con un 1,5%; Castilla y León, con un 2,3%, y Navarra, con un 2,5%.
Por otra parte, el número de personas beneficiarias con prestación aumentó un 39,1% en Canarias y un 12,3% en Cantabria entre diciembre de 2025 y septiembre de 2026. Navarra fue la única comunidad autónoma en la que descendió, con una caída del 1,5%.
La espera para resolver los expedientes supera los diez meses
El tiempo medio transcurrido entre la solicitud y la resolución del expediente alcanzó los 314 días en España durante los nueve primeros meses de 2026. Esta cifra supone 27 días menos que al comienzo del año, pero continúa por encima del plazo máximo de 180 días establecido por la normativa.
Según el informe, solo seis comunidades autónomas y Ceuta registran tiempos medios inferiores a ese límite. Aragón presenta una media de 109 días; Castilla y León, 120; País Vasco y La Rioja, 130; Castilla-La Mancha, 166, y Cantabria, 169. Ceuta registra 75 días.
Baleares, con 188 días, y Canarias, con 214, se encuentran próximas al plazo máximo. En el extremo opuesto figuran Murcia, con 529 días; Asturias, con 413; Andalucía, con 402, y Madrid, con 327.
En la evolución de los tiempos de tramitación durante estos nueve meses, Asturias registra un aumento de 86 días. Por el contrario, Canarias reduce su media en 216 días, Andalucía en 94 y La Rioja en 44.
La Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales atribuye estos retrasos, entre otros factores, a los recortes de financiación acumulados y a la complejidad administrativa. El informe explica que la mayoría de las comunidades autónomas mantienen dos procedimientos consecutivos: uno para resolver el grado de dependencia y otro para determinar la prestación o el servicio que recibirá la persona. Andalucía, País Vasco, Madrid y Castilla y León figuran entre las excepciones que integran ambas decisiones en una sola resolución administrativa.
El procedimiento comprende la revisión de documentación e informes, la valoración de la persona, la resolución del grado, la elaboración del Programa Individual de Atención (PIA), los cálculos económicos para establecer copagos o descuentos y la resolución de la prestación o servicio. Cuando intervienen otras administraciones, como las locales, pueden añadirse nuevos trámites que prolongan la espera.
La financiación adicional no se refleja todavía en las listas de espera
El informe recuerda que el Plan de Choque para la dependencia contribuyó a reducir las listas de espera, aunque la asociación considera que no se alcanzaron los objetivos previstos tras paralizarse el incremento de la inversión en 2024 y 2025.
La evolución de las cifras muestra que, desde el máximo registrado en julio de 2015, cuando se incorporaron al sistema las personas con grado I, las listas de espera fueron disminuyendo progresivamente hasta finales de 2024. En aquel momento, la cifra de personas con derecho reconocido pendientes de recibir una prestación o servicio llegó a 442.000.
Durante los tres primeros trimestres de 2026, el número total de personas pendientes de algún procedimiento se redujo en 21.431, hasta situarse en 236.736. Sin embargo, la asociación considera que esta disminución no basta para garantizar una atención adecuada a todas las personas que tienen derecho a ella.
Al comparar los datos de los dos trimestres anteriores y posteriores a la aprobación del Real Decreto-ley 17/2026, de 23 de junio, de medidas extraordinarias para el fortalecimiento y consolidación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, el Observatorio señala que la nueva financiación no ha tenido un efecto significativo en la reducción de las listas de espera. Según el documento, el porcentaje de reducción se mantuvo en el 6% en ambos trimestres.
La asociación reclama también mayor transparencia sobre las revisiones pendientes, las solicitudes todavía no registradas, la atención a personas con grado III+ y los datos de financiación correspondientes a 2025.
El documento concluye que, aunque el sistema ha atendido a cuatro millones de personas en sus casi veinte años de funcionamiento, cerca de un millón han fallecido mientras esperaban. La entidad atribuye sus dificultades a la financiación insuficiente, las diferencias territoriales, la burocracia y las cuantías e intensidades de las prestaciones y los servicios.
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